Te explicamos | Estado laico en México, ¿en riesgo?

Jorge Ávila / La Voz de Michoacán

México. La senadora morenista por Zacatecas, Soledad Luévano Cantú, presentó en la Cámara Alta una propuesta de reforma a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público que, en primer lugar, pretende eliminar el “principio histórico de la separación entre el Estado y las Iglesias”, como reza en su artículo primero.

La iniciativa de inmediato causó polémica tanto en el Senado como entre especialistas, muchos de los cuales acusaron que la propuesta de la legisladora atentaba contra el principio de laicidad del Estado mexicano, vigente desde el mandato del expresidente Benito Juárez, quien separó los asuntos civiles de los religiosos, y que a lo largo de la historia ha sido motivo de diferentes conflictos, el más fuerte, la llamada Rebelión Cristera, que se extendió a buena parte del territorio nacional entre los años 1926 y 1929, durante el mandato de Plutarco Elías Calles.

En un principio, cuando la propuesta fue presentada, los detractores de la llamada Cuarta Transformación la vieron como una contradicción, ya que fue presentada por una legisladora del partido en el poder, cuyo líder y actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en reiteradas ocasiones se ha autodenominado juarista, pero que suele imprimir alusiones religiosas y espirituales a sus discursos.

Tras esos señalamientos, la legisladora, que se presenta como “guadalupana”, aclaró que la propuesta es a título personal y que, por ende, no refleja la agenda legislativa de su partido, Morena.

Juárez y el Estado laico

La laicidad del Estado mexicano es una las más fuertes consignas y proyectos políticos de Benito Juárez García, quien ya desde 1844, cuando fue designado secretario de Gobierno en la administración estatal de su natal Oaxaca, prefirió presentar su renuncia al cargo ante la intención de las autoridades civiles de consignar a quienes se negaran a entregar diezmo a la Iglesia católica.

A partir de ese momento, la separación entre los asuntos de la Iglesia y los del Estado representó un proyecto que buscaba minar los privilegios desmedidos que poseía un sector muy limitado de la población en detrimento de uno más grande y de la autonomía del Estado, el cual velaba por intereses particulares resguardados por la Iglesia.

Tras la caída de Antonio López de Santa Anna con la Revolución de Ayutla y la llegada a la Presidencia de Juan Álvarez, Benito Juárez fue nombrado ministro de Justicia, posición desde la que emitió la Ley Juárez, que limitaba el poder e influencia del clero en asuntos civiles. Promulgada el 23 de noviembre 1855, esta ley suprimió el fuero eclesiástico y el militar en materia civil.

Tras su irrupción, la ley obtuvo la reprobación por parte de los conservadores y la más alta autoridad eclesiástica, la cual la calificó como violatoria de los derechos de la Iglesia católica aludiendo al derecho divino, e incluso generó malestar en el Vaticano.

La diferencia radical de posiciones sobre este tema entre conservadores y liberales se agudizó con la promulgación de la Constitución de 1857, durante el gobierno de Ignacio Comonfort, época en la que Juárez se desempeñó como ministro de Gobierno y presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La nueva Constitución hizo frente a los intereses de la Iglesia católica, pues puso fin a muchos de sus privilegios, entre ellos el fuero y la adquisición y administración de bienes raíces. La oposición a este nuevo régimen desató, para finales de 1857, que los conservadores, apoyados por algunos liberales, dieran un golpe de Estado cuya finalidad tenía anular toda la legislación liberal.

Este hecho dio inicio a una disputa engendrada por cuestiones religiosas que es conocida como la Guerra de Reforma o la Guerra de Tres Años.

Tras el golpe de Estado, Juárez arribó en 1858 a la Presidencia por ministerio de ley e hizo frente al gobierno paralelo encabezado por Félix Zuloaga, quien fue nombrado por los conservadores presidente interino a través del Plan de Tacubaya, apoyado por Ignacio Comonfort en busca de derogar la Constitución de 1857.

Cerca de la culminación de la Guerra de Reforma y durante su mandato posterior al conflicto, Juárez promulgó las denominadas Leyes de Reforma, un conjunto de decretos emitidos entre 1859 y 1863 que tuvieron como objetivo consumar el proceso de separación de la Iglesia y el Estado.

Algunas fueron la Ley de Nacionalización de los Bienes Eclesiásticos (1859), Ley de Matrimonio Civil (1859), Ley Orgánica del Registro Civil (1859) y la Ley de Libertad de Cultos (1860).

