Ciudad de México. Los 60 millones de pesos que la Procuraduría General de la República (PGR) ofreció para dar con el paradero del ex líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, preso en Estados Unidos desde el 19 de enero, es la más alta que el gobierno federal ha destinado por una persona; sin embargo, no se cobró. En el acuerdo A/ 052 /15 del Programa de Recompensas, la procuraduría señala que la cifra ofrecida para la recaptura del capo no fue cobrada. Datos de ese plan proporcionados a EL UNIVERSAL señalan que en la presente administración ha sido poco efectivo para dar con el paradero de integrantes del crimen organizado, homicidas, personas desaparecidas y secuestradas. Ninguna de las 390 gratificaciones económicas anunciadas desde 2013, que suman 976 millones de pesos, ha sido cobrada, según información obtenida vía transparencia. Según la PGR, esa estrategia para localizar víctimas, integrantes del crimen organizado y personas desaparecidas “fue suspendida de manera indefinida”. Los acuerdos que se publicaron hasta marzo son una extensión del contrato que se tenía hasta diciembre de 2017, informó. La dependencia dio a conocer que se encuentra en una fase de relanzamiento, con el objetivo de hacer más eficientes los recursos que se ofrecen. Se prevé que en el transcurso de este mes se tenga listo el documento para publicar la licitación que permita que el plan se reactive. “Se está trabajando en la documentación que permita tener todo listo para publicar nuevamente la licitación a comienzos del próximo año y poder trabajar de enero a diciembre de 2018”, aseguró. Esto contrasta con el periodo anterior, 2006-2012, en el que la dependencia erogó 50 millones 832 mil pesos a cambio de información que ayudó a detener a ocho delincuentes, entre ellos, Sergio Villareal Barragán, El Grande, ex líder del Cártel de los Beltrán Leyva; los líderes de La Línea, Luis Humberto y Ubaldo Rubio González, El Monrroque, y dos de los implicados en el caso del secuestro de Silvia Vargas. Los últimos montos, de hasta un millón y medio de pesos, anunciados por la PGR ahora encabezada por Raúl Cervantes Andrade fueron para localizar a los autores de los asesinatos de los periodistas Javier Arturo Valdez Cárdenas, Maximino Rodríguez Palacios, Miroslava Breach Velducea y los agresores de Sonia Córdoba Oceguera. En los listados se detalla que más de 80% de las recompensas fue ofrecida por información que lleve al paradero de familias y personas secuestradas o privadas de la libertad. Entre ellos se encuentran los 43 estudiantes de Ayotzinapa, por quien se ofrece 64.5 millones de pesos por información que llevara a su paradero, así como 1.5 millones por datos que permitan la captura de sus agresores, señala el acuerdo A/087/14, publicado el 21 de octubre de 2014. También ofreció recompensas para dar con el paradero de los ex gobernadores priístas Javier Duarte de Ochoa, de Veracruz, y Tomás Yarrington, de Tamaulipas, quienes fueron detenidos por autoridades de Guatemala e Italia, respectivamente. Detenidos. Por los datos que ayudaron a ubicar al capo duranguense, Sergio Villarreal Barragán, El Grande, detenido en 2010 en Puebla por elementos de la Marina Armada, la PGR pagó 30 millones de pesos. El programa también permitió localizar y detener en 2010 a César Vicente Fabregat Ocampo, identificado como líder de una organización internacional dedicada al lavado de dinero. Las autoridades ofrecieron una gratificación de 10 millones de pesos, los cuales fueron cobrados en marzo de 2011. En 2010, desembolsó 4 millones de pesos por información que dio con Mario Alberto Zúñiga Serrano, abogado de Casitas del Sur. Asimismo, el Comité de Recompensas erogó 3 millones de pesos por la información que llevó a la captura de Luis Humberto y Ubaldo Rubio González, El Monrroque, ex miembros de La Línea. Bajo el mismo esquema, por el cual se entregó 1 millón 500 mil pesos, se pudo detener en junio de 2011 a Jesús Armando Acosta Murillo, El Mata. A su vez, pagó 666 mil pesos a dos personas que facilitaron la detención de Ángel Cisneros Marín, El Flaco, y Cándido Ortiz, quienes privaron de la vida a la joven Silvia Vargas Escalera. A la PGR le corresponde ofrecer y entregar recompensas, en un solo pago o en exhibiciones periódicas, a personas que aporten datos útiles relacionados con las investigaciones y averiguaciones que realice, así como aquellas que colaboren en la localización y detención de presuntos delincuentes.
La Voz de Michoacán
