El Universal/La Voz de Michoacán Ciudad de México. La Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió ya una recomendación por violaciones graves a los Derechos Humanos en agravio de 536 personas víctimas de delito, entre ellas niñas, niños y adolescentes en situación de extrema vulnerabilidad, localizados en la casa hogar "La Gran Familia" que dirigía Rosa del Carmen Verduzco Verduzco, mejor conocida como "Mamá Rosa". La CNDH hizo llegar el documento al gobierno de Michoacán y a otras 14 entidades federativas derivada del expediente CNDH/5/2014/4850/Q, luego de que el 15 de julio del año 2014, personal de la Procuraduría General de la República irrumpió con una orden judicial al albergue "La Gran Familia". El argumento de la PGR durante el operativo fue rescatar a los menores de edad que vivían hacinados y en precarias e insalubres condiciones de vida en ese lugar del municipio de Zamora, que acumuló cerca de 150 denuncias penales. El operativo mediante el cual fue desmantelado y asegurado el albergue fue dirigido por el entonces gobernador de Michoacán, Salvador Jara Guerrero, y el otrora comisionado federal para la Seguridad, Alfredo Castillo Cervantes. El documento en poder de EL UNIVERSAL, la CNDH pide al gobernador en turno (Silvano Aureoles Conejo) que conforme un grupo multidisciplinario e interinstitucional para que en un plazo de 6 meses localice a las 536 víctimas. Lo anterior, indica el organismo, con la finalidad de generar acciones indispensables para restituirlos en los derechos humanos que les fueron vulnerados, de acuerdo a las particularidades de cada caso de cada una de las víctimas. Asimismo le fija un plazo de 6 meses para que se elabore un diagnóstico sobre la situación específica de todos los albergues y casas hogar del estado de Michoacán e identificar situaciones de vulnerabilidad y se de atención a esta población, bajo referentes de estudios internacionales en la materia. Además de que, en un plazo de seis meses implemente programas de prevención de trata de personas, dirigido a responsables de casas hogar y albergues, así como a los sistemas DIF en el que se les reiteren sus obligaciones al frente de esas instituciones. Al gobernador de Michoacán y al presidente municipal en turno la CNDH les fijó un plazo de seis meses para que instauren un memorial como remembranza de lo acontecido para que no vuelva a suceder y deje constancia de la resiliencia de las víctimas. Y además, de que se asuma públicamente su obligación de respetar los derechos de las niñas, niños y adolescentes, en especial a los que se encuentran en situaciones de extrema vulnerabilidad y que alerte sobre el peligro de la indiferencia, la discriminación y la violencia", señala la recomendación. A los gobernadores del Estado de México, Jalisco y Querétaro, la Comisión Nacional de Derechos Humanos les pide realizar, en un plazo máximo de tres meses, una auditoría a los sistemas DIF estatales. Lo anterior, destaca, para que se analicen las responsabilidades administrativas en que servidores públicos de esas instancias incurrieron en enviar a personas menores de edad a la casa hogar ("La Gran Familia"), tal como lo reconocieron sus autoridades. "Sin que hayan demostrado la causa legal de dichas determinaciones, así como haber omitido dar el seguimiento, así como haber omitido dar el seguimiento y verificación correspondiente a cada caso", advierte el documento de más de 500 fojas. Otros de los estados a los que señala la recomendación para este mismo caso son: Baja California, Durango, Guerrero, Guanajuato, Nayarit, Morelos, Puebla, Tabasco, Tamaulipas y Sinaloa. De igual forma extiende exhortos a la Procuraduría General de la República, Secretaría de Desarrollo Social, Instituto Mexicano del Seguro Social, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Instituto Nacional de Bellas Artes, entre otras instancias del gobierno federal. En todos los casos, la CNDH pide se realicen investigaciones para determinar si hubo irregularidades en la atención, recursos y programas involucrados o relacionados con la casa hogar y las víctimas y se le finquen responsabilidades a sus funcionarios.
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