Redacción / La Voz de Michoacán

El diputado Sergio Gutiérrez Luna (Morena) propuso reformar la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para establecer que la información sobre fenómenos anómalos no identificados en poder del gobierno sea de carácter público. Esto mientras en otros temas de mayor interés para la ciudadanía, el gobierno federal se reserva la información.

“Toda información respecto a fenómenos anómalos no identificados que sea de conocimiento de cualquier instancia del Poder Ejecutivo federal no deberá ser clasificadas por ningún motivo o razón”, refiere la iniciativa presentada hoy por el legislador.

Dicha propuesta derivó de dos foros realizados en la Cámara de Diputados, en coordinación con el investigador de ovnis, Jaime Maussan, y la participación de pilotos de Estados Unidos y otros investigadores.

Gutiérrez Luna señaló que es necesario otorgar, recopilar y brindar la información acerca de estos fenómenos sin ningún obstáculo, y reconocerlos y desclasificar esta información en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

“Desclasificar la información relacionada a FANI (Fenómeno Anómalo No Identificado, por sus siglas en ingles UAP “Unidentified Anomalous Phenomenon”) es el instrumento idóneo para lograr el progreso y desarrollo de la nación en materia de transparencia y acceso a la información”, refirió en su iniciativa.

El proyecto se sustenta en que pilotos de Estados Unidos y México han observado objetos voladores que no tienen un origen específico, por lo que el gobierno federal debe coadyuvar a esclarecer de qué se trata.

“Cientos de pilotos militares y comerciales unos de origen mexicano y otros extranjeros han informado de encuentros con FANI. El Pentágono ha publicado varios videos en los últimos años que muestran algunos de los objetos. En muchas ocasiones, las explicaciones suelen ser terrenales: se tratan de globos meteorológicos drones o avionetas. Aunque en otras ocasiones su origen es un misterio”, abundó.

Información importante bajo reserva

Aunque es importante que la información sobre los ovnis sea pública, hay temas de mayor interés y sensibilidad que el gobierno ha decidido mantener bajo reserva de hasta 5 años. Aquí algunos ejemplos.

Los nombres de 240 municipios en poder del crimen

El 16 de diciembre del año pasado, se dio a conocer que por “motivos de seguridad”, el gobierno de México se reservaba por cinco años la información de cuáles son los 240 municipios del país que en ese momento no contaban con policías municipales o que “gobiernos locales entregaron a la delincuencia organizada”, como reveló el 17 de octubre de 2022 el entonces secretario de Gobernación, Adán Augusto López.

En ese sentido, el medio de investigación periodística ContraRéplica realizó una solicitud de acceso a la información al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) para conocer el nombre de esos municipios sin cobertura en seguridad, pero la dependencia explicó que, a partir de la petición, la información se reservaría durante cinco años debido que revelar cuáles eran esos territorios pondría en vulnerabilidad la vida de sus habitantes.

Además, señaló que “el riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda” debido a que el derecho a la vida y a la seguridad de las personas se encuentra por encima de cualquier otro derecho como el a la información, pues la revelación supone “un daño desproporcionado e innecesario”.

Agentes extranjeros en México

El 19 de abril de este año, el medio Expansión Política difundió que aunque en México operan agentes de Estados Unidos, China, Alemania y 11 países más, no es posible conocer cuántos tienen autorización del gobierno federal y para qué actividades, debido a que todo lo relacionado con estos elementos fue reservado por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

“Clasificaron como reservada por un periodo de cinco años al número de agentes extranjeros de los países autorizados de Estados Unidos de América, Alemania, Australia, Chile, Colombia, Corea del Sur, Ecuador, El Salvador, Francia, Israel, Italia, Perú, República Dominicana y República Popular China”, precisó la Unidad de Transparencia de la SRE a una petición de información de dicho medio.

Lo anterior quiere decir que si la información está reservada desde marzo de 2020, se podrán conocer los detalles de la presencia de agentes extranjeros hasta 2025, después de concluido el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

La decisión de reservar la información responde a que se trata de información confidencial, señaló la SRE. “Es de carácter reservada, toda vez que podría menoscabar las relaciones internacionales con dichos países, aún más cuando la información es proporcionada con el carácter de confidencial para proteger al personal designado”, señala la institución.

Información de las asambleas para elaborar planes de estudio y libros de texto

En junio de este año y en medio de la polémica por el supuesto adoctrinamiento gubernamental a través de los nuevos libros de texto, la Secretaría de Educación Pública (SEP) reservó por 5 años la información de las asambleas realizadas para consultar la reforma a los planes de estudio y los libros de texto gratuitos que el gobierno ha querido instrumentar.

La información fue solicitada a través de transparencia por el medio Animal Político, luego de que el titular de la Dirección de Materiales Educativos de la SEP, Marx Arriaga, difundiera en redes sociales documentos relacionados con estas asambleas para justificar que sí se consultaron los nuevos planes y libros de texto.

En su publicación de redes sociales, Arriaga afirmó que se realizaron 41 asambleas que convocaron “a miles” y contaron con la asistencia de más de “1 millón de personas”.

Sin embargo, en respuesta a la solicitud 330026023002356, donde se pidieron datos sobre las asambleas y análisis de los materiales para el ciclo escolar, la SEP reconoció que existe “un cúmulo de información considerable relacionada con los libros de texto gratuitos”. Sin embargo, señaló que al contener “minutas, acuerdos y actas relacionadas con la elaboración y diseño de los materiales, dar a conocer estos elementos que no forman parte de un proceso final puede ser un obstáculo para su elaboración y desarrollo”. Además, indicó que la carpeta con la información solicitada “podría contener información susceptible de protección de datos personales”, por lo que se reservó, aunque quienes participaron —según la secretaría— fueron servidores públicos.

El avalúo al avión presidencial

El 7 de agosto de este año, El Universal dio a conocer que el avalúo del avión presidencial que realizó el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin) fue reservado hasta el año 2028. Esa fue la respuesta que ofreció la autoridad federal a una solicitud de información realizada por el diario nacional.

El gobierno federal afirmó que la venta del Boeing 787 Dreamliner se realizó en las mejores condiciones y a un “precio no menor” al valor comercial del determinado por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales; sin embargo, por años no se podrá conocer el documento técnico del valor del avión, que tiene capacidad para 80 pasajeros e interiores de lujo, oficina, sala de juntas, recámara con cama king size, regadera, amplios sillones, acabados en piel, caminadora y que contaba con mil 759 horas de vuelo al momento de la venta.

En un comunicado, el director general del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), Jorge Mendoza Sánchez, dio a conocer que la venta del avión presidencial se concretó a un precio de mil 659 millones de pesos, es decir, alrededor de 92 millones de dólares.

Auditoría a la autoridad aeronáutica

Finalmente, el pasado 12 de septiembre, El Financiero informó que el gobierno federal reservó hasta por 5 años la información de los resultados, comunicaciones, resoluciones y discusiones finales de la última auditoría realizada por la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) a la autoridad aeronáutica mexicana, esto porque, según la AFAC, pondría en riesgo la recuperación de la categoría 1 y las relaciones diplomáticas con Estados Unidos.

“Periodo de Reserva: 5 años de conformidad a lo establecido en el artículo 99, párrafo sexto de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP), o bien hasta que se extingan las causas que dieron origen a su clasificación aludida”, refiere la respuesta de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC).

En ese sentido, El Financiero solicitó, durante los procesos de degradación, asistencia técnica y auditorías, los documentos que se originaron de las múltiples revisiones a la estructura de la autoridad aeronáutica mexicana.

El último documento al que pudo acceder fue el de las minutas de la última auditoría en seguridad aérea practicada entre el 29 de mayo y el 2 de junio de este año, donde aún se daba cuenta de los hallazgos no resueltos por la Agencia mexicana, mismos que han impedido la recuperación formal de la categoría 1.