Recuento, ¿qué ha pasado con el caso de Ayotzinapa?

Redacción/ La Voz de Michoacán

Ciudad de México. El día de ayer el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador firmó un decreto para la verdad en el caso de Ayotzinapa. Tal y como lo prometió en campaña busca esclarecer los hechos, buscar la verdad de lo que pasó el 26 de septiembre del 2014 cuando 43 estudiantes normalistas no fueron vueltos a ver.

Y es que la versión oficial gira en torno a que hubo fuego cruzado la noche del 26 de septiembre y la madrugad del 27  entre diversas fuerzas policías y presuntos integrantes de una célula delictica local contra los autobuses en los que viajaban los estudiantes

Cinco jóvenes de Ayotzinapa murieron, una veintena de ellos resultaron heridos y 43 jóvenes, cuyo último paradero conocido fueron los autos policiales a los que los subieron, están desaparecidos desde entonces.

La noche del 26 de septiembre de 2014, cuando los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa ya habían tomado el control de los autobuses, fueron interceptados por miembros de la policía local y por presuntos grupos armados. Estos abrieron fuego contra los jóvenes y contra los integrantes del equipo de futbol los Avispones de Chilpancingo, que también viajaban por la zona en un autobús y que presuntamente pidieron la ayuda de militares en la zona, que habrían respondido que no era su “jurisdicción”.

La versión de la PGR sobre por qué la policía local abrió fuego contra los jóvenes es que la pareja gobernante pensaba que los estudiantes iban a irrumpir en un evento público y ordenó detenerlos. Varios integrantes de la policía también habrían estado involucrados con Guerreros Unidos.

Los primeros días de octubre, durante la búsqueda inicial de los jóvenes, fueron encontradas una serie de fosas comunes con supuestos restos calcinados de personas, algunas de ellas en un basurero en la localidad cercana de Cocula.

Las otras versiones

Ante las exigencias de organismos internacionales como Amnistía Internacional y Naciones Unidas, al igual que de los representantes de las familias de los 43 estudiantes, el gobierno de Peña Nieto solicitó la ayuda de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Así se creó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI), compuesto por cinco latinoamericanos expertos en temas legales y de derechos humanos. Durante 2015, los integrantes del grupo recopilaron información de diversas fuentes sobre lo sucedido esa noche de septiembre y los días posteriores, aunque en varias ocasiones denunciaron que el gobierno no les daba acceso a sitios o a figuras que podrían tener información.

Más aún: el GIEI señaló que diversas autoridades manipularon evidencia, torturaron a sospechosos (algo también denunciado por la ONU) y no investigaron pistas que podían apuntar a conclusiones distintas que la de incineración, como la hipótesis de que uno de los autobuses secuestrados por los estudiantes habría tenido escondida droga que los delincuentes habrían querido recuperar sin que los jóvenes lo supieran.

El gobierno de Peña Nieto decidió no extender el mandato del GIEI y los expertos tuvieron que dejar México a mediados de 2016, al poco tiempo de publicar su informe (el Times después reveló que llegaron a ser espiados por un programa que había adquirido el aparato de seguridad del gobierno mexicano).

Con información The New York Times