El Universal/La Voz de Michoacán Ciudad de México. Una juez federal negó definitivamente congelar cualquier orden de aprehensión librada contra el ex gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, en cuatro investigaciones. De acuerdo con el expediente 701/2017 la Juez Cuarto de Distrito de Amparo en materia Penal en la Ciudad de México, María Dolores Nuñez Solorio, dictó sentencia en el incidente de suspensión en el que, de inicio, concedió la medida protectora de manera provisional. En su sentencia la juez negó definitivamente la suspensión contra orden de aprehensión, ante la inexistencia de un nuevo mandato de captura, por lo que el ex mandatario no está protegido ya contra cualquier orden de este tipo que se emita en los próximos días. El amparo fue promovido el 27 de julio pasado y la juez fijó el pago de 60 mil pesos como garantía para que Medina de la Cruz conservara la suspensión provisional. Con este amparo el ex gobernador se blindó para que no se pudiera ejecutar una nueva orden de captura en su contra durante la audiencia intermedia programada para el 31 de julio pasado en el proceso que se sigue por autoridades de Nuevo León en el caso Kia. Sin embargo, la diligencia se pospuso para el 31 de octubre, 3 meses después, porque faltó recabar una prueba ofrecida por uno de los coacusados en el caso en el que se les imputa un perjuicio al erario por 3 mil 683.5 millones de pesos pagados en estímulos indebidos a la armadora Kia Motors. EL UNIVERSAL informó que la prueba que faltó para realizar la audiencia intermedia era el nuevo contrato que suscribió el gobierno de Jaime Rodríguez Calderón con Kia Motors, y que la empresa y el gobierno estatal se han negado a proporcionar al clasificarlo como información reservada. La prueba fue ofrecida por la defensa del ex tesorero de Nuevo León, Rodolfo Gómez Acosta, quien busca comprobar que los apoyos a Kia fueron legales y quedaron avalados por el nuevo gobierno o estaban condicionados a su aprobación por el Congreso local. En el caso también se imputa a los coacusados los delitos de ejercicio indebido de funciones, daño al patrimonio estatal y peculado. Además del ex gobernador y el ex tesorero fueron vinculados a proceso el ex secretario de Desarrollo Económico, Rolando Zubirán Robert y la ex subsecretaria de Inversión Extranjera y comercio Internacional de la misma dependencia, Celina Villarreal Cárdenas. La negativa de la suspensión definitiva no significa el fin del juicio de amparo, pues el próximo 23 de agosto la juez Cuarto de Distrito celebrará la audiencia constitucional en la que deberá analizar si concederá o no en definitiva la protección de la justicia federal, lo que dependerá de si existe alguna solicitud de orden de aprehensión por parte de la fiscalía pendiente de resolver por algún juez de control del estado de Nuevo León.
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