Redacción / La Voz de Michoacán Ciudad de México. Si la Fiscalía General de la República (FGR) acude a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para impugnar el Protocolo Homologado de Búsqueda (PHB), recién aprobado, se topará con la Constitución, que garantiza el derecho de cualquier persona a ser buscada. Así lo aseguró, en conferencia de prensa virtual, la integrante del Consejo Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, Grace Fernández, presente en la aprobación del PHB el jueves en la Secretaría de Gobernación (Segob), quien también hizo un llamado a la FGR y fiscalías locales a apoyar la búsqueda de personas. La activista reveló que, durante la reunión a puerta cerrada del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, donde se aprobó el PHB, tanto la FGR como la Conferencia Nacional de Procuradores se abstuvieron de votar, arguyendo que atenta contra el artículo 21 de su normatividad. Calificó de preocupante la postura de las fiscalías y adelantó que si inician algún proceso legal para ampararse para dar reversa al PHB se encontrarán con el artículo 1 de la Constitución. Además, indicó que la aprobación de este Protocolo significó "un esfuerzo extraordinario; a las fiscalías no se les pida que hagan algo fuera de la ley. Su interpretación es que el Protocolo les ordena y cambia atribuciones". Precisó que "el protocolo no les cambia facultades, les está asignando acciones y diligencias de búsqueda que están en sus facultades. Eso parte del acompañamiento, vinculación y trabajo conjunto que debe haber entre Comisiones de Búsqueda y fiscalías". La rueda de prensa se llevó a cabo previo al Día Internacional del Detenido Desaparecido que se recuerda este domingo. Asimismo, urgió al Senado a reconocer la competencia del Comité contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas y en consecuencia que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) los invite a nuestro país. "Ya hay órdenes presidenciales para ello, pero se están retardando en el cumplimiento, lo que es preocupante, tomando en cuenta que todos los días hay desapariciones en México", agregó. Recordó que "hace un mes, cifras oficiales hablaban de más de 73 mil desaparecidos y hoy también con cifras oficiales se habla de 75 mil 086 personas desaparecidas". Pese a esa cifra, sólo hay 40 sentencias por desaparición de personas en el país. Dijo que el gobierno mexicano debe reconocer las sentencias sobre desaparecidos que ha enviado el Comité de Derechos Humanos de la ONU y más de 300 acciones urgentes "que no se han atendido". La también representante del Movimiento por los Desaparecidos en México, que agrupa a colectivos por los desaparecidos de 22 estados de la República, reiteró que urge una mayor voluntad política para dar respuesta a los que buscan a un ser querido. Por parte de la Fundación Mónica Alejandrina, de la Ciudad de México, Martín Villalobos Valencia comentó que el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense, aprobado el 5 de diciembre, podría estar en funciones antes de que concluya el año. Su tarea es la de identificar más de 37 mil cuerpos que se encuentran en los diferentes forenses del país. En estos días estaría por salir la convocatoria para constituir el Grupo Coordinador del Mecanismo. Se busca que esté integrado "por especialistas de más alto valor moral y reconocimiento a nivel internacional y nacional". "Hay rezago histórico en las fiscalías a nivel nacional para identificar a restos en morgues y fosas comunes, por lo que es necesario que el gobierno federal garantice recursos para equipos operativos y recursos materiales", indicó. Se hizo un llamado a las fiscalías locales, "que tienen en resguardo estos cuerpos, para que hagan un trabajo conjunto con el mecanismo para la identificación". En la misma rueda de prensa, los participantes criticaron "la opacidad con que han actuado las comisiones de derechos humanos", que en muchos casos han tenido oídos sordos frente a familiares de víctimas.
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