Agencias / La Voz de Michoacán La intensificación de la violencia en el estado de Chiapas está elevando el número de desplazados y desaparecidos a nuevos niveles. Miles de habitantes se han visto obligados a abandonar sus hogares, y los grupos criminales están atacando cada vez más a la población civil. Según datos de una organización de derechos humanos difundidos por InSight Crime, en los siete primeros meses de 2024 se registraron 12 mil 771 víctimas de desplazamiento en Chiapas, lo que supone un fuerte aumento con respecto a las 4 mil 562 víctimas registradas en todo 2023. En los últimos días, grupos criminales de Chicomuselo, municipio fronterizo, utilizaron drones para lanzar explosivos contra viviendas y desplazaron a 400 personas. También atacaron un juzgado e incluso una base militar. En julio, 580 mexicanos huyeron del cercano municipio de Amatenango de la Frontera y cruzaron a Guatemala, según las autoridades de ese país. El incidente fue un raro ejemplo de migrantes de México que se desplazaron hacia Centroamérica para huir de los efectos de la violencia, y no al revés, como es habitual. En varios municipios, hombres armados acorralaron a los residentes y los obligaron a participar en bloqueos de carreteras clave para impedir el avance de grupos rivales y de las fuerzas de seguridad. Los grupos criminales “empezaron a utilizar a la población civil como escudo”, dijo un trabajador de derechos humanos que pidió el anonimato por motivos de seguridad. “La gente prácticamente se encuentra forzada a quedarse y colaborar”. El Ejército Mexicano desplegó 200 soldados en Chiapas el 16 de agosto, aunque la medida hizo poco para reducir la violencia. CJNG contra Sinaloa Durante mucho tiempo, Chiapas ha sido un foco de violencia criminal entre grupos que compiten por el control del territorio en la frontera sur de México, un importante centro de tráfico de drogas y migrantes. Sin embargo, la violencia en la zona ha aumentado considerablemente desde 2021, coincidiendo con la incursión del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en municipios fronterizos que antes eran bastiones del rival Cártel de Sinaloa, según informes internos del Ejército Mexicano. La participación de redes criminales más grandes y poderosas también ha alimentado el conflicto entre los diversos grupos armados locales que operan en la región. “Estos grupos paramilitares nunca fueron desarticulados”, afirmó el defensor de derechos humanos. “Estos grandes cárteles de la delincuencia organizada se están aliando con estos grupos más pequeños”. Para continuar luchando, los grupos criminales están recurriendo a civiles para que apoyen o se unan a sus ejércitos criminales y ejercen su violencia contra quienes se niegan. En mayo, hombres armados mataron a 11 personas en una masacre en Nuevo Morelia, una población de Chicomuselo, entre ellas dos líderes religiosos. Las víctimas habían llamado a la paz y se habían negado a apoyar a cualquiera de los dos grupos criminales que se enfrentaban en la región, según el trabajador de derechos humanos. “La población civil está sufriendo las consecuencias porque prácticamente ha sido tomada como rehén”, afirmó el trabajador de derechos humanos. “Está siendo forzada a colaborar con uno u otro de los grupos criminales”. Añadió que hubo casos en los que los civiles “han querido salir desplazados de sus comunidades” para evitar el reclutamiento forzado, pero les dijeron que si se iban, los matarían. Un informe publicado en febrero de 2024 por un grupo de organizaciones de derechos humanos dejó constancia de cómo el crimen organizado no solo había forzado a miles de civiles a cometer actos de violencia, sino que también había captado cada vez más trabajadores especializados, como “electricistas, torneros, plomeros, recaderos y otros trabajadores”, para apoyar sus operaciones delictivas cotidianas. El aumento de personas desaparecidas también contribuye a infundir terror. Entre 2019 y 2023, el número de personas reportadas como desaparecidas en Chiapas se triplicó, según datos de la Comisión Nacional de Búsqueda, una tendencia al alza que no muestra signos de desaceleración. Los residentes suelen comentar a los periodistas locales que la presencia de las fuerzas de seguridad no contribuye a prevenir el crimen organizado. En su lugar, varios municipios han creado grupos de autodefensa para repeler a las organizaciones criminales. “Cuando los grupos criminales llegan a ciertos territorios, la población ni siquiera se plantea acudir a las autoridades”, dijo a InSight Crime Carlos Juárez, director para México del Instituto para la Economía y la Paz. “Sus opciones para estar seguros no incluyen al gobierno”. Existe una desconfianza generalizada hacia las fuerzas de seguridad en Chiapas, que históricamente han estado implicadas en abusos contra los derechos humanos cometidos predominantemente contra las grandes poblaciones indígenas del estado. En la década de 1990, el gobierno mexicano recurrió al ejército y a grupos paramilitares armados para reprimir un levantamiento liderado por los zapatistas, un grupo armado que luchaba por mejorar las condiciones y la autonomía de los indígenas. El legado de ese conflicto sigue latente hoy en día. El defensor de derechos humanos dijo que consideraban que las fuerzas de seguridad del Estado eran “cómplices” del terror perpetrado en ciertas comunidades, lo que había silenciado a la población. Si la gente tuviera la confianza de denunciar los delitos y la violencia a las autoridades, añadió, es casi seguro que la crisis de seguridad de Chiapas sería peor.
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