Redacción / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. El proceso electoral que desembocará en la elección del próximo 2 de junio llevará a que cientos de candidatos federales, estatales y locales disputen cargos de elección popular en zonas de fuerte control y presencia del crimen organizado, en al menos 40 distritos federales dispersos en una decena de estados del país. Se trata de zonas que son asiento o blanco de organizaciones criminales como el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación, Los Zetas o el Cártel de Santa Rosa de Lima, y en las que la presencia de grupos armados es continua. También, de territorios que se hallan en disputa entre organizaciones antagónicas y en donde se libran de manera continua batallas por el control regional. Un cruce de información realizado por el diario Milenio entre datos de presencia criminal de la Secretaría de la Defensa Nacional y el mapa de distritos electorales del país, así como partidos consultados, da cuenta de la complejidad que enfrentarán decenas de aspirantes a cargos como diputados federales, diputados locales y alcaldes, pues llevarán a cabo sus campañas en localidades en las que grupos delictivos operan, pelean o influyen en la vida local. Por ejemplo, en Guerrero el proceso electoral se llevará en distritos de alta complejidad y criminalidad, entre los que se encuentra el Distrito 1, que comprende los municipios de Coyuca de Catalán y Arcelia, ese último escenario de la disputa entre La Familia Michoacana y Los Tlacos, incluido San Miguel Totolapan, en una de cuyas comunidades fueron asesinadas 17 personas este martes. También está el Distrito 7, que comprende Chilpancingo, Eduardo Neri y Leonardo Bravo, donde Los Ardillos y Los Tlacos tranzaron hace unos días una tregua, tras varias semanas de enfrentamientos. Al menos cuatro distritos de la entidad se ubican por los corredores de la droga y donde se tienen altos índices de violencia. El más llamativo es Acapulco, donde el narcomenudeo tenía uno de sus mayores mercados y que tras el huracán Otis quedó en una profunda reconstrucción para reactivar la economía en la zona. En la Sierra de Guerrero se ubica el Distrito 6, donde se perpetraron 252 asesinatos en el año pasado, y el Distrito 7, donde sumaron otros 170 casos. El caso guerrerense no es el único. Esta misma complejidad, de un proceso electoral que tendrá que desarrollarse en paralelo a batallas locales entre grupos criminales, se extiende a varias entidades del país, como Michoacán, cuyos distritos 1 y 2 contienen municipios de elevada dificultad y riesgo en materia de seguridad, al tratarse de puntos dominados por Cárteles Unidos o el Cártel Jalisco Nueva Generación. A manera de ejemplo, ambos distritos comprenden los municipios de Ario, La Huacana, Múgica, Parácuaro, Tumbiscatío, Apatzingán, Aquila, Coalcomán o Buenavista, todos ellos centro de movilización, operación o batalla de ambas organizaciones delictivas. Más al norte de la entidad, en las colindancias con Jalisco, están los distritos 4 y 6 que albergan municipios de alto riesgo como Jacona y Zamora, respectivamente. En el primero de ellos se cometieron 68 asesinatos, mientras que en el segundo sumaron 197 casos y ambos triplican la tasa homicida nacional. La complejidad de operar en territorios que llevan más de una década en procesos de deterioro de seguridad ha llevado, en algunos casos, a que pocos levanten la mano para contender en el proceso. Un partido, que pidió a Milenio no dar detalles por seguridad de sus militantes, reconoció que en Michoacán no ha podido ni siquiera completar las listas de aspirantes a puestos federales, dado que varios aspirantes han declinado a competir debido a presiones criminales. “No quieren competir. ¿Y pues qué les decimos desde la Ciudad de México?”, comentó un operador electoral. Las listas completas de candidatos a diputaciones federales, cabe destacar, tienen que ser entregadas este jueves al Instituto Nacional Electoral. Apenas este fin de semana, el líder nacional del PAN, Marko Cortés, reveló que algunos de sus candidatos han preferido bajarse de la contienda electoral debido al clima de inseguridad que se padece en algunos municipios del país. “Ya ha habido precandidatos de Acción Nacional que han