México.- El diputado federal Abel Salgado Peña impulsa una iniciativa para garantizar que las embarazadas reciban una adecuada atención médica en el sistema nacional de salud. El secretario de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados comentó que durante el último año se denunciaron 25 casos de partos en condiciones inseguras e insalubres en nueve estados del país, porque las pacientes fueron rechazadas por los servicios de salud. Con base en datos del Observatorio de Medios de Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), subrayó que de mediados de 2013 a la fecha se han denunciado esos casos que evidencian irregularidades en el sistema de salud sobre la atención de embarazadas durante el parto. Agregó que el Observatorio de Mortalidad Materna en México (OMM) registró en 2012 la muerte de 960 mujeres por causas vinculadas a esa condición. De ellas cerca de 20 fallecieron en la vía pública y al menos 265 no recibieron atención de un médico durante el parto. “A esos datos deben sumarse los casos de oaxaqueñas que entre 2013 y lo que va de 2014 han parido en inmediaciones de centros de salud, así como otros 16 casos similares que el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) ha documentado en Chiapas y Tabasco”. El legislador enfatizó que los casos de quienes no han recibido atención médica durante el parto representan ejemplos claros de la necesidad de incluir el concepto “violencia obstétrica” en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Aseveró que la sola inclusión de ese término en la ley ayudará a visibilizar el problema que existe en el ordenamiento mexicano en relación con la prestación de servicios de salud en ocasión del parto. En la propuesta que impulsa Salgado Peña se agrega una fracción VI al Artículo 6 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, recorriéndose la subsecuente, para establecer la violencia obstétrica entre los tipos de violencia contra las mujeres. La violencia obstétrica se definiría como toda acción u omisión intencional del personal de salud, tanto médico como administrativo, que dañe física o psicológicamente, denigre o discrimine a la mujer, durante el embarazo, el parto, el post-parto y el puerperio. Se presumirá que se incurre en ella cuando ese proceder tenga como consecuencia la pérdida de autonomía y capacidad de la mujer para decidir libremente sobre su cuerpo y sexualidad. De igual forma se considera en ese caso a la imposición de métodos anticonceptivos sin mediar consentimiento de la mujer y a la práctica del parto por vía cesárea existiendo la posibilidad para efectuar el parto natural y sin haber obtenido la renuncia voluntaria, expresa e informada de la paciente a esa posibilidad. Aparte de la inclusión del concepto el diputado priista llamó a dotar de medios legales a las instituciones de salud para que a las gestantes les sea garantizada la atención en etapas inmediatas y previas al evento del nacimiento. Remarcó que su proyecto propone incluir en las leyes General de Salud, del Seguro Social y del ISSSTE, diversos aspectos para la atención integral de la mujer durante el embarazo, el parto y el puerperio, incluyendo la atención psicológica que requiera. Esa atención deberá estar ordenada por los principios de calidad, humanismo médico y trato humanitario, mínima medicación, consentimiento informado, multidisciplinariedad, privacidad, dignidad y confidencialidad. Además ordenar la inmediata prestación de servicios de salud en materia obstétrica en los casos calificados de “urgencia médica”, con la particularidad de no condicionar la prestación del servicio a la comprobación de la titularidad del derecho, de acuerdo con la afiliación a determinado régimen de seguridad social. También determina la obligación de capacitar y evaluar al personal médico y administrativo en los protocolos de atención para las etapas del proceso gestacional: embarazo, parto, posparto y puerperio. El proyecto de ley instaura la obligación de que la Cámara de Diputados destine una partida especial de recursos en el ejercicio 2015 y subsecuentes para mejorar y ampliar la infraestructura en las instituciones públicas de salud, en la atención de esos casos.
La Voz de Michoacán
