Torreón: Menores indefensos ante la violencia. Indolencia y sin investigaciones especializadas

Jorge Ávila / La Voz de Michoacán

Morelia, Michoacán. El pasado 10 de enero de este año, un menor de edad dio muerte a su maestra, lesionó a otras 6 personas y se quitó la vida, en el Colegio Cervantes, de Torreón, Coahuila. Luego se supo que las dos armas que ese día llevó a la escuela eran de su abuelo, con quien vivía por el hecho de que su padre no vivía con él debido a que estuvo recluido en Estados Unidos por delitos de narcotráfico y que su madre falleció años atrás.

Las autoridades de ese estado plantearon diferentes hipótesis sobre los motivos que el niño de 11 años tuvo para cometer el hecho: desde culpar a los videojuegos hasta señalar el ambiente familiar del niño. Incluso se mencionó que su madre había sufrido una muerte violenta, que su abuela materna habría sido asesinada por supuestos vínculos con la delincuencia organizada y que incluso sus familiares están involucrados en lavado de dinero.

Las autoridades del estado de Coahuila han hecho esfuerzos por sacar a la luz el árbol genealógico del menor, pero no se ha investigado si el niño sufría algún desorden mental o si tenía problemas emocionales.

En ese sentido, Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), señaló que tanto autoridades como medios han dado un manejo poco profesional a la información del caso, pasando de largo por el hecho de que detrás de la tragedia hay un niño de 11 años, víctima del entorno de violencia que se vive en México desde hace al menos tres sexenios y del cual los menores de edad no están a salvo.

Este niño es un hijo de la guerra contra el crimen. Así como el Estado mexicano decidió usar al Ejército y confrontarse y estimular a que los grupos criminales pasaran de tener pistoleros que cuidaban los traslados a tener ejércitos privados con capacidad de fuego y que se deriven 13 millones de armas disponibles, que exponen a niños y niñas no sólo a que puedan a usarlos, sino sobre todo a ser asesinados”, comentó Pérez García. “Cuántos otros niños y niñas, hijos de personas presuntamente vinculados a hechos criminales, están teniendo la oportunidad de ser atendidos e identificados de forma temprana”, cuestionó.

La situación es alarmante, pues a inicios de este año la Redim denunció que en México, en promedio se asesina a tres menores y desaparecen otros cuatro al día como parte de la espiral de violencia que mantiene asoladas a muchas regiones del territorio nacional.

Es por esa razón que más allá de si la familia del niño del Colegio Cervantes tiene un historial delictivo, lo medular es el riesgo que corren los menores de todo el país de engrosar la cifra roja de muertos y desaparecidos. “Ese es el tema, no si esta familia resultó con un historial criminal, no si el niño tenía el riesgo de convertirse en un criminal famoso: el punto es que los niños y niñas de este país están en peligro, y lo lamentable es que la respuesta de las autoridades es evadir su responsabilidad queriendo convertir a papás, a mamás y profesores en policías”, expresó el activista.

A raíz de estos hechos y la cantidad de informaciones que se han hecho públicas, la Redim urgió a los órdenes de gobierno a que se reconozca que los hechos de Torreón no son un caso aislado, sino que son consecuencia de la violencia armada que lamentablemente también toca a los menores.

A través de un comunicado, el organismo lanzó el exhorto a que los hechos no se reduzcan a simplemente criminalizar al menor y que esto no se reduzca a atribuir la tragedia a un asunto de irresponsabilidad familiar.

Los acontecimientos de Torreón no pueden verse ajenos a la cultura de militarización que ha dejado la fallida estrategia de seguridad. Lo que ha llevado a un flujo masivo de armas, a disposición de familias que buscan protegerse ante contextos de gran violencia, permitiendo el acceso a éstas por parte de niñas, niños y adolescentes. Es necesario reconocer que la estrategia de guerra contra el crimen ha fracasado, impactando negativamente el derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo”.

La Red señala que la administración de Andrés Manuel López Obrador ha seguido la misma fórmula de combate al crimen con los mismos resultados, esto en virtud de que 2019 se colocó como el año con más homicidios dolosos en la historia del país: desde el año 2000 al cierre de 2019, 21 mil niños y jóvenes fueron víctimas de homicidio doloso.

Contenidos relacionados

Salud mental, la clave pasada por alto

Tras los hechos de Torreón, el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, atribuyó la tragedia a una de las aficiones conocidas del niño: “Natural selection”, un juego en el que humanos luchan contra alienígenas. Pero vale precisar que esa versión para salir del paso es errónea, ya que el niño de Torreón no usaba una playera con la leyenda “natural selection” por el juego, sino por cierta afinidad a la masacre de Columbine, en Estados Unidos, en 1999, ya que iba vestido de forma muy similar a Eric Harris, uno de los dos perpetradores. Uno de los jóvenes agresores usaba una playera similar haciendo alusión al darwinismo y no al juego, ya que “Natural selection” salió al mercado en 2002.

Para especialistas, el que el gobernador Riquelme haya culpado de la masacre al videojuego sólo refleja indolencia sobre la salud mental de la población, ya que hasta ahora no se ha dado a conocer la salud mental y emocional del niño como una de las líneas de investigación.

En México, la psiquiatría existe como servicio en su mayoría sólo en 3 ciudades: la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, ya que el 60 por ciento de los especialistas en esa rama de la medicina están en esas ciudades, y aunque la mayoría de las capitales del país cuentan con servicios de psiquiatría por parte del Estado, entidades como Zacatecas, Nayarit, Colima, Guerrero, Tlaxcala, Morelos y Quintana Roo no cuentan con el servicio.

