Redacción/La Voz de Michoacán Michoacán. El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, dijo tajantemente este lunes ante la prensa que habrá castigo para las autoridades omisas en el linchamiento de los cuatro presuntos mexiquenses en el municipio de Zitácuaro, los cuales supuestamente estuvieron involucrados en un robo en una tienda de abarrotes y en la privación de la libertad de una menor (la cual fue rescatada por la gente), acontecimiento registrado el fin de semana anterior. El mandatario estatal recalcó: “Ordené una investigación detenida en contra de los servidores públicos omisos o irresponsables, que sabiendo lo que podía suceder no actuaron con oportunidad ¡Cero impunidad, venga de donde venga! Si el director de Seguridad Pública y el Fiscal Regional asentado ahí sabían lo que podía ocurrir y no tomaron las medidas correspondientes, van a tener que responder ellos por omisos. Debieron haber actuado desde el sábado y se dedicaron a ser espectadores. ¡Eso prohibido! He girado instrucciones al procurador para que inicien las investigaciones, tanto de los que participaron en los hechos como de los que fueron omisos, me refiero a las autoridades, a los mandos policiacos. Asimismo, dejó en claro que nadie puede hacer justicia por su propia mano: “Se está haciendo una investigación rigurosa, es inaceptable eso, porque es la expresión más clara de la falla del gobierno. No podemos permitir que en un estado de Derecho, en un estado democrático y de instituciones haya este tipo de barbaridades, así que quienes hayan participado en este hecho van a tener que responder ante las autoridades competentes, nada de que: ‘somos indígenas’, esa no es ninguna razón para hacer justicia por su propia mano porque eso sólo genera más violencia. Si habían detenido a quienes cometieron el delito, el que haya sido, debieron haberlo presentado ante la autoridad”. Cabe mencionar que más de 70 personas de las Tenencias de Francisco Serrato y de Crescencio Morales (ambas pertenecientes a la demarcación de Zitácuaro), incluidos los jefes de Tenencia, han rendido declaración ante la Procuraduría General de Justicia que indaga el tema, para lo cual también la dependencia ha emprendido diversos peritajes y diligencias.