La minera Grupo México niega contaminación del río Sonora y desestima dictamen de Gobierno

La minera aseguró que “la remediación del río Sonora fue exitosa, plenamente apegada a la legalidad y avalada por estudios científicos y autoridades”.

Fotografía aérea de archivo fechada el 30 de septiembre de 2015 de la mina Buenavista del Cobre en el municipio de Cananea.

EFE / La Voz de Michoacán

Hermosillo, Sonora. El consorcio minero Grupo México negó este miércoles que un derrame tóxico de la mina Cananea haya contaminado el río Sonora, en el estado homónimo, en 2014, al tiempo que el desestimó el dictamen diagnóstico del río Sonora presentado por las agencias ambientales del Gobierno mexicano hace una semana.

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“La remediación del río Sonora fue exitosa, plenamente apegada a la legalidad y avalada por estudios científicos y autoridades”, apuntó el Grupo México en un comunicado emitido este día como una respuesta al dictamen publicado la semana pasada por la titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) de México, María Luisa Albores.

En el documento, la compañía que explota la mina Buenavista del Cobre en Cananea, afirmó que ni la Semarnat ni el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, ni el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua "son autoridades competentes para verificar la calidad del agua en pozos y ríos sino que estos análisis los debió realizar la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y la Secretaría de Salud de México.

"Los supuestos hallazgos de los muestreos presentados la semana pasada, carecen de cualquier nexo de causalidad con el evento ocurrido en 2014; omiten señalar otras fuentes de contaminación actuales como son la minería ilegal, la descarga de aguas negras sin tratar y la acumulación prolongada de residuos de abonos agrícolas e insecticidas”, aseguró la empresa.

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El 6 de agosto de 2014 ocurrió el que ha sido considerado como el mayor desastre ecológico en la historia de la minería por el derrame tóxico de la mina de Cananea, que dejó atestado de metales pesados los ríos Sonora y Bacanuchi que atraviesan los municipios de Cananea, Ures, Huepac, Banámichi, Aconchi, San Felipe de Jesús, Baviacora y Arizpe, en Sonora.

El Grupo México también señaló que las condiciones ambientales y la integridad de los ecosistemas de los ríos Sonora y Bacanuchi "son las mismas que existían hasta antes del accidente de 2014", además dijo que existe un estudio de la Secretaría de Salud que publicó en 2019, el cual establece que "no existe morbilidad y mortalidad de la población por el derrame tóxico".

De hecho, dijo que la propia Semarnat se pronunció oficialmente mediante resolución notificada a la empresa en mayo de 2023, reconociendo que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha determinado que, al día de hoy, "se ha recuperado la calidad del agua que se tenía antes del incidente en el Río Sonora”, agregó la nota.

La semana pasada, la titular de Semarnat, María Luisa Albores; Mariana Morales, directora del INECC; y Adrián Pedrozo Acuña, director del IMTA, presentaron los resultados del Dictamen Diagnóstico Ambiental del río Sonora.

El documento de 239 páginas, establece que los habitantes de ocho municipios que viven en las inmediaciones del río Sonora, "enfrentan riesgos a la salud, seguridad y economía, por la presencia de metales pesados bioacumulables, en cantidades muy por encima de los límites que establecen las normas nacionales e internacionales".

También apunta que los daños a la economía de la región por el derrame en Buenavista del Cobre, suman 20.508 millones de pesos (unos 1.140 millones de dólares) de 2014 a la fecha, por lo que el empresario Germán Larrea, dueño de Grupo México, sólo ha cubierto un 6,12 % de los gastos generados, porque pagó menos de 1.500 millones de pesos (83 millones de dólares).

En la conferencia, la funcionaria Albores aseguró que los datos que contiene el diagnóstico ambiental "son técnicos y no ideológicos".

Mientras que Grupo México afirma que región del río Sonora ha sufrido los efectos de continuas campañas de desinformación por personas y organizaciones con fines políticos y de desestabilización, causantes de temor y desconfianza infundada entre la población y de una seria afectación a la economía para esa zona.