Ciudad de México.- Rubén Francisco Pérez Sánchez, titular de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), envío al magistrado Clicerio Coello Garcés, presidente de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, señaló que una posible sanción para los comunicadores Joaquín López Dóriga y Javier Alatorre vulneraría el derecho fundamental a la libertad de expresión. “Para este Organismo Nacional resulta importante hacer notar que las conductas imputadas a los periodistas incoados administrativamente corresponden al ejercicio legítimo de su libertad de expresión y, por tanto, una posible sanción a los mismos vulneraría ese derecho fundamental”, argumentó la CNDH en un documento Amicus Curiae, enviado al Tribunal Electoral. El proceso sancionador en contra de los periodistas deriva de comentarios realizados en las coberturas informativas de la visita del papa Francisco a México. “Esta autoridad considera que no existe base para estimar que las expresiones y comentarios aquí analizados transgreden el marco normativo, puesto que no se trata de cortinillas previamente elaboradas e insertas por los concesionarios de televisión como preámbulo de la transmisión”, indicó. Sin embargo, la CNDH aseguró que el documento presentado “está circunscrito al ejercicio de la libertad de expresión desde el estricto punto de vista de los derechos humanos, destacando que lo que nos anima es la intención de contribuir, con elementos vertidos desde los derechos fundamentales, al análisis del caso”. El Amicus Curiae, que significa amigo de la Corte, es una figura reconocida en el derecho internacional de los derechos humanos, en las cortes nacionales y, también, en la doctrina, como el documento presentado por personas ajenas al juicio que contiene razonamientos relacionados con los hechos en litigio, aportando así mayores elementos para el análisis del caso. El argumento de la CNDH se refiere a la controversia resuelta por la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos, en el caso Perozo y otros vs. Venezuela. Dicho aborda las declaraciones de funcionarios públicos y otras alegadas obstaculizaciones al ejercicio de la libertad de expresión como actos de violencia de actores privados en perjuicio de personas vinculadas al canal de televisión Globovisión.
La Voz de Michoacán
