La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) en colaboración con el Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (CASEDE) y Freedom House México, presentaron las publicaciones Prevención del Riesgo: Protocolo para el ejercicio de la libertad de expresión en México, y Prevención de Violaciones a Derechos Humanos: Protocolo para la investigación de delitos contra la libertad de expresión. Las organizaciones dedicadas a velar por la libertad de expresión y sobre todo, cuidar y resguardar la integridad física de todos aquellos que ejercen el periodismo, dieron a conocer que desde el 2007 a la fecha, la CDHDF ha tramitado 47 quejas por agresiones contra periodistas; de las cuales, 33 investigaciones se concluyeron y 14 continúan en trámite; mientras que el año pasado se emitieron las recomendaciones 8/2014 y 11/2014. De acuerdo con el Mapa de Agresiones a Periodistas en Riesgo, elaborado por el Centro Internacional para el Periodismo y Freedom House México, entre diciembre de 2012 y marzo de 2015, se reportaron 270 agresiones contra comunicadores, incluyendo cerca de 40 casos de detenciones arbitrarias y 25 de tortura. Y según la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADCLE) de la Procuraduría General de la República (PGR), en el periodo 2000-2014 se dieron más de 100 asesinatos y más de 20 periodistas desaparecidos. Ante esta situación la CDHDF consideró que las autoridades capitalinas necesitan implementar un mecanismo en materia de actuación de las fuerzas de seguridad en actos de protesta social, que proteja a las personas y a los comunicadores, de igual manera, la Directora de Freedom House México, Mariclaire Acosta, aseguró que el país registra el peor nivel en términos de libertad de expresión de los últimos 10 años. "Con una calificación de 63 puntos sobre 100, México está en la categoría de No Libre en materia de libertad de expresión por quinto año consecutivo", puntualizó. Afirmó que la no libertad en materia de prensa es un problema sistémico, "un problema estructural que está determinado por muchos factores legales, como la persistencia de leyes que criminalizan la difamación en 12 de los 32 estados de la República", comentó. A su vez, el Coordinador de Proyectos de CASEDE, Armando Rodríguez, explicó que para la realización de los Protocolos visitaron las localidades de Ciudad Juárez, Tijuana, Culiacán, Morelia, Oaxaca, Cuernavaca, Monterrey, Tuxtla Gutiérrez y el Distrito Federal, en donde se reunieron con 842 personas entre funcionarios de gobierno, periodistas, Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y académicos, con quienes analizaron la complejidad del ejercicio de la libertad de expresión a nivel local. "Lo que nos encontramos en estas ciudades es que existen dos grandes elementos que inciden negativamente sobre la libertad de expresión en el país: la censura gubernamental y del crimen organizado y la autocensura", subrayó. Expresó que los factores de vulnerabilidad que engloban al gremio periodístico son; la falta de capacitación, de contratos laborales, de acceso a la justicia, de leyes especializadas para su protección y la división al interior de la agrupación por desconfianza y miedo. Destacó que la propuesta de los Protocolos es generar capacidades entre los periodistas para que enfrenten problemáticas y fenómenos de corrupción, de cooptación y violencia en el entorno local. En tanto, la Fiscal Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADCLE) de la Procuraduría General de la República (PGR), Laura Borbolla, señaló que la crítica constructiva fortalece y calificó las agresiones a los comunicadores como sistemáticas. Manifestó que el delito de mayor frecuencia que se denuncia en materia de libertad de expresión es el de amenazas y el segundo es el abuso de autoridad.
La Voz de Michoacán
