Ciudad de México.- Huellas dactilares e identificación biométrica serán compartidos por el Instituto Nacional Electoral (INE) a la Procuraduría General de la República (PGR) para mejorar los procesos de identificación de cadáveres. Con la firma del Convenio que Establece los Mecanismos para Compartir Información de las Bases de Datos del Instituto Nacional Electoral, el INE, la PGR y el Consejo Nacional de Tribunales Superiores de Justicia (CONATRIB) garantizarán la plena identificación de los restos humanos sin violar las garantías de confidencialidad. Édgar Elías Azar, Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México y Presidente de la CONATRIB reconoció que la Red Nacional de Bases de Datos Genético-Forenses que administra la Coordinación General de Servicio Periciales desde 2008 no ha sido suficiente para resolver el problema de cadáveres y restos mortales no identificados en el País. "El problema en sí mismo es enorme refleja además un instrumento de mayor envergadura y alcance que demanda de todas las autoridades y a todos nos demanda coordinación, construcción ordenada y conjunta de una base de datos sólida, completa y que permita identificar a las personas desaparecidas y sus restos mortales", dijo Elías Azar. Al respecto, la procuradora Arely Gómez, aseguró que este instrumento incrementará de forma notable la posibilidad de identificar a los cuerpos encontrados. "La finalidad es contar con un sistema de gestión de información consolidado, que permita compartir datos de personas reportadas como desaparecidas o halladas sin vida y sin identificar. Desde el inicio de este proyecto, recibimos de la Cruz Roja Internacional auxilio en el buen uso y actualización del sistema", comentó la titular de la PGR. Lorenzo Córdova, presidente del Consejo General del INE se comprometió a preservar la confidencialidad de la información personal. En la firma del convenio estuvieron presentes consejeros del INE, presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia, así como procuradores y fiscales de México.