Redacción / La Voz de Michoacán Ciudad de México. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, afirmó que en el sexenio de Enrique Peña Nieto aumentó significativamente la operación de ocho organizaciones criminales de carácter local, entre ellas el Cártel de Santa Rosa de Lima, liderado por José Antonio Yépez, El Marro, con una amplia gama de actividades delictivas. “Hubo el crecimiento de ocho organizaciones a nivel local durante la pasada administración: Los Viagras, en Michoacán; Guerreros Unidos y Los Rojos, en Guerrero; Santa Rosa de Lima, en Guanajuato; Unión Tepito y Cártel de Tláhuac, en la Ciudad de México, y bueno, es evidentemente importante mantener una política de cero tolerancia a estos grupos delictivos”, puntualizó. Se refirió en particular a la expansión del Cártel de Santa Rosa de Lima, que pasó del robo de hidrocarburos al secuestro, la extorsión y otras actividades criminales en el estado de Guanajuato durante los últimos años. En reunión virtual con los legisladores integrantes de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, precisó que actualmente existen en México 19 organizaciones delictivas, dos de ellas “de naturaleza supranacional”: el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa. Nieto reafirmó la determinación del gobierno federal de combatir a los grupos delictivos a partir de un esquema de inteligencia financiera para bloquear y congelar las cuentas a estos grupos delictivos, evitando que utilicen el sistema financiero. Ante los diputados, el responsable de la UIF hizo este miércoles una exposición de las amenazas y vulnerabilidades en materia de “lavado” de dinero y financiamiento al terrorismo, además de solicitar la aprobación de reformas al marco legal para cumplir los compromisos adquiridos con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). En ese contexto, instó a los legisladores a impulsar una reforma que permita al gobierno federal disponer de más de 2 mil millones de pesos “congelados” por la UIF por su vinculación con el crimen organizado, pero que hasta ahora nadie ha reclamado y se mantienen en poder de los bancos. Instó asimismo a revisar la legislación vigente y adecuarla para que los integrantes del crimen organizado no tengan acceso a las llamadas actividades vulnerables, como las notarías, la compra de vehículos aéreos y marítimos o las casas de juego, donde regularmente “lavan” los recursos de procedencia ilícita.
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