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Con estas leyes se desamortizaron lo bienes de la Iglesia, se estableció el matrimonio como un contrato civil, el registro de las personas quedó a manos del gobierno y no de las iglesias, se puso fin a la intervención del clero en los cementerios, se prohibió la asistencia oficial a funciones religiosas, la religión católica dejó de ser la única permitida, se estableció la libertad de cada persona a profesar el culto de su elección, se secularizaron hospitales y establecimientos de beneficencia y se decretó la exclaustración de monjas y frailes, entre otras acciones.

Todo lo anterior hace que Benito Juárez sea aludido automáticamente cuando se abordan temas referentes a la laicidad del Estado.

Relajación de la laicidad del Estado

Aunque en buena parte del siglo XX el principio de laicidad se mantuvo con cierta firmeza, ya en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, el gobierno de México comenzó a relajar el llamado “principio histórico”, lo cual se dio en el momento en que el gobierno federal reconoció como jefe de Estado a Juan Pablo II.

Y es que en la década de los 70, en virtud de que no había relaciones diplomáticas entre México y la Ciudad del Vaticano, el entonces presidente José López Portillo recibió al papa Juan Pablo II en 1979 al bajar de su vuelo, en su primer viaje internacional, a tres meses de asumir el puesto, pero se refirió a él simplemente como “visitante distinguido” y, tras el saludo, se retiró.

Pese a la distancia guardada de manera institucional, el presidente invitó al pontífice a la residencia oficial de Los Pinos, donde celebró una misa para la mamá de López Portillo.

Por su parte, Carlos Salinas recibió en dos ocasiones a Juan Pablo II, en 1990 y 1993, esta última –realizada en Yucatán– cuando México recientemente había restablecido relaciones diplomáticas con El Vaticano, luego de la reforma que otorgó personalidad jurídica a las iglesias.

Expertos consideran que esta reforma fue una oportunidad para que Salinas mejorara su imagen frente a la ciudadanía, luego de las elecciones de 1988 consideradas por la oposición como fraudulentas. El presidente, en tanto, señaló que su intención era modernizar la relación entre la Iglesia y el Estado.

En tanto, el presidente Ernesto Zedillo ofreció la primera recepción oficial a un papa, tras la reforma del año anterior, con la visita de Estado que Juan Pablo II realizó en 1999 a la Ciudad de México.

El mandatario mexicano recibió al papa en el aeropuerto, luego en Los Pinos en su calidad de jefe de Estado y lo despidió el 26 de enero.

Con Vicente Fox las cosas fueron más allá, pues 3 años antes de su muerte, Juan Pablo II regresó a México en 2003. Al recibirlo en el aeropuerto, el presidente Vicente Fox se hincó frente a él y besó su anillo papal, lo cual fue considerado por críticos como un acto de sumisión que puso en entredicho la laicidad del Estado mexicano, realizado además en una visita pastoral, no de Estado.

El secretario de Gobernación, Santiago Creel, dijo que el presidente había hecho uso de su libertad religiosa sin simulaciones.

A este episodio hay que agregar que durante su toma de protesta como presidente, en pleno Palacio Legislativo de San Lázaro, al nuevo presidente le fue obsequiado un crucifijo por parte de una de sus hijas, a lo que diputados de oposición empezaron a corear “¡Juárez, Juárez!”.

Ya en el sexenio de Felipe Calderón, el mandatario se reunió en 2012 con el papa Benedicto XVI en el estado de Guanajuato, asistió a la misa que ofreció en Silao y lo despidió a su partida.

En su encuentro, los líderes hablaron sobre cambio climático, seguridad alimentaria, la lucha contra el hambre, los desastres naturales y el tráfico de armas, pero también de una reforma religiosa que estaba en curso legislativo. La modificación al artículo 24 de la Constitución fue criticada por supuestamente abrir la puerta a la educación religiosa en escuelas públicas.

El papa se refirió al tema en su discurso, al afirmar que la dignidad humana “se expresa de manera eminente en el derecho fundamental a la libertad religiosa”, término del cual versa el citado artículo. El proceso legislativo siguió y Calderón la promulgó el último día de su mandato, el 30 de noviembre.

Ya en 2016, con la visita del papa Francisco, el gobierno de México declaró al pontífice abiertamente jefe de Estado, por lo que, aunque la vista fue pastoral, la administración de Enrique Peña Nieto sostuvo diferentes encuentros con el pontífice a fin de abordar temas como la colaboración entre los dos Estados en materia de políticas humanitarias, violencia y demás mecanismos de colaboración.

