Yurécuaro, Michoacán. La empresa Ferrocarril Mexicano Sociedad Anónima de Capital Variable insiste en llevar ante las autoridades encargadas de procurar justicia al alcalde de Yurécuaro, Marco Antonio González Jiménez y a sus colaboradores, Octavio Fortoul Curiel y Soraya Arroyo Chavolla, director y regidora de Obras Públicas respectivamente. Y es que, a través de un apoderado legal, la compañía ferrocarrilera ha demandado la revisión de la sentencia otorgada por el Juzgado de Circuito con sede en la ciudad de Morelia en la que se le concede al Ayuntamiento de Yurécuaro el amparo de la Justicia. De acuerdo con lo dado a conocer por parte del Secretario del Ayuntamiento, Oscar Eduardo Miranda Ramírez, se demostró ante la autoridad en la materia que “en ningún momento ha sido intención de este ayuntamiento ni del Gobierno municipal en turno apoderarse de algún espacio u ostentar la propiedad sobre él. Los trabajos que se hicieron fueron para mejorar las condiciones de salud y seguridad social de las personas que viven en la zona aledaña a la estación del ferrocarril. “En el caso de la Plaza de la Maquinita, no se ha violentado ninguna reglamentación ni se ha invadido algún terreno propiedad de ferrocarriles. Se trata del rescate de un espacio público para destinarlo al uso y disfrute de los yurecuarenses. El lugar, en las condiciones en que estaba, era refugio de malvivientes y ahora es un sitio de reunión de muchas familias”, aseguró. Aún así, la compañía ferrocarrilera argumenta con recursos legales que el amparo del que disfrutan las autoridades yurecuarenses es improcedente, pues atenta contra lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley de Amparo y en el diverso 107, facción I de la Constitución Federal. Como se recordará, anteriormente se dio a conocer que la empresa Ferrocarril de Mexicano S. A. de C. V., demandó ante la ley a las autoridades de Yurécuaro acusándolas de invadir terrenos federales al ejecutar las obras de remodelación de la Plaza de la Maquinita y la construcción de la calle Privada Ferrocarril.