decidido retirarse de la contienda por inseguridad, por amenazas del crimen; ya ha habido aspirantes que han secuestrado”, dijo ante el consejo nacional de su partido. El análisis realizado, basado en datos del Instituto Nacional Electoral (INE), arroja que en los distritos conflictivos suman poco más de 6.1 millones de posibles votos que serán emitidos en un ambiente influenciado por los grupos criminales que operan en esas zonas. En su edición del 14 de febrero pasado, el diario Milenio dio cuenta de que partidos políticos de todos los colores ya tienen documentados casos a nivel municipal, en los que células de los cárteles de la droga han presionado o intimidado a aspirantes, particularmente en Zacatecas, Guanajuato y Guerrero, con intervención de personajes que se presentan como representantes del Cártel de Sinaloa y del Cártel Jalisco Nueva Generación, ante la disputa de ambos grupos delictivos en estas entidades. De acuerdo con testimonios recabados con partidos de las dos coaliciones, PRI-PAN-PRD y Morena-PT-PVEM, “a un aspirante a presidente municipal lo levantan, lo llevan a una oficina y le dicen que no puede participar”, “a otro le mandan decir a través de un presidente municipal que mejor se baje”, en otro caso, a un aspirante “ya le habían advertido que no participara como candidato, él no se baja y le matan a su hermano”, “a dos candidatos les mandaron decir que mejor se bajaran por las buenas”. Zonas de control Un reporte de inteligencia militar de la Secretaría de la Defensa Nacional liberado tras el hackeo realizado a su base de datos por el grupo Guacamaya, da una idea de esa coexistencia de procesos, tanto delictivo, como electoral: en por los mil municipios del país hay uno o varios grupos del crimen organizado, distribuidos entre 80 organizaciones y 16 bandas delictivas, incluidas grandes organizaciones vinculadas al narcotráfico. Una vez que se cruza ese mapa delictivo de la Defensa Nacional con los datos de distritación electoral del INE y registros históricos, emerge un panorama en el que destacan distritos electorales que se ubican en zonas conflictivas o estratégicas para las organizaciones criminales, como aquellas que albergan municipios donde históricamente han operado los grandes cárteles de la droga y en los que se considera existe base social del narco. Un ejemplo icónico es del distrito electoral 3 de Sinaloa, en el que se ubica Badiraguato, que representa la cuna del Cártel de Sinaloa y el centro de operaciones de capos como Ismael “El Mayo” Zambada y de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Aquí los delitos se mantienen por debajo de los 5 asesinatos por cada 100 mil habitantes, sin embargo se considera un punto controlado por ese grupo criminal. En el bando contrario, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) tiene su centro de mando en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, el cual concentra los distritos electorales número 12 y 14 y donde el gobierno federal contabilizó en el año pasado 249 homicidios dolosos que dejaron una tasa de 34.2 asesinatos. En Guanajuato las zonas a seguir por ser el centro de operaciones del Cártel de Santa Rosa de Lima es el Distrito 8, que contiene al municipio de Villagrán, cuna del grupo liderado en su momento por José Antonio Yépez, el Marro. Además de la presencia criminal, destaca la tasa de homicidios de algunos de estos distritos, como el 1 de Colima, que abarca cinco municipios, incluida la capital del estado, y en el que se registra una tasa de asesinatos de 128 por cada 100 mil habitantes, muy por encima de la media nacional que se ubica en los 22 casos. Además, en este distrito los delitos relacionados con el narcotráfico registran una incidencia anormal con una tasa de 177 casos, cuando el promedio nacional se ubica en apenas 78 denuncias por cada 100 mil habitantes. En Chiapas, en los municipios fronterizos con Guatemala, se han vivido jornadas violentas debido a la disputa territorial entre grupos criminales que buscan controlar el tráfico de personas. En el distrito 13 se encuentra Motozintla, donde el Cártel Jalisco Nueva Generación intentó cruzar la línea fronteriza y se enfrentó con el ejército de Guatemala a inicios de año.
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