Jorge Manzo/La Voz de Michoacán Michoacán. El desplazamiento de personas en Michoacán es un problema que no ha cesado, sin embargo, nadie sabe qué tan agudo sea en estos momentos. Ninguna instancia oficial cuenta con cifras, pero han advertido que la violencia ha acelerado la “expulsión” forzada de decenas de familias de zonas rurales y urbanas. Tierra Caliente sigue siendo el “foco rojo” en donde Los Viagra se disputan el territorio con el Cártel Jalisco Nueva Generación, aunque no es la única región. La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos es la instancia que tiene la estadística más actualizada sobre el fenómeno. En 2017 se reportaron mil 350 personas desplazadas; mil 200 se movieron a Aguascalientes huyendo de las garras del narcotráfico. La única referencia que tienen las instancias es que eran indígenas purépechas, mientras que otras 150 personas procedentes de Nueva Italia se refugiaron en Tijuana. Eran familias enteras. Las personas que son “expulsadas” no acuden a denunciar ante el Ministerio Público ni a otras instancias de ayuda y prefieren alejarse del problema, por miedo y por otras circunstancias. La Comisión de Atención a Víctimas reconoce que es un problema que sigue presente, que duele y que lastima, pero que es complejo de abordar, y requiere de la intervención de todos los sectores. Michoacán está en el quinto lugar nacional, después de Chiapas, Guerrero, Sinaloa y Oaxaca. Activistas como el fundador del movimiento de autodefensas, Hipólito Mora Chávez, y el sacerdote José Luis Segura Barragán, quienes habitan en la región de Tierra Caliente, reconocen que su atención es uno de los enormes pendientes que tienen las autoridades y que se agudiza ahora por la disputa que hay entre cárteles, y que deja en medio a familias. Incluso, la problemática ha sido tal que siguen los “levantones” y hasta la quema de casas de quienes se resisten a cooperar. Por otra parte, el primer informe de estancia de investigación proyecto denominado “Organizaciones Paramilitares, Grupos de autodefensas y Desplazamientos Internos forzados en México 2006-2013” elaborado por la doctora Luz María Salazar Cruz afirma que el desplazamiento interno forzado en Michoacán asciende a 21 mil habitantes en ese periodo. Afirma que el desplazamiento interno forzado en la entidad para el periodo estuvo directamente vinculado al contexto de violencia. Así, los municipios en donde se han originado los desplazamientos en la entidad son: Acuitzio, Aguililla, Angangueo, Atizapán, Aquila, Arteaga, Buenavista, Carácuaro, Cherán, Chinicuila, Coahuayana, Coalcomán, Ecuandureo, Gabriel Zamora, Hidalgo, Huetamo, Jiquilpan, Juárez, La Huacana. Así como La Piedad, Lagunillas, Lázaro Cárdenas, Los Reyes, Nuevo Urecho, Peribán, Sahuayo, Susupuato, Tacámbaro, Tancítaro, Tanhuato, Tarímbaro, Tepalcatepec, Tiquicheo de Nicolás Romero, Tumbiscatío, Turicato, Tuzantla, Tzitzio, Uruapan, Vista Hermosa, Yurécuaro, Zacapu, Zamora, Zitácuaro. Dicho informe fue presentado en el Senado de la República. El presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Víctor Manuel Serrato Lozano apuró a las autoridades a reconocer la existencia de este fenómeno en el país y la entidad, a fin de que el Estado Mexicano, establezcan los mecanismos para la atención y solución a los conflictos que lo originan; pero además para que se garanticen los derechos a la salud, educación, alimentación, vivienda y empleo de las personas desplazadas. La problemática no sólo se concentra en la Tierra Caliente, sino que otras zonas como Aquila también reproducen estas conductas. Buscan asilo político en Estados Unidos Los datos más recientes que hay se remonta al 2017 cuando la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos elaboró un informe, que es tomado como referencia por las autoridades, en donde se evidencia la existencia del desplazamiento de personas. Fue en diciembre cuando se reportó la llegada a Tijuana de cientos de personas. “Las familias huyen de la violencia generada por grupos del crimen organizado y del narcotráfico en sus comunidades de origen”. Las familias emigraron a la frontera con Estados Unidos a fin de pedir asilo. A pesar de temperaturas de 10 o menos grados Celsius, las personas desplazadas estuvieron durmiendo en las calles alrededor de la explanada del Instituto Nacional de Migración. Eran madres con sus hijos, niños, jóvenes menores de edad, personas mayores y hombres. No se sabe si volvieron a Apatzingán o Nueva Italia, de donde eran originarios, refieren los informes que hoy son materia de análisis. En otro episodio, alrededor de 300 familias indígenas decidieron desplazarse por motivos de la violencia generada en el estado a Aguascalientes. “En el caso de los purépechas muchos son desplazados por la violencia y expresan su deseo de quedarse por miedo de que se lleven a sus muchachos (…) Se los llevan a trabajar –la delincuencia organizada- en las actividades que ellos realizan”, refiere María del Carmen Wuotto González, presidenta de la asociación MAIS, Man-comunidad de la América India Solar de ese estado. Esas familias indígenas llegaron a Aguascalientes y posteriormente algunas han emigrado a otros estados para buscar alguna fuente de sustento. Se trata de un contingente de 300 familias, es decir, mil 200 personas. Tampoco se sabe si regresaron a sus lugares de origen, pero no son las únicas: el sacerdote José Luis Segura Barragán alertó que en fechas recientes la disputa entre cárteles está provocando que ese problema resurja en comunidades de los municipios de