Notimex/La Voz de Michoacán. Para hacer efectivo el derecho a la información, los entes obligados por la ley de transparencia deberían digitalizar sus expedientes y archivos, a fin de que estén disponibles gratuitamente para los ciudadanos, consideró el asambleísta Gabriel Gómez del Campo. Con este fin el diputado del Partido Acción Nacional (PAN) en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) presentó una iniciativa de reforma, con el objetivo de hacer más accesible a los ciudadanos el ejercicio de su derecho a saber. Hizo notar que el gobierno electrónico se ha convertido en una herramienta que facilita la aplicación de los principios asociados al buen gobierno, tales como una gestión transparente y responsable. En concordancia con lo anterior, estimó que los entes obligados por la ley de transparencia deberán esforzarse por reducir al máximo los costos de entrega de información y, para ello, están obligados a hacer uso de los expedientes y archivos digitalizados. En el caso de que el solicitante requiera información pública en los términos del Artículo 14 de la ley en la materia y el ente obligado no la tenga digitalizada, "deberá entregarla sin ningún costo al solicitante", de acuerdo con el párrafo 3 del Artículo 48 de esta iniciativa de reforma. Además se plantea que cuando los documentos en los que se contenga la información pública objeto de la solicitud no estén digitalizados, los entes obligados deberán realizar este proceso y entregarlos al solicitante en un medio de almacenamiento electrónico, que no le genere costo. Por ello reiteró que ya es tiempo de que la ciudad de México participe en las mejoras que conlleva el uso de tecnologías de la información y la comunicación, pues está bien establecido que su incorporación fomenta la relación de los gobernantes con la ciudadanía. "El derecho de acceso a la información pública es un derecho fundamental y estructural de la democracia; es responsabilidad de los servidores públicos el facilitar y abaratar los costos de la información, pues su acceso se presenta como un diagnóstico a la salud de la democracia mexicana", concluyó.
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