A esto hay que sumar que, en promedio, el costo de una consulta con un psiquiatra va de los 500 a los mil 500 pesos, y que los medicamentos pueden costar entre 6 mil y 40 mil pesos, por lo que tratar problemas como ansiedad o depresión es una posibilidad alejada de 63 millones de mexicanos que viven en la pobreza.

Y mientras la atención psiquiátrica es deficiente, el índice de suicidios se incrementó 50 por ciento entre 2006 y 2019 y es la segunda causa de muerte entre los jóvenes menores de 29 años. Incluso se calcula que este año la depresión será la primera causa de incapacidad en el país.

Niños y niñas, los más vulnerables

Al presentar su balance de 2019, la Red por los Derechos de la Infancia en México enfatizó que en el territorio nacional, diariamente son víctimas de homicidio 3 menores de edad y otros 4 son víctimas de desaparición, y que ante esto, el gobierno federal no ha escuchado el llamado de instrumentar una “estrategia nacional de prevención y atención a la violencia armada contra niños, niñas y adolescentes”.

Juan Martín Pérez, director del organismo, señaló que en 2019 hubo un retroceso en cuestión de violencia contra los menores. Y es que del año 2000 al término de 2019, 21 mil menores de edad fueron asesinados, y los menores no entran en los planes estratégicos del gobierno federal, al considerar que éstos son “objetos de protección” de sus padres y familiares. "No se logra reconocer su ‘equivalencia humana’ frente a las personas adultas, por lo que continúan recibiendo un trato desigual en todas las acciones del Estado y al interior de sus núcleos familiares", se lee en el informe anual de Redim.

La violencia contra los menores de edad ha cambiado de foco rojo, pues si en 2012 Guerrero y los estados fronterizos del norte presentaban los mayores índices de violencia, en 2018 Guanajuato pasó a ser el estado con mayor número de homicidios de menores de 17 años. Y en contraste, el Estado de México fue, entre 2013 y 2018, el estado donde más homicidios de niñas y adolescentes mujeres se cometieron.

En cuanto a violencia de género, entre enero de 2015 y julio de 2019, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública contabilizó 3 mil 297 feminicidios, siendo 317 contra niñas y adolescentes de menos de 17 años. Esto quiere decir que una de cada 10 víctimas de feminicidio era menor de edad.

Acceso a las armas, controles laxos

Un punto que no se puede pasar por alto es la facilidad con la que una persona puede acceder a un arma de fuego. Pese a los controles del gobierno para restringir la venta y portación legal de armas de fuego, en el mercado negro las cosas son diametralmente opuestas.

Durante el primer semestre del año pasado, la venta legal de armas en México aumentó en 35 por ciento respecto del mismo periodo de 2018 debido al aumento de delitos como el homicidio y los asaltos, lo que se suma al alza en la demanda de empresas de seguridad privada y corporaciones de seguridad pública, aunado a la creación de la Guardia Nacional.

Según registros de la Sedena, en el país se contaba con 30 mil 724 armas de enero a junio del año pasado. Esto significa la existencia de un arma legal por cada 3 mil 912 mexicanos. No obstante, datos de la organización Small Arms Survey, la República Mexicana es el séptimo país del mundo con más armas de fuego en poder de civiles, un promedio de un arma por cada 7 habitantes.

No obstante, el mercado ilegal es el que más preocupa, ya que datos revelados el año pasado indican que el tráfico de armas de asalto provenientes de Estados Unidos aumentó en 122 por ciento. “En la mayoría de los homicidios dolosos y otros crímenes de alto impacto cometidos en nuestro país se utilizan armas de fuego, y una mayoría de estas, 7 de cada 10, provienen de los Estados Unidos”, dijo el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, en ese momento.

A este respecto, en entrevista con medios nacionales, Raúl Sapién Santos, presidente del Consejo Nacional de Seguridad Privada (CNSP), comentó que en Estados Unidos es muy normal comprar armas de cualquier calibre en una tienda. “En México no tenemos esa política de vender armas, pero si no tienes un control en tus fronteras, de nada sirve tu control interno”, afirmó.

A esto hay que sumar las armas que las corporaciones de seguridad pública “pierden” y que terminan en manos de civiles. Entre 2006 y 2018, es decir, los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, la Sedena tuvo el reporte de 15 mil 555 armas extraviadas por corporaciones policiacas. El foco rojo es Guerrero, donde se extraviaron 16 de cada 100 armas compradas en esos dos sexenios. Según la organización México Evalúa, esas armas terminan en el mercado negro, y de ahí, en manos de civiles que las adquieren ya sea para delinquir o como medida de seguridad en sus casas o negocios.

Contención mediática, la respuesta de la Federación

Tras los hechos en Torreón, el gobierno federal emitió un comunicado a los medios informativos a fin de dictar directrices para el adecuado tratamiento del suceso, a fin de proteger el derecho a la intimidad de los menores, tanto del niño que disparó como de las víctimas y testigos.

A través del comunicado, el gobierno federal ordena a todos los medios impresos y digitales evitar la difusión de datos personales o fotografías a fin de evitar que resulten identificables o localizables, y esto aplica a hechos distintos al de Torreón donde haya menores involucrados.

Además, se prohíbe publicar imágenes o notas que propicien la discriminación, criminalización o estigmatización de los menores de edad.

El comunicado, firmado por la Dirección General de Medios Impresos de la Secretaría de Gobernación, amaga con que se dará “puntual seguimiento” al cumplimiento de lo mandatado, y que el medio de viole la disposición, se hará acreedor a sanciones, eso sí, sin menoscabo de la libertad de expresión.