Redacción / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. El legislador y presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos de San Lázaro, el michoacano Feliciano Flores Anguiano, de Morena, impulsa en la Cámara de Diputados una reforma a la Ley General de Aguas propuesta por el panista Mario Mata, de Chihuahua, que mantiene el esquema actual de acaparamiento del vital líquido. Con esto se cancelan los acuerdos con organizaciones y académicos para aprobar una iniciativa que promueva el derecho humano al agua, de acuerdo con lo señalado en la Constitución en 2012, aseveraron expertos consultados por La Jornada. El profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana, Pedro Moctezuma, señaló que con esa determinación se intenta romper los consensos construidos desde 2019 en la Cámara de Diputados para contar con una ley participativa e incluyente, que genere instrumentos e instancias para solucionar la crisis del agua en el país. Mario Mata, por el acaparamiento del agua. En el marco del foro “A dos años de la 4T, ¿qué está pasando con el medio ambiente?”, convocado por el Observatorio Académico de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones de la Universidad Nacional Autónoma de México, el especialista señaló que hay distintas iniciativas en la Cámara de Diputados y el Senado, y varias de ellas coinciden con la ciudadana, pero la del panista e impulsada por el morenista mantiene el esquema de la Ley de Aguas Nacionales vigente. Entre las consecuencias de la actual legislación están que no hay auditoría del agua ni control sobre la extracción, consumo o contaminación; no se paga lo correcto ni existe mando sobre los titulares de derechos del agua, enumeró Manuel Llano, de Cartocrítica. Advirtió que sólo se le ve como tema hidráulico, en lugar de visualizarla con una política nacional transversal. Además, actualmente hay concentración de atribuciones en la Comisión Nacional del Agua, la cual define la disponibilidad del recurso, otorga concesiones, realiza inspecciones, vigila y sanciona. Destacó que de 497 mil títulos de aprovechamiento del Registro Público de Derechos de Agua, 97 por ciento no tienen medidor y 93 por ciento no han sido verificados, una cosa es el volumen concesionado y otro el realmente extraído. Omar Arellano, de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, explicó que para la Ley General de Aguas hay consensos que han sido retomados por los grupos parlamentarios que consideran que se debe cambiar el paradigma, acabar con el acaparamiento de grandes usuarios y erradicar la corrupción y la impunidad. Apuntó que en las iniciativas que se presentaron en el Congreso de la Unión hay coincidencia en diversos temas, como eliminar la contaminación. Sobre este tema, la organización Agua para Todos señala que los legisladores intentan llevar al pleno de la Cámara de Diputados una iniciativa “hechiza” que no cumple con los requerimientos que garanticen el derecho humano al agua de manera equitativa y sustentable y permite la continuidad de la impunidad. La iniciativa Mata-Flores, alerta Agua para Todos, impone un sistema de concesiones sobre las nacionales, objetos de transacciones de compra y venta; no se podría prevenir la compra-venta de concesiones otorgadas en exceso de disponibilidad; no menciona a los pueblos indígenas y privilegia tanto a los concesionarios, al grado que no quedan recursos para la inspección y la sanción. En un comunicado de prensa señalan que el jueves pasado, el diputado Flores Anguiano sometió a votación en la Comisión que preside una propuesta que ya había presentado el panista Mario Mata, apoyado por el PRI de Tamaulipas, para mantener la actual Ley de Aguas Nacionales y añaden una “Ley general de aguas” con un alcance muy limitado. Con el hashtag #NoaLaLeyMataFlores, exigen que se respete el proceso de trabajo que se ha impulsado desde la ciudadanía y que Anguiano Flores no haga caso omiso de la iniciativa ciudadana ni de otras presentadas con anterioridad, como la iniciativa de la Comisión del Medio Ambiente elaborada por el grupo parlamentario Morena, la del Partido del Trabajo y las propuestas formuladas en la misma comisión de Recursos Hidráulicas de la Cámara de Diputados. Estas iniciativas y propuestas fueron fundamentadas con base en procesos ampliamente participativos que se llevaron a cabo a lo largo y ancho del país. Cabe señalar que la abrogación de la Ley de Aguas Nacionales fue uno de los temas consensados en los 35 foros estatales organizados por la propia Comisión”, refiere Agua para Todos. Alertan que el acuerdo que promueven los diputados Mata Carrasco y Flores Anguiano intenta desechar esos avances que han para la nueva Ley de Aguas, que fueron acordados el pasado 28 de septiembre ante el relator para el