Notimex/La Voz de Michoacán EUA. Debido a problemas económicos el año pasado, Laura Peniche viajó por todo Denver para recibir comida gratis de las iglesias y así alimentar a sus tres hijos pequeños. Tenía demasiado miedo para solicitar el apoyo alimentario del gobierno. Cuando se le ofreció la oportunidad hace unas semanas de alquilar un departamento con renta reducida a través de un programa municipal, lo rechazó. En lugar de eso, hace rendir su dinero para pagar varios cientos de dólares más al mes rentando en otro lugar. Todo por los rumores que escuchó de que los inmigrantes que solicitaban las tarjetas de residencia permanente, o “green cards”, serían rechazados si alguna vez hacen uso de la asistencia pública. Ahora, el gobierno del presidente Donald Trump ha propuesto un cambio de norma que contemplaría algunos de esos rumores, y los inmigrantes y sus defensores intentan averiguar qué repercusiones tendrá cuando entre en efecto. Se preocupan de que la medida sea un intento ilegítimo de restringir la inmigración a personas de bajo ingreso y que podría provocar que los inmigrantes teman utilizar servicios sociales que ellos o sus familias necesitan. Peniche se pregunta si debe hacer más, como evitar utilizar un programa preescolar financiado por el gobierno local para la más pequeña de sus hijas. Tiene dos niñas y un niño que nacieron en Estados Unidos. Como es ayuda del gobierno, siento que no puedo utilizarlo”, dijo Peniche, de 34 años, quien llegó de México siendo adolescente y está amparada por el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA). Todavía espera algún día tener la oportunidad de solicitar la residencia permanente, así que siente que no puede arriesgar beneficiándose de algún tipo de apoyo gubernamental, incluso para sus hijos. “Siento que cualquier cosita... podría utilizarse para evitarme ser residente”, dijo. La propuesta del gobierno se centra en si un inmigrante en busca de tarjeta de residencia permanente es considerado un “gasto para el estado” dependiente del gobierno. Hasta ahora, las directrices en vigor desde 1999 hacían referencia a alguien que recurriera a asistencia en efectivo, subsidios o apoyo gubernamental para ser internado a largo plazo. El Departamento de Seguridad Nacional quiere redefinir el “gasto para el estado” como alguien que probablemente reciba asistencia pública en algún momento. Y la definición se ha ampliado para incluir SNAP (o asistencia alimentaria), Medicaid, asistencia para vivienda o subsidios para Medicaid Parte D. Los refugiados o personas en busca de asilo quedarían exentos, y la norma no será aplicada retroactivamente, informó el gobierno. En promedio, 544.000 personas solicitan cada año una “green card”, de las que 382.000 caerían en categorías que estarían sujetas a esta revisión, según el gobierno. La revisión de normas “busca asegurar mejor que los solicitantes de admisión a Estados Unidos... sean autosuficientes, por ejemplo, que no dependan de recursos públicos para cubrir sus necesidades, sino que dependan de sus propias capacidades y los recursos de sus familias, patrocinadores y organizaciones privadas”, dice la propuesta. Según un análisis de los datos del censo de The Associated Press, los inmigrantes de bajos ingresos que todavía no son ciudadanos utilizan Medicaid, apoyo alimentario, asistencia en efectivo y Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) en un menor nivel que los adultos comparables nacidos en Estados Unidos con bajos ingresos.
La Voz de Michoacán
