La Policía no podrá retener a niños y niñas menores de 12 años

El Universal / La Voz de Michoacán

México. La Comisión Nacional de Derechos Humanos celebró esta mañana que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió la acción de inconstitucionalidad 8/2015, con lo cual declaró inválidas diversas disposiciones del Código de Justicia Especializada para Adolescentes del Estado de Michoacán.

Dichas disposiciones permitían que la policía retuviera a niños y niñas para posteriormente ser entregados al Ministerio Público, lo cual, alegó la CNDH, era contrario a lo marcado por la Constitución al señalar que los menores de 12 años no pueden ser responsables penalmente.

De igual forma, la Suprema Corte determinó que resultaban inconstitucionales los artículos que establecían que la finalidad del internamiento adolescente en cárceles tenía como objetivo la privación de la libertad, ya que el Máximo Tribunal argumentó que la prisión debe servir para la reinserción a la sociedad.

Estas resoluciones fueron dictadas por la SCJN los días 4,7,11 y 12 de marzo del año en curso, aunque la CNDH apenas emitió un comunicado de prensa en el que mostró su satisfacción:
"La Comisión Nacional de Derechos Humanos se congratula con las determinaciones adoptadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que contribuyen a generar un marco legal congruente con el texto constitucional y los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano, en pleno respeto de los derechos fundamentales".

Celebra decisiones en Querétaro

Asimismo, el organismo protector de derechos humanos aplaudió que la SCJN también resolvió la acción de inconstitucionalidad 101/2015 y sus acumuladas 102/2015 y 105/2015, con las cuales se decidió que el presidente de la Defensoría de Derechos Humanos del Estado de Querétaro puede remover al Secretario Ejecutivo de ese organismo local.

Además de que se confirmó que las instituciones que no acepten las recomendaciones de la CNDH deben comparecer en el Pleno de la Legislatura del Estado de Querétaro y no ante la Comisión de Derechos Humanos y Acceso a la Información Pública del Poder Legislativo local.