El Universal/La Voz de Michoacán Ciudad de México. Este lunes, la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, comparecerá nuevamente ante un juez de control en el Reclusorio Sur para escuchar si se le vinculará a proceso por ejercicio indebido del servicio público. Durante la diligencia, que se programó para las 18:00 horas, la defensa de Robles podrá exponer los datos de prueba que durante el fin de semana preparó y exhibió ante la Fiscalía General de la República (FGR) que acusa a la ex funcionaria de omitir informar o evitar los desvíos cometidos durante su administración en Sedesol y Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) de 5 mil 73 millones 358 mil 846 pesos. Posteriormente, el juez deberá definir si vinculará a proceso a Rosario Robles y si le impondrá alguna medida cautelar, que puede ser desde la exhibición de una garantía económica, la entrega de su pasaporte, acudir a firmar al centro de justicia o hasta prisión preventiva justificada. Esto, debido a que el delito por el que la FGR acusa a la ex funcionaria no es grave y no merece prisión preventiva de oficio. Además, el juzgador deberá definir cuánto tiempo concederá a la FGR para realizar su investigación complementaria. Durante la primera parte de la audiencia inicial, que se realizó el pasado 8 de agosto, la FGR afirmó que Rosario Robles sabía desde junio de 2014, cuando encabezaba Sedesol, y hasta su salida de Sedatu en el año 2018, que en ambas dependencias sus colaboradores suscribían convenios de manera irregular con entes como universidades estatales, televisoras locales, oficinas de comunicación social e institutos tecnológicos al interior de la República. A través de 27 instrumentos jurídicos de este tipo, las dos secretarías supuestamente pagaron millonarias cantidades a los contratados por servicios que ni se requerían ni se realizaron, afirmaron los fiscales. EL UNIVERSAL informó que de todos esos contratos sólo uno fue firmado por Rosario Robles cuando era titular de Sedesol. Dicho contrato fue firmado con la Universidad Autónoma de Chiapas y causó un daño por más de 60 millones de pesos.
La Voz de Michoacán
