Ciudad de México.- En el Senado de la República dieron inicio a las comparecencias de los candidatos que buscan conformar la Comisión de Selección encargada de designar al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción. Comparecieron ante las comisiones unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana y de Justicia 15 aspirantes, propuestos por instituciones educativas y organizaciones civiles en materia de trasparencia. Se espera que este miércoles a las 10:00 horas continúen las presentaciones de otros 13 candidatos. El presidente de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana, Héctor Yunes Landa, indicó que de acuerdo con la ley, este proceso debe concluir antes del 17 de octubre, por lo que se estima que el próximo jueves se esté en condiciones de llevar a cabo la votación en el pleno para designar a las nueve personas que integrarán dicho órgano. El legislador priista dejó en claro que la Junta de Coordinación Política es el órgano al que le corresponde determinar quiénes serán las nueve personas que integrarán la Comisión de Selección. En tanto, los senadores María del Rocío Pineda Gochi, del Partido Revolucionario Institucional (PRI); Ernesto Ruffo Appel, Marcela Torres Peimbert, Laura Angélica Rojas Hernández y Pilar Ortega Martínez, de Acción Nacional (PAN), hicieron preguntas a los aspirantes. También lo hicieron como Angélica de la Peña Gómez, Armando Ríos Piter, Benjamín Robles Montoya y Luis Humberto Fernández Fuentes, del Partido de la Revolución Democrática (PRD); además de David Monreal Ávila, del Trabajo (PT), y Martha Tagle Martínez. Los legisladores realizaron preguntas respecto a temas como los perfiles de las personas que integren el Comité de Participación Ciudadana, los retos a los que se enfrentará el sistema, su funcionamiento, las expectativas de la sociedad sobre el combate a la corrupción, entre otros. María Marván Laborde se pronunció a favor de que los integrantes del comité ciudadano presenten su declaración de intereses, para asegurar que en momentos conflictivos, tensos, y preocupantes puedan hacer su trabajo de manera correcta, además que garantizará la independencia del organismo. Arturo González de Aragón Ortiz comentó que México se convirtió en la “República de la impunidad”, por lo que se necesitan compromisos serios que ayuden a superar este mal. Para aspirar a cumplir cualquier iniciativa anticorrupción, dijo, se requiere adoptar tolerancia cero y sancionar todos los delitos en esta materia, vigilar a los sancionadores e imponer un control preventivo, disminuir la discrecionalidad, entre otras medidas. Antonio Carlos Gómez Espiñeira señaló que los aspirantes al Comité Ciudadano deben ser gentes de probidad, prestigio, con experiencia y vocación, compromiso con el país y ciudadanos que no hayan participado en algún partido político o que hubieran sido servidores públicos. Para Armando Hernández Cruz, el Sistema Nacional Anticorrupción no sólo es un entramado de normas, sino también una oportunidad para restablecer los valores y principios que permitan recomponer el tejido social en el país. Alejandro Enrique Ríos Ripa reconoció que el sector empresarial forma parte del problema de la corrupción, pues por un lado es una pieza que corrompe, pero también es afectado por el dinero que se pierde en inversión debido a este delito, por lo que consideró una responsabilidad de los empresarios hacer frente a este flagelo. María Rebeca Félix destacó que lo trascendental del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción es que establece la participación ciudadana y una estructura en la cual se verá una interrelación entre autoridades federales y locales, con lo cual el Estado ya no será juez y parte. A su vez, Viridiana Ríos Contreras opinó que las personas que conformen el Comité Ciudadano deberán tener autoridad moral y habilidad política, conocimiento técnico y sustantivo. Asimismo, se deberá formar un grupo de individuos que impulsen una relación directa con la sociedad civil y la academia, pues no hay sistema anticorrupción en el mundo que funcione sin tener a su lado a estos dos sectores. De la organización Artículo 19, Ana Cristina Ruelas Serna aseguró que en la actualidad no hay un Estado que rinda cuentas ni que sea capaz de hablar con sus ciudadanos, por lo que es indispensable propiciar una verdadera apertura dentro de las instituciones, con lo que se promovería su eficiencia y una mejor calidad de vida para los mexicanos. Yarene Itzel Marín Jimeno manifestó que se debe combatir la corrupción desde su percepción cultural, mediante la educación y la promoción de los valores y de ética, ya que este problema cuesta a México nueve por ciento de su Producto Interno Bruto. Juan Ernesto Pardinas Carpizo dijo que no se puede suponer que por contar con buenas leyes simplemente se cambiará la realidad del país, pues para ello se necesitan buenos liderazgos que las hagan cumplir. En este sentido, advirtió que si no se encuentran los perfiles adecuados para el Sistema se perdería la oportunidad histórica para enfrentar la crisis de corrupción e impunidad por la que atraviesa México. A su vez, Sergio López Ayllón consideró que urgen acciones claras, contundentes y de largo aliento que ayuden a ganar terreno a la desconfianza que existe hacia las instituciones. El combate a la corrupción debe integrar un conjunto de elementos que articulen una acción concertada, pues no existe la bala de plata o la solución mágica que permita erradicar de un día para otro este cáncer social. Sergio Francisco Arzate expresó que los integrantes de la Comisión de Selección deberán llevar a cabo un análisis y escrutinio de la experiencia y de la ética de cada candidato, pues no se puede perder tiempo ni experimentar porque la sociedad exige resultados ya. Haydeé Pérez Garrido consideró que la sociedad está sumida en un hartazgo, frustración y enojo por la corrupción y la impunidad, por lo que tiene grandes expectativas del Sistema, por lo que es importante ajustar las expectativas ciudadanas y saber comunicar cuáles son las posibilidades y las limitaciones de este nuevo mecanismo. Tonatiuh Guillén López mencionó que no se podrá modernizar el Estado ni podrá haber una gestión pública eficiente y eficaz, si no se aplica cabalmente lo que está plasmado en el marco normativo del Sistema Nacional Anticorrupción. Por último, Silvia Elena Giorgulli Saucedo destacó el rol de la academia en la lucha contra la corrupción, la cual tiene un compromiso en la construcción de puentes y de confianza, así como de responsabilidad social. “Hay que mantener esa vinculación y compromiso, pues este tema requiere de la conjunción de actores de diferentes áreas”, indicó.
La Voz de Michoacán
