Carlos Casillas/La Voz de Michoacán Lázaro Cárdenas, Michoacán.- Derechohabientes del ISSSTE que demandan que el servicio de hemodiálisis se les otorgue localmente acudían ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos al considerar que su derecho a la salud está siendo violentado. Luego de dos días de protesta “pasiva” en las afueras de la clínica Ricardo Flores Magón, donde reciben atención médica, aunque el servicio de hemodiálisis lo reciben en Uruapan y ahora pretenden ser canalizados a Apatzingán, los pacientes advirtieron que ante la falta de respuesta de las autoridades hospitalarias y delegacionales acudirán ante esa estancia a que haga las recomendaciones necesarias en favor de su salud. Pacientes, sus familiares y la dirigencia de profesores democráticos locales han insistido en que debe instalarse aquí el equipo necesario para el procedimiento médico que necesitan los casi 70 enfermos o en su defectos ser canalizados a alguna clínica local que les otorgue el servicio adecuado, pues han advertido que fuera de aquí son atendidos solo por enfermeras y no por nefrólogos, lo que incrementa los potenciales riesgos. Explicaron que los traslados foráneos conllevan riesgos y no se trata de no exponerlos a ellos, con lo delicado de su salud a que todavía puedan empeorar, se trata de que estén pisoteando los derechos de estos contribuyentes y de esta gente que ahora que ocupan que alguien vea por ellos, les dan la espalda. Ante la situación precaria que sufren los pacientes que requieren del servicio de hemodiálisis y diálisis peritoneal han al director de la clínica, Gabriel Ramírez Garzón, gestione ante la Dirección Nacional subrogar el servicio en esta ciudad debido a que la empresa que realiza el servicio en Uruapan no cuenta con médico responsable. Explicaron que otro motivo de la demanda es que el servicio en Uruapan está saturado y la nueva autoridad clínica planteó la necesidad de contar con una segunda opción, mandarlos a la ciudad de Apatzingán. La diálisis en el servicio privado llega a tener un costo de un mil 600 pesos por sesión y a la semana se requieren varias sesiones por paciente. Los quejosos demandan que la empresa a la que subrogan el servicio traiga los equipos a Lázaro Cárdenas, o contrate el ISSSTE el servicio de las clínicas locales que tienen este servicio.
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