Redacción / La Voz de Michoacám Ciudad de México. Del 1 enero al 22 de abril México ha enfrentado 4 mil 129 incendios forestales en 30 estados, que han consumido 159 mil 674 hectáreas, por lo que 2021 se ubica como el segundo peor año desde 2012, en el mismo periodo, según cifras del Reporte Semanal de la Comisión Nacional Forestal (Conafor); paradójicamente, el presupuesto asignado a la dependencia se ha reducido en 43 por ciento desde ese año, denunciaron organizaciones. Los estados con mayor superficie afectada son Nuevo León, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Chihuahua, Estado de México, Durango, Michoacán, Puebla y Coahuila, que representan el 74 por ciento del total nacional. “Este problema, que se ha agravado en los últimos años debido al cambio climático global y se agudiza aún más en México debido al desmantelamiento de las instituciones ambientales encargadas de diseñar, implementar, coordinar y evaluar las acciones mitigación y adaptación al cambio climático, así como los temas forestales”, señalaron el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Greenpeace, Iniciativa climática de México, ProNatura Veracruz AC, el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, Reforestamos y el Grupo Ecológico Sierra Gorda. Las ONG denunciaron que el combate a estos siniestros ha sido deficiente por la falta de previsiones en los tres órdenes de gobierno, y urgieron una política pública de manejo del fuego que considere las nuevas condiciones climáticas y la enorme riqueza biológica y cultural de México. “Demandamos al gobierno federal contar con una estrategia de prevención y de manejo integral del fuego, en la que se involucre y generen capacidades en las comunidades forestales y empresas sociales; asimismo, exigimos respetuosamente que, a nivel federal, estatal y municipal, las autoridades responsables asignen los recursos presupuestales, el personal y material suficiente, para poder atender de manera integral, sistemática y preventiva el manejo del fuego en el país, así como para que se inicien de inmediato obras de remediación y apoyo a las comunidades afectadas”. Destacaron que el presupuesto con el que operan actualmente la Semarnat, Conafor y Protección Civil, y sus acciones en el combate a incendios, son claramente insuficientes para atender desastres como los que han ocurrido en los estados de Coahuila, Nuevo León, Estado de México en Valle de Bravo y Ciudad de México en el Bosque de Tlalpan. Además, grandes superficies en áreas naturales protegidas siguen careciendo de acciones indispensables para prevenir incendios y no existe articulación entre las políticas agropecuarias con el manejo del fuego. Esto, aunado a la omisión de autoridades municipales y estatales de todos los orígenes partidistas, por la falta de previsiones para esta temporada de secas. Lamentaron que desde 2019 que se canceló el Programa de Empleo Temporal (PET), por o que ha sido más complicado financiar brigadas para la realización de trabajos preventivos y atención a incendios, a eso se suma la eliminación del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), desde el cual se financiaba el combate a los incendios forestales. “Es claro que hoy en día, no se cuenta con la capacidad ni con los recursos institucionales suficientes para atender la cantidad de incendios que en este momento están ocurriendo en el país, tampoco para identificar los polígonos de los terrenos incendiados y subirlos a las bases de datos de Semarnat, para que realmente no se autoricen cambios de uso de suelo. En síntesis, la política de manejo del fuego ha sido prácticamente olvidada”. Lo anterior, debido en buena medida a la falta de recursos y a que no existe una política de adaptación a las nuevas condiciones climatológicas del país. “Los últimos 7 años han sido los más calientes de la historia registrada, hay mayores sequías-cerca del 80% del territorio nacional tiene algún grado de sequía, así como un número creciente de incendios, 13% del territorio nacional está en condición de muy alto riesgo y 26% en alto”. Subrayaron que en la mayoría de los ecosistemas, los incendios forestales ocasionan enormes daños, también generan pérdidas económicas y afectaciones a comunidades rurales que dependen del cultivo en la tierra para subsistir, impactos negativos a la salud de las personas e incluso, cobran vidas humanas.
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