Redacción / La Voz de Michoacán Ciudad de México. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó ocho nuevas denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) de las cuentas públicas 2016, 2017 y 2018, en contra de la Policía Federal, las secretarías de Comunicaciones y Transportes (SCT), por el caso del Paso Exprés, y la de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), en conjunto con la Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa. También presentó otras denuncias contra Diconsa y el Colegio Mexicano de Especialistas en Recursos Naturales, A.C. (COLMERN). En estos casos, el auditor superior David Colmenares fue quien las anunció durante la entrega del primero y segundo informe de resultados de auditorías de la Cuenta Pública 2019; las cuales fueron presentadas el 30 de octubre de 2020, con lo que suman mil 35 denuncias presentadas ante la FGR desde el año 2000. En el caso de la construcción del Paso Exprés, la auditoría por la cual la ASF presentó la denuncia ante el Ministerio Público federal señaló que existía un probable desfalco de al menos 34.9 millones de pesos por el socavón que se abrió en 2017. En el caso de la Policía Federal, se presume un desfalco de más de mil 500 millones de pesos por el pago de servicios de apoyo a la vigilancia y adquisición de equipo de seguridad, entre otros rubros. En tanto, la denuncia contra la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), en conjunto con la Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa, surgió de la auditoría forense, que identificó un probable desfalco por 116.8 millones de pesos por trabajos de los que no hay evidencia que hayan sido realizados. Paso Exprés, hoyo financiero De los 34.9 millones de pesos de probable desfalco en SCT, la mayor parte (24.9 millones) corresponde a un pago de emergencia para atender el socavón que se abrió en el llamado Paso Exprés, el 12 de julio de 2017. Ese pago de emergencia se tuvo que hacer debido a que “los servidores públicos de la SCT responsables de la ejecución, supervisión y puesta en operación del proyecto del Paso Express, aun cuando tuvieron conocimiento de las fallas que se presentaban en el km 93+857 y del riesgo que representaba la falta de reparación de la alcantarilla, acordaron dejar dicha obra en las condiciones en las que se encontraba”. Estos servidores públicos decidieron no atender las advertencias, solicitudes y recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal del Agua, los colonos de Chipitlán, la Dirección General de Protección Civil de Cuernavaca, e incluso de la contratista encargada de los trabajos de construcción del Paso Express. Así, se “generó la ejecución de trabajos de emergencia por 24 millones 960 mil 43.16 pesos para dar solución al socavón ocurrido el 12 de julio de 2017”, según el dictamen de la ASF. Más de mil 500 mdp de desfalco en Policía Federal En el caso de la Policía Federal, de los más de mil 500 millones de pesos considerados, se encontró un probable daño patrimonial, la mayor parte, que suma 801 millones 877 mil 20 pesos, corresponde a recursos que no se acreditaron como pago por los servicios pactados con el Cuerpo de Vigilancia Auxiliar y Urbana del Estado de México. “No se cuenta con evidencia de los elementos que participaron en dichos servicios ante la falta de las bitácoras o reportes de supervisión correspondientes; tampoco se presentó el programa de trabajo que debía contener las actividades para la realización de los servicios citados, ni se acreditó que se cumpliera con las características de los equipos a utilizar, tales como unidades móviles, equipo de seguridad 'AA', equipo técnico y equipo de radiocomunicación móvil, entre otros”, reza el informe. En tanto, otros 499 millones de pesos probablemente se perdieron por el pago realizado al proveedor Comercializadora Dizoal, S.A. de C.V. con motivo del contrato celebrado para adquirir un sistema denominado Solución Integral de Inteligencia de Monitoreo de Redes Sociales y de Localización Inteligente. “Con base en el análisis de estados de cuenta bancarios, no se identificó pago alguno que el referido proveedor debió haber realizado a la empresa extranjera denominada CYBERGLOVES LTD con la que suscribió un Contrato de Comisión y Mandato Mercantil y otorgó las licencias para su utilización; además, el citado proveedor transfirió el 100 por ciento de los recursos obtenidos de la Policía Federal a empresas distintas de la citada empresa extranjera”, dice la ASF. De la verificación técnica realizada, se determinó que los aplicativos del sistema adquirido no refieren a ningún licenciamiento otorgado por fabricante alguno y no se efectuó un estudio de mercado ni se realizó acción alguna que permitiera justificar que el precio ofertado por el proveedor garantizara las mejores condiciones para el Estado. Además, el valor de la infraestructura tecnológica, software comercial y accesorios que conforman el sistema adquirido, se determinó en 20 millones de pesos, de acuerdo con las investigaciones del costo en el mercado realizadas por el personal auditor. Estudios “pirata” De los 116.8 millones de pesos de presunto desfalco cometido por la Sedatu junto con la Universidad Intercultural de Sinaloa, la mayor parte (106.8 millones de pesos) corresponden a un trabajo simulado, al estilo del esquema denominado la 'Estafa Maestra'. La Sedatu contrató a la Universidad para que realizara un diagnóstico titulado “Desarrollo y Aplicación de Modelos y Métodos de las Acciones para la Equidad de Género para el Empoderamiento de la Mujer, en Cumplimiento de sus Fines Institucionales”. No obstante, la ASF encontró que “los entregables objeto del convenio fueron presumiblemente elaborados utilizando la información contenida en trabajo similar efectuado por Sedesol con anterioridad a la fecha de celebración del convenio, con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo, al amparo de la Coordinación Técnica núm. ME-T1259 formalizada el 28 de marzo de 2014, liderada por la Sedesol donde se observó que también participó la servidora pública que suscribió el citado convenio específico”, dice el documento de la ASF. Además, el entregable relativo al “Diagnóstico de las necesidades de las mujeres y análisis de oferta de servicios para el empoderamiento de las mujeres en Tlapa de Comonfort, Guerrero, y municipios aledaños”, ya había sido contratado con anterioridad por la Sedatu con el Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco (ITSC), suscrito en el ejercicio 2015; con respecto al “Manual del Sistema de Gestión y Operación de los Servicios del Centro Ciudad de las Mujeres en Tlapa de Comonfort, MAP-Módulo de Atención Primaria, en el Estado de Guerrero, México”, y su elaboración fue contratada simultáneamente con la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero (UPFIM). Además, dice la ASF, “se presume que ni la UAIS, ni las empresas contratadas por ésta, realizaron la prestación de los servicios objeto del convenio, toda vez que las empresas a quienes la Universidad transfirió el cien por ciento de los recursos federales pagados por la Sedatu no presentaron la información o documentación que compruebe y justifique los servicios contratados, además de que no fueron localizadas en su domicilio fiscal o no atendieron el requerimiento de información formulado por esta entidad de fiscalización superior de la Federación”.
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