Redacción / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. La “verdad histórica” sostenida por el gobierno federal en la administración de Enrique Peña Nieto en torno al caso Ayotzinapa sufre otro deslave, ya que se ha dado a conocer que el laboratorio de genética de la Universidad de Innsbruck, Austria, confirmó que los restos enviados para análisis son de uno de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero: Jhosivani Guerrero de la Cruz. Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los normalistas, confirmó que una de las vértebras halladas en Cocula, en la llamada Barranca de la Carnicería, se analizó y finalmente el laboratorio confirmó que se trata de uno de los restos de Jhosivani. Los restos de Jhosivani fueron encontrados en una búsqueda que se realizó entre noviembre de 2019 y que, a la fecha, continúa, dijo Vidulfo Rosales, después de una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Desde 2014, las autoridades han identificado los restos de dos estudiantes más: Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre y Alexander Mora Venancio. Jhosivani tenía 20 años cuando junto con 42 compañeros más fue raptado por la policía de Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014. Ese ataque –en el que también participaron policías de Cocula, una localidad cercana– ocurrió sólo un mes después de que comenzara a estudiar en la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, a la que se había inscrito alentado por sus hermanos mayores, todos campesinos, como sus padres. Al ingresar a la Normal, dijo la hermana de Jhosivani a Animal Político, él no sólo buscaba superarse personalmente, sino que buscaba “ayudar a la comunidad, porque a Omeapa (de donde él era) mandan maestros que son de lejos, profesores que no le ponen suficiente interés a la niñez para que pueda tener un conocimiento más amplio”. Por eso Jhosivani no sólo quería tener una licenciatura. Él quería ser maestro, y quería ser maestro de su pueblo. Cabe recordar que el 18 de febrero de este año, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos humanos de Gobernación, dio a conocer que el gobierno de México envió 16 restos (hallados en las investigaciones del caso Ayotzinapa) a la Universidad de Innsbruck para su identificación. En un videomensaje, Omar Gómez Trejo, titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa, explicó que de esos 16 restos óseos solo a 6 se les pudo practicar análisis de ADN; de ellos dos arrojaron identificaciones positivas. El primero fue un hueso del talón de Aquiles de Christian Alfonso Rodríguez Telumbre y la segunda fue la de Jhosivani, que se logró gracias a un examen de ADN nuclear en una vértebra lumbar. Gómez Trejo destacó que este fragmento óseo no presentaba exposición al fuego, sólo tenía erosión por la exposición a los elementos. Agregó que este estudio tiene una certeza de 99 por ciento y tuvo concordancia con sus padres y hermanos. La "verdad histórica" El próximo 26 de septiembre se cumplirán 7 años de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos se dirigían en autobuses a la Ciudad de México para participar en actos conmemorativos por los sucesos de Tlatelolco en 1968, cuando fueron desaparecidos. La considerada “verdad histórica” por la administración de Enrique Peña Nieto indicaba que el 26 de septiembre, policías locales de Iguala capturaron a los estudiantes en esa localidad de Guerrero y los entregaron a miembros del crimen organizado que los incineraron en un basurero de un municipio vecino, Cocula, y luego tiraron sus restos a un río cercano. “Ésta es la verdad histórica de los hechos, basada en las pruebas aportadas por la ciencia, como se muestra en el expediente, y que ha permitido ejercitar acción penal en contra de los 99 involucrados, que han sido detenidos hasta hoy”, declaró el entonces procurador, Jesús Murillo Karam, hace 6 años. Junto al director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio, contra quien hoy existe una orden de aprehensión por su presunta responsabilidad en los delitos de alteración y ocultamiento de pruebas en la investigación de los normalistas, Murillo Karam dio a conocer las conclusiones de las pesquisas que la PGR realizó para encontrar a los estudiantes desaparecidos. Aseguró que las pruebas eran contundentes y no dejaban lugar a duda que el expresidente municipal de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, y Sidronio Casarrubias Salgado, eran los líderes de la organización criminal Guerreros Unidos y ordenaron a los policías de su localidad y Cocula entregar a los estudiantes a un grupo de sicarios para matarlos. “Quien quiera dudar de esto yo les pediría que en lugar de ser coadyuvantes del Ministerio Público fueran coadyuvantes en la defensa; nosotros vamos a hacer todo lo posible porque sean consignados (los responsables) y castigarlos (por secuestro agravado y desaparición forzada) con toda la fuerza del Estado, repito, para que sea un caso ejemplar”, expresó. El procurador aseveró que no existían pruebas contra el Ejército u otro cuerpo de seguridad federal de participar en los sucesos del 26 y 27 de septiembre en Iguala. “No hay una sola evidencia de que haya intervenido el Ejército, ni una sola; las mismas declaraciones iniciales de los que hoy dicen que el Ejército fue (responsable de la matanza) lo acusaban (al principio) de omisión (por no intervenir), las mismitas (personas). No hay una sola, una sola evidencia de la participación del Ejército, ni siquiera había un grupo razonable de soldados en el lugar”, advirtió. Pero la versión, conocida como “verdad histórica”, ha sido cuestionada y confrontada por los familiares de los jóvenes, así como por organismos nacionales e internacionales. En 2019, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, informó que tras el análisis de millones de datos de telefonía celular, una de las primeras conclusiones es que ninguno de los estudiantes de Ayotzinapa tuvo contacto con algún grupo delictivo. Afirmó que “en el caso de Ayotzinapa la única verdad clara es que hasta ahora no hay ninguna verdad”, y sostuvo que actualmente el caso está clasificado como una desaparición forzada cometida por agentes del Estado mexicano. El fin de la “verdad histórica” Hace un año, el titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Hertz Manero, fue tajante: “se acabó la verdad histórica del caso Ayotzinapa, porque todos los elementos en los que estaba sustentada se han ido cayendo a través de los procedimientos que se iniciaron y han puesto en libertad a las personas que participaron, según las anteriores administraciones. En entrevista con La Jornada, en julio de 2020 afirmó que ya se había hecho una nueva reconstrucción de lo sucedido en septiembre de 2014 y se cuenta con nuevos elementos sobre lo que sucedió con los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, dónde los escondieron, quiénes los torturaron y lo que siguió con ellos. Ahora, una vez caída la “verdad histórica”, dijo, “lo que buscamos es recuperar la credibilidad en las investigaciones y conocer el destino los jóvenes, porque ese es el fondo y lo que realmente le interesa a toda la población y a los padres de las víctimas. Todos los elementos con los que se había actuado han sido descalificados. Por ejemplo, (Tomás) Zerón está con orden de aprehensión. Imagínense, cómo se puede afirmar que hay una verdad jurídica válida si todos los participantes y el organizador de la indagatoria están en fuga o con orden de captura y con Interpol siguiéndolos”.
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