La propuesta de Luévano Cantú

En primer lugar, se propone un cambio al primer artículo de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público para debilitar la separación del Estado e Iglesias, esto al suprimir el ya mencionado “principio histórico”.

Además, cualquier persona, excepto trabajadores del Estado, podrían justificarse con motivos religiosos para evadir responsabilidades civiles. Esto puede dar más armas legales a quienes, como en el caso de la nueva Jerusalén, se niegan a enviar a sus hijos a la escuela por considerar que atenta contra sus creencias, pese a que la educación es un derecho de los niños consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pero además puede derivar en violencia política en razón de género o propiciar violaciones a los derechos laborales de la mujer, así como mayores casos de violencia patrimonial. En todos estos casos bastará con que el agresor argumente motivos religiosos para incurrir en actos violatorios.

Otro punto de la reforma es que las Iglesias podrán transmitir mensajes para su promoción y actos de culto religioso a través de cualquier tipo de medio de comunicación, lo que hasta ahora ha estado regulado por la Secretaría de Gobernación. Pero no podrán poseer o administrar concesiones para la explotación de los medios.

No impide la colaboración entre Iglesias y gobierno para la promoción de desarrollo social, faculta a las personas a contribuir con dinero para sostener cualquier asociación de culto y garantiza que la formación religiosa de sus ministros tenga validez oficial ante la SEP.

Finalmente, otro de los puntos que propone la reforma es que en instituciones oficiales como hospitales o reclusorios, por ley haya ministros de culto o similares para brindar apoyo espiritual a pacientes o internos, lo que de hecho ya sucede, aunque no de manera institucional, sino como voluntariado.

AMLO, en defensa del Estado laico

Este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó su desacuerdo con que se flexibilice la separación legal entre la Iglesia y el Estado, en referencia a la propuesta presentada por la senadora Luévano.

Esta postura permite prever que la iniciativa podría ser rechazada dado que, aunque los partidos de la Cuarta Transformación dominan ambas cámaras, al ser la propuesta a título personal de Soledad Luévano Cantú y no figurar en la agenda legislativa del presidente, difícilmente podría ser aprobada.

Considero que eso ya está resuelto desde hace más de siglo y medio", añadió el presidente sobre el tema, en alusión a las políticas que, como ya se dijo, vienen desde el tiempo de Benito Juárez.

No considero que modificar este principio ayude. Al contrario", dijo López Obrador. "Yo creo que todo el mundo, la mayoría de los mexicanos, está de acuerdo en que prevalezca el Estado laico, lo que establece la Constitución", agregó.

Dijo que el Estado laico no es antirreligioso, sino que garantiza los derechos de creyentes y no creyentes por igual. "A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César", dijo López Obrador.

A este respecto, la senadora Soledad Luévano Cantú, quien propuso la iniciativa, el martes tuiteó que la presentó por cuenta propia y que no estaba firmada por el presidente o su partido, y que cree en la ley y en el Estado laico. "Con respeto, tolerancia y sin tabúes, podemos trabajar juntos para que miles de asociaciones religiosas de nuestro país puedan ayudar a que México sea un país donde todos vivamos mejor", escribió Luévano.

Evangélicos, ¿los beneficiarios de la propuesta?

Andrew Chesnut, profesor de estudios religiosos en la Universidad Commonwealth de Virginia, dijo que la iniciativa de Luévano parecía beneficiar mayormente a los evangélicos y otras minorías religiosas en un país donde 81 por ciento de la población es católica y la Iglesia goza de más influencia que, probablemente, en cualquier otra parte del hemisferio, a pesar de la separación legal entre Estado e Iglesia.

López Obrador, que se ha descrito como un cristiano en el "sentido amplio", se alió durante la campaña presidencial de 2018 a un pequeño partido político muy influenciado por las iglesias evangélicas, el Partido Encuentro Social. Por ello, Chesnut dijo que los evangélicos probablemente vean una oportunidad para ganar más espacio en la sociedad mexicana bajo el gobierno de un "simpatizante".

Sin embargo, los comentarios de López Obrador del miércoles reflejan la inviabilidad política de la propuesta, después de que fuera criticada por casi todo el espectro político y religioso en México, incluso tanto de católicos como de laicos. "El Estado laico en México casi tiene un estatus sagrado", agregó Chesnut.

México, diversidad de cultos

En 2016, la Red de Investigadores del Fenómeno Religioso en México (RIFREM) realizó la Encuesta Nacional sobre Creencias y Prácticas Religiosas en México (ENCREER/RIFREM 2016), en la que, de manera global, las religiones tienen los siguientes porcentajes de feligreses en México: