Alza de feminicidios en México, relacionada con cárteles: especialistas; en Michoacán, más huérfanos

Redacción / La Voz de Michoacán

Morelia, Michoacán. La creciente militarización y la llamada “guerra contra las drogas” han tenido un papel importante en el aumento de la violencia de género en México en los últimos años, según un documento de implicaciones para sustentar políticas, publicado por el Wilson Center

La violencia contra las mujeres en México lleva años de crecimiento sostenido. Entre 2006 y 2021 fueron asesinadas en México cerca de 43 mil mujeres, según cifras oficiales del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que también muestran un aumento sostenido del número de feminicidios y homicidios de mujeres año a año.

Organizaciones feministas y de la sociedad civil, como Intersecta y Data Cívica, junto con académicos mexicanos, han afirmado que el aumento de los feminicidios y los homicidios de mujeres tiene relación directa con las políticas de seguridad y el crimen organizado en México, que se centraron más en la militarización durante ese periodo y han cambiado las formas y lugares en las que se presenta la violencia de género.

Las autoras del reciente informe orientador de políticas sobre las nuevas tendencias en violencia basada en género en México y los impactos de la guerra contra el crimen organizado en el país en cuestiones de género, Gema Kloppe-Santamaría, investigadora asociada global del Instituto de México en el Wilson Center y profesora asistente de Historia latinoamericana en la Universidad George Washington, centra su investigación en la violencia, la delincuencia, la religión y el género en México y Centroamérica. Por su parte, Julia Zulver, investigadora asociada en el instituto Marie Curie, especializada en feminismo de alto riesgo, estudia cómo y por qué hay movilizaciones de mujeres en Colombia y México a pesar del alto riesgo de violencia, informa InSight Crime.

En cuanto al papel del crimen organizado en el incremento de la violencia de género en México, Gema Kloppe-Santamaría (GKS) señala que es un efecto indirecto, dado que las mujeres han quedado en una posición más vulnerable como resultado de las confrontaciones entre organizaciones criminales y de los enfrentamientos entre actores estatales y actores armados no estatales. “Ha habido un cambio muy importante en términos de participación más abierta de las fuerzas de seguridad del Estado, como la policía o el ejército, en la lucha contra el crimen organizado, que pone en riesgo a las mujeres. En el proceso de militarización de la seguridad, mayor circulación de armas, ha aumentado la letalidad de la violencia contra las mujeres”. Pero indica que no hay claridad total sobre los mecanismos que producen estas muertes. “No he leído ninguna investigación que apunte a una relación lineal, de causa-efecto entre los ataques directos de las organizaciones criminales contra mujeres. Creo que es más un efecto indirecto de las confrontaciones entre esos grupos”.

En tanto que Julia Zulver indica que las mujeres y sus cuerpos han sido usados estratégicamente como botines de guerra y se ha usado la violencia contra las mujeres como mecanismo de control de las comunidades. “Esto es algo que vemos en zonas en conflicto en todo el mundo, pero no es algo que yo haya visto necesariamente en las comunidades en las que he trabajado en México”.

Lo que se observa, dice Julia Zulber, es que, donde se recrudece la violencia entre las comunidades y la delincuencia organizada, donde hay enfrentamientos con fuerzas del Estado, se observan patrones alrededor de quien se criminaliza. “Muchas de las personas que conozco y las mujeres y madres con las que he trabajado tenían hijos sin relación alguna con el crimen organizado y, sin embargo, los desaparecieron y asesinaron por ser jóvenes, pobres y hombres de cierto color de piel. También vemos que la hiperviolencia se normaliza con la hipermilitarización. La violencia es cotidiana en los diarios, en la cultura popular, en la televisión. A medida que se normaliza, vemos una transición sobre cómo impacta los hogares en términos de violencia y homicidios domésticos”.

Estos factores, a decir de Gema Kloppe-Santamaría, han provocado cambios en la violencia de género que se ejerce en México en los últimos años. Los feminicidios y homicidios totales están creciendo en México desde los años 80. El mayor cambio es que los homicidios contra las mujeres no siguieron necesariamente la tendencia de los homicidios contra los hombres, pero con la guerra contra las drogas, especialmente la iniciada en la administración de Felipe Calderón, estudios recientes sugieren que el gráfico de homicidios contra hombres y mujeres sigue la misma curva. Ese es un indicador de que los factores causantes de los asesinatos contra mujeres y los asesinatos contra hombres se están asemejando.

“El otro aspecto más cualitativo de estos asesinatos, que ha sido señalado por organizaciones feministas en México, es que más de la mitad de ellos sucede con armas de fuego, que no era el caso anteriormente, y suceden en el espacio público. Eso indica un cambio en la relación entre el perpetrador y la víctima. Esto tiene implicaciones de política importantes: no es suficiente redoblar las campañas de prevención en el ámbito de la violencia doméstica. Las mujeres ahora caen en la esfera pública, lo que indica que toda esta militarización de las respuestas de seguridad y la guerra contra las drogas las están afectando directamente”, dijo Gema Kloppe-Santamaría.

También hay aspectos que no han cambiado, dice la especialista, en el sentido de que la percepción pública es que estas mujeres estarían “metidas en algo”, que quizá tenían que ver con el crimen organizado o que de alguna manera tenían relación con redes criminales que las pusieron en riesgo. Y así, dice, este es “un cóctel muy tóxico” entre las organizaciones criminales que atacan a las mujeres, o mujeres que quedan atrapadas en el fuego cruzado de estos encuentros entre organizaciones criminales y el Estado. “Y para completar, se encuentra la continuidad de estas dinámicas culturales”.

Desde hace años hay desconfianza enel manejo de cifras que las autoridades hacen para medir la violencia, acusando un subregistro de víctimas. A este respecto, Gema Kloppe-Santamaría señala que “la recopilación de datos —en especial desde una perspectiva feminista— debe mejorar. Hay un problema de subregistro. Y diferentes niveles de gobierno tienen diferentes prácticas de recolección de datos. Clasifican los feminicidios de manera diferente en los distintos estados y a nivel federal. Eso complica la comprensión del fenómeno”.

Por su parte, Julia Zulber aclara que tener más datos no significa necesariamente que haya un cambio de respuesta. “Hasta los 90, vimos que una de las primeras iniciativas de recopilación de datos sobre los feminicidios en Ciudad Juárez fue la de una madre que empezó a saber de todos estos casos —hijas y mujeres desaparecidas— y vio que no se estaban registrando. Entonces comenzó a crear sus propios archivos y a seguir un método muy de base para documentar lo que estaba pasando. Debemos tratar de reunir tanto la cantidad de datos, en términos de registro de los casos, y la calidad, en términos de que nos den mayor información sobre las circunstancias de los feminicidios y las desapariciones.

Pero de los 90 para acá, con los cambios en el modus operandi de los cárteles, las mujeres también han debido cambiar la forma en que abordan la presencia y acciones del crimen organizado, ya que recientemente se ha visto una tendencia de madres de las desaparecidas que trabajan en conjunto con activistas que tienen canales de diálogo con los grupos criminales para pedir una tregua que les permita buscar a sus familiares desaparecidos. “Al parecer ha habido una respuesta positiva de estas organizaciones criminales. Incluso hubo un video circulando, donde este grupo criminal pedía al presidente AMLO que participara en un diálogo para un cese al fuego. Esta tendencia añade un matiz a la narrativa que dice que estas mujeres simplemente son victimizadas por estos grupos, indica Gema Kloppe-Santamaría.

Y Julia Zulber agrega que es una dinámica muy compleja, cuando las mujeres deben hacer ese tipo de acuerdos o tratos con actores criminales para que se les permita ir a buscar a sus hijos que podrían haber perdido la vida a manos de estos mismos actores. “Eso es muy incómodo para muchas de estas mujeres. Pero reitero, no es simplemente que las organizaciones narcotraficantes o criminales sean responsables de las desapariciones y asesinatos. Hay grados altísimos de complicidad entre los actores criminales y el Estado”.

Finalmente, a la pregunta de qué hacer para por fin poner un alto a la violencia de género en México, Gema Kloppe-Santamaría ve una ventana de oportunidad ante el hecho de que los feminicidios y desapariciones se concentren en ciertos municipios y regiones. “Ahí hay una oportunidad de intervenciones dirigidas, donde los programas de investigación policial y prevención estén diseñados estratégicamente para trabajar con comunidades en alto riesgo”. En tanto que Julia Zulber concluye que las políticas diseñadas para abordar la violencia de género son reactivas: alguien está desaparecido, alguien fue asesinado, se halló un cuerpo. “Pero en mi opinión es cuestión de prevención. ¿Cómo se analizan estos factores multifacéticos, la cultura, las normas sociales y la educación, las diferentes alternativas en torno a la conceptualización de las masculinidades y las feminidades? Ese tipo de proyectos son costosos a largo plazo y difíciles de medir en términos de resultados cuantificables. Pero sabemos cuán efectivos pueden ser en términos de reducir algunos de los factores causantes de los feminicidios y las desapariciones”.

En Michoacán se siguen acumulando

De acuerdo con una nota de Arturo Molina publicada en este medio, suman 143 casos de feminicidio y homicidio doloso en agravio de mujeres que serán turnados a la Comisión Estatal de Atención a Víctimas (CEAV) del estado de Michoacán para la su atención inmediata. Huérfanos, víctimas indirectas y daños a familias serán atendidos a través de distintos esquemas de atención con apoyos sociales.

En los últimos años, después de la emisión de la Alerta por Violencia de Género declarada en Michoacán en 2016, los homicidios dolosos contra mujeres se cuentan por cientos, y con ello hay cientos de víctimas indirectas que siguen pendientes de ser atendidas.

Sobre este tema, Josué Alfonso Mejía Pineda, comisionado para la Atención a Víctimas, señaló que las cifras siguen creciendo en todos los rubros. No sólo se trata de la mujer privada de la vida en el actual contexto de violencia de género, sino que el impacto de los feminicidios y homicidios de mujeres se deja sentir directamente en el tejido social y termina por mutilar a la familia, el núcleo de la sociedad.

“Nosotros ya estamos operando un programa desde el año pasado. Tenemos una bolsa ya lista y hemos estado buscando porque la intención de la iniciativa es que todas las víctimas indirectas del feminicidio puedan acceder. A la par tenemos el programa para huérfanos del feminicidio. Yo les decía que una mujer que vive ese delito, una de las grandes preocupaciones es el qué va a pasar con sus hijos”, manifestó.

Los últimos datos compartidos por la Seimujer destacan que suman más de 180 huérfanos por los feminicidios y homicidios de mujeres en el estado de Michoacán. En los últimos 6 años, la violencia de género ha dejado cientos de víctimas indirectas que, en su mayoría, son los hijos de las mujeres privadas de la vida.

En el caso de las víctimas de feminicidio el panorama es más complejo: en muchos casos el agresor es el padre o pareja sentimental de la mujer, por lo que la familia termina con una ruptura total en cuanto a la tutela de los menores. “Estamos en el proceso ya de levantar un registro integral de todos los huérfanos, no sólo como un apoyo adicional, sino como una política transversal de atención educativa y jurídica. tenemos 143 casos de feminicidio que ya nos empezó a vincular la fiscalía desde estos meses y que queremos atender”, manifestó, y es que el número de víctimas sigue en aumento desde el inicio de la actual administración estatal, tendencia que se mantiene desde hace 6 años.

A decir de Carolina Rangel Gracida, titular de la Seimujer, en próximas semanas se darán a conocer las bases para los apoyos económicos a los huérfanos a causa de feminicidios. En total, serán 4 mil pesos mensuales que se entregarán en conjunto cada bimestre a los tutores, que en muchos de los casos son hermanas de las víctimas, abuelas, tías, en su mayoría mujeres de la misma familia que además se enfrentan a carencias económicas.

“Desde que estamos contemplando el tema del feminicidio, se está trabajando con la Comisión Estatal de Víctimas para generar cuidadores de hijos e hijas de víctimas del feminicidio. En el histórico, en el último corte teníamos 180 infancias, número proporcionado por las carpetas de fiscalía. Estamos buscando darles un apoyo mensual de 4 mil pesos mensuales a los niños que quedan en la orfandad y que quedan en cuidado de las tías, de las hermanas, de la abuela. Casi siempre al cuidado de otra mujer”, explicó.

Datos a 2021 revelaron que hasta un 80 por ciento de los huérfanos de los últimos 3 años son custodiados por sus abuelos, mientras que otro 10 por ciento son resguardos en las instancias del DIF Estatal.

Se estima que hasta un 60 por ciento de las mujeres que perdieron la vida de manera violenta durante los últimos años tanto en contexto de homicidio doloso como de feminicidio, fueron madres de familia de uno o más hijos, víctimas indirectas quedaron en el desamparo.

Con información de Arturo Molina.