Derecho Humano al Agua y Saneamiento de la ONU y ante los titulares de las comisiones dictaminadoras, nombrados por la Legislatura integrada por el mismo diputado Feliciano Flores, en el seminario Avances y reflexiones hacia la Ley General de Aguas. Foto: Pixabay. “A más de nueve meses de entregarle en la mano al diputado Feliciano Flores Anguiano, la iniciativa ciudadana de Ley General de Aguas, junto con 198 mil 127 firmas de ciudadanos, el pasado 4 de febrero de 2020, ésta no ha sido dictaminada. Tampoco se han dictaminado las iniciativas de los otros promoventes”, denuncia Agua para Todos. De manera precipitada, sin técnica legislativa e ignorando los criterios de expertos, los diputados federales Flores y Mata pretenden llevar al pleno de la Cámara la iniciativa que no cumple con requerimientos para garantizar el derecho al agua de manera equitativa y sustentable, a partir de los procesos participativos de la ciudadanía, en conjunto con autoridades en los tres niveles de gobierno. “Exigimos que se respeten los resultados del largo proceso de trabajo en la Ley General de Aguas. Condenamos las iniciativas regresivas de legisladores que buscan más de lo mismo, simulando que han legislado sobre el agua. ¡No a la Ley Mata Flores!”, demanda la organización que es parte de las mesas de análisis. LA LEY MATA-FLORES Y LA INICIATIVA CIUDADANA De acuerdo con Agua para Todos, en el esquema básico, la ley de los legisladores chihuahuense y michoacano contempla que los mercados de agua, es decir, impone sobre las aguas nacionales un sistema de concesiones, objetos de transacciones de compra y venta. En el mismo esquema básico, la ley consensuada establece la recuperación de la rectoría del Estado, porque no permite su compra y venta, los utilizaría instrumentos de planeación encaminados hacia la sustentabilidad con equidad. Para corregir el sobreconcesionamiento, en la ley Mata-Flores “no hay manera de extinguir ni de prevenir la compra-venta de concesiones otorgadas en exceso a la disponibilidad”, mientras que la ciudadana propone obligar a la Conagua a disminuir los volúmenes excesivos concesionados a grandes usuarios hasta recuperar aguas superficiales y subterráneas en cantidad y calidad. Respecto de la priorización de usos y usuarios, la ley que proponen los diputados indica que la Conagua otorga concesiones en orden de solicitud; cuando ya no hay disponibilidad, sólo se puede lograr acceso a través de la compra de concesiones. En la ley consensada, la ciudadana, en ese punto se garantizaría agua de calidad para consumo humano y para suficiencia alimentaria. “Otros volúmenes serían concesionados según las prioridades determinadas por cada región”. La ley Mata-Flores no menciona a los pueblos indígenas, y la ciudadana establece el respeto al derecho de los pueblos al uro prioritario y la administración de las aguas en sus territorios. Sobre el respeto por derechos de núcleos agrarios, la ley de los legisladores panista y morenista, desconoce los derechos por decreto presidencial y en su lugar, exige obtener concesiones. La ciudadana, propone el reconocimiento de los derechos al agua de los núcleos agrarios sin necesidad de concesión. En la ley Mata-Flores, las concesiones a particulares serían hasta por 30 años renovables, lo que generaría “rigideces incompatibles con escenarios de incertidumbre. No hay planeación territorial para lograr seguridad frente a sequías e inundaciones”. Y la ciudadana, propone ajustar volúmenes y condiciones particulares de concesiones para adaptarse a las necesidades locales, así como planes vinculantes para proteger a la población y fortalecer la capacidad del territorio de manejar extremos climáticos. En cuanto al control de la contaminación, en la ley Mata-Flores sólo se requiere permiso de descarga en algunos casos; se cobrarían derechos por superar el volumen permitido de contaminantes, con un descuento por descargar en aguas menos contaminadas. Los derechos cobrados no cubren el costo de inspección y sanción. “Prevalece la impunidad”. La ley ciudadana propone un permiso de descarga que formaría parte integral de la concesión; las descargas tendrían que cumplir con metas para la eliminación progresiva de la contaminación. Si el concesionario incumple con las normas, ya no se le renovaría y la Conagua demandaría a los concesionarios contaminadores para que restauren las comunidades y ambiente afectados. Los mecanismos de exigibilidad y prevención de la corrupción, en el caso de la ley Mata-Flores, ésta privilegia a los concesionarios al grado de que no quedan recursos para la inspección y la sanción. En la ley ciudadana, el Consejo o la contraloría ciudadana, podrían emitir recomendaciones cuando se detecten dinámicas irregulares.
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