Apatzingán y Buenavista. Los casos más recientes No tengo números actualizados, pero el problema se ha presentado en las comunidades de El Alcalde, El Paso del Capire y Las Caguingas. En este último lugar hasta quemaron las casas los criminales”, confesó el sacerdote, quien afirmó que eso para quienes no conocen la problemática de Apatzingán podría parecer una novedad, sin embargo, es el día a día de las familias que habitan estas tierras que actualmente son disputadas por Los Viagra. Esta versión fue ratificada por Hipólito Mora Chávez, quien en 2014 levantó en armas a los habitantes de la tenencia de Felipe Carrillo Puerto, en Buenavista. “La verdad la situación está complicada. Se pasean por donde quiera los delincuentes, frente a los ojos del Ejército Mexicano. El 2 de febrero desaparecieron a 5 personas, entre ellas, un sobrino, y no sabemos absolutamente nada de ellos. Esa es la realidad a diario aquí y lo único que están sembrando es terror y miedo en las familias”. Buenavista se encuentra en los límites de Michoacán con Jalisco. Ese territorio actualmente es disputado entre Los Viagra y el Cártel Jalisco Nueva Generación. La mayoría del territorio está en poder del cártel que lidera Nemesio Oseguera. “La policía municipal está al servicio de ellos”, dijo Mora Chávez, al reiterar que no tiene ningún miedo de hacer esta denuncia, pues aseguró que ya está en la mira de otros grupos a quienes está incomodando por sus declaraciones. “Las familias están huyendo de esto”, dijo. En el informe del desplazamiento interno forzado en México en donde colaboró la Comisión Estatal de los Derechos Humanos refiere que la situación de inseguridad en Michoacán ha causado estragos sociales entre los que se encuentra este problema. “Según datos recabados, se da cuenta de que existe en muchos habitantes el deseo y la disposición, ante el miedo y la incertidumbre colectiva, de cambiar de residencia y abandonar sus lugares de origen, sujetos de constancia violencia e inseguridad”. Expone también que las hostilidades han motivado a cientos de personas y familias a desplazarse al interior del país y a Estados Unidos. Aborda casos específicos que se han documentado por personal de la Visitaduría Regional de Lázaro Cárdenas y reconocen que no existen lineamientos ni planeación alguna para prevenir las causas y otorgar atención a las implicaciones que conlleva los desplazamientos. A esta serie de acciones emprendidas por diversos entes gubernamentales a favor de la población desplazada, se incluyen algunos otros organismos e institucionales nacionales que han incorporado en sus leyes y programas la atención del desplazamiento”, expone el organismo. Los desplazados huyen de sus comunidades a consecuencia de actos criminales y violaciones a sus derechos humanos cometidos en su contra o de su familia; por el temor de ser privados de la vida ante un clima de violencia y de impunidad”, reconoció el ombudsman michoacano. Lo que ha documentado la CEDH En el 2013 la CEDH dio vista a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), sobre el caso de al menos 200 familias desplazadas de los municipios de Aquila, Coalcomán y Chinicuila, luego de las declaraciones del alcalde de Coahuayana, Andrés Cárdenas Guerrero, quien hizo pública esta situación; ante la llegada de personas procedentes de esas demarcaciones; parte de este grupo emigró al vecino estado de Colima. Por estos hechos la CEDH integró los expedientes 365/2013, 376/2013 y 386/2013 en la Visitaduría Regional de Lázaro Cárdenas, los cuales fueron remitidos a la CNDH por cuestión de competencia. En el caso de las familias michoacanas del municipio de Aquila que se refugiaron en el estado de Colima, en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de ese estado, el 14 de agosto de 2013, se abrió el expediente de queja CDHEC/586/13 por abuso de autoridad, derecho a la legalidad y violación al derecho a la integridad física en contra de elementos de la Policía Federal. Cristina Cortés Carrillo, comisionada de atención a víctimas en el estado, admitió que el fenómeno no está reconocido como tal, y al no estarlo afecta en las políticas públicas para que sea atendido dignamente. “Nos encontramos en que quienes han estado haciendo las investigaciones más formales son asociaciones civiles y la academia. Están concentrados atendiendo la problemática, y son quienes dan los datos de Michoacán”. Reconoció que el fenómeno no tiene nada de sencillo de abordar, e incluso, resaltó que las personas desplazadas podrían ayudar a las instituciones acudiendo a denunciar. Admitió que se deben generar los instrumentos de evaluación y vio un gran reto para poner atención al fenómeno que es real y que se sigue presentando. Pidió el involucramiento de los municipios e instituciones. “La academia está documentando ya”. El alcalde de Buenavista, también desplazado Sin embargo, Hipólito Mora Chávez denunció que hasta las propias autoridades son desplazadas. Dijo que el alcalde de Buenavista, Gordiano Zepeda, no radica en la localidad y desde Morelia está operando. “Viene dos o tres días, pero él no está aquí”. Él llegó a gobernar esa localidad, tras el asesinato del presidente electo, Eliseo Delgado. El historial de muerte de ediles en esa zona tampoco es nuevo. Pero los desplazados no sólo fijan su mirada hacia el exterior del estado, sino también a otras ciudades como Morelia. “Si le preguntas a un taxista, llegó de Apatzingán porque allá no había condiciones para vivir”, dijo Cristina Cortés Carrillo al exponer un ejemplo, y reiterar que el tema se