Con recurso legal, policías de Tamaulipas implicados en muerte de 19 personas buscan no ser vinculados a proceso

De los 4 cuerpos que se han identificado, 2 eran oriundos de Guatemala y querían llegar a Estados Unidos, mientras que los otros dos eran mexicanos con antecedentes de ser traficantes de personas

Redacción / La Voz de Michoacán

Ciudad Victoria, Tamaulipas. La defensa de los 12 policías de Tamaulipas que son acusados por la muerte de 19 personas en el municipio de Camargo, solicitó al Juez de Control la duplicidad del término para la posible oferta y desahogo de pruebas.

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La determinación trae consigo que se aplace hasta el próximo lunes la decisión de vincularlos o no a proceso.

Los agentes de la Policía Estatal enfrentan los cargos de los delitos de homicidio calificado, abuso de autoridad en el desempeño de funciones administrativas y falsedad de informes dados ante una autoridad.

Desde el miércoles a las 13:00 horas se inició la audiencia en el edifico del sistema acusatorio de Ciudad Victoria, donde un juez a través de videoconferencia conoció el caso de los policías.

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Al principio los agentes fueron representados por un defensor que otorga la ley, pero una hora más tarde lo tomó un particular. Las diligencias se extendieron hasta las 22:00 horas.

Dentro de ellas el abogado defensor solicitó al juez la duplicidad del término a 144 horas.

Por tratarse de una audiencia a puerta cerrada se desconoce si la defensa aportará pruebas durante este tiempo, ya sea con declaraciones, testigos o datos que le hayan hecho llegar.

Cerca de las 22:30 horas los oficiales fueron ingresados al Centro de Ejecución de Sanciones de Ciudad Victoria.

Ocho de los 12 policías pertenecen al grupo elite conocido como GOPES y a todos se les acusa de la muerte de 19 personas, entre ellas migrantes, quienes fueron baleadas y quemadas en una camioneta Chevrolet Silverado.

Los cuerpos fueron localizados el 22 de enero en una brecha del rancho Santa Anita, perteneciente la ciudad de Camargo y vecina de los municipios de Doctor Coss y General Bravo de Nuevo León.

A los policías se les implica debido a los análisis de sus llamadas telefónicas y la geolocalización cuando ocurrieron los hechos.

Al ser ubicados los cuerpos a cuatro de ellos se les hizo la prueba de ADN logrando identificar a dos de ellos como oriundos de Guatemala y quienes querían llegar a los Estados Unidos, mientras que los otros dos eran mexicanos con antecedentes de ser traficantes de personas.