EFE / La Voz de Michoacán Ciudad de México. Amnistía Internacional (AI) instó este jueves al Gobierno mexicano a actuar de manera contundente y transparente en relación al programa de espionaje Pegasus que intervino 15.000 teléfonos en el país, entre los que se encuentran defensores de derechos humanos y periodistas. "Hacemos un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador para que publique los contratos pasados o vigentes con el grupo NSO (firma que desarrolló el software). Queremos saber qué dependencias firmaron los contratos, a quiénes se estuvo vigilando y quiénes tomaron las decisiones", dijo en conferencia de prensa virtual Edith Olivares, directora ejecutiva de AI México. El pasado 18 de julio una investigación de medios internacionales destapó que varios países intervinieron 50 mil teléfonos con el programa Pegasus, de los que 15 mil casos fueron en México durante el Gobierno de Peña Nieto, la cifra más alta. La investigación reveló que fueron intervenidas las comunicaciones de activistas y periodistas; del entonces líder opositor y actual presidente, López Obrador, sus colaboradores y su cardiólogo; así como familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. REACCIÓN INSUFICIENTE Para Olivares y el resto de participantes de la conferencia, la reacción de las autoridades federales, que ni siquiera se pusieron en contacto con las personas que están en la lista de posibles blancos del software, no ha sido lo suficientemente contundente. "Hay un reto importante para el Gobierno: no se ha terminado el asunto, nos interesa saber dónde está nuestra información, quién la tiene y saber que la van a destruir. Es un momento importante para que se reivindique la labor de los defensores", consideró Yéssica Sánchez Maya, defensora de derechos humanos directiva de Consorcio Oaxaca. Por esto, AI explicó la necesidad de crear un marco legal que regule la utilización de tecnología para el espionaje en México y que garantice la rendición de cuentas, en un contexto extremadamente violento para defensores y periodistas en el que no se ha garantizado que este instrumento u otras aplicaciones no se sigan utilizando. "Hacemos un llamado al Congreso de la Unión para que legisle que la vigilancia digital en México se realice de manera acorde a los derechos humanos", expresó Olivares. CULTURA DE ESPIONAJE Por su parte, Abel Barrera, Director y fundador del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, quien también está en la lista, aseguró que Pegasus es solo un ejemplo ilustrativo de la cultura del espionaje en México. Hay todo un aparato de espionaje que no se circunscribe solamente a un software. Las instituciones se especializaron en vigilar y en atentar contra periodistas y defensores. Desmontar esto de la noche a la mañana lo veo complicado", insistió. Además, el activista sostuvo que "la vigilancia y el espionaje se mantienen", algo que sienten porque todavía hay silencio. "Se necesitan acciones más contundentes", aseveró. Hasta el momento, el Gobierno ha dado información sobre el dinero que se invirtió en contratos con Pegasus, pero AI insistió en que, más allá del dinero, hay que centrar la narrativa en que hubo y sigue habiendo una violación abierta a los derechos humanos no solo a periodistas y activistas, sino también a la sociedad mexicana en su conjunto. CONTRATO DE 32 MILLONES El pasado 20 de julio, la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que hubo espionaje con Pegasus en México e inició una investigación, y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) reveló que los Gobiernos anteriores, desde el de Felipe Calderón (2006-2012), pagaron un contrato de 32 millones de dólares a la empresa israelí del programa, NSO. El pasado miércoles, el Gobierno denunció que hubo 31 contratos relacionados con la empresa israelí NSO Group desde 2011 a 2018 por un monto de mil 970 millones de pesos (61 millones de dólares). Aunque López Obrador y su familia fueron víctimas de espionaje, el mandatario ha rechazado investigar a sus predecesores, y en su lugar ha pedido que los ciudadanos participen en la consulta del 1 de agosto que pregunta si los electores desean que se investigue a los expresidentes que han gobernado México entre 1988 y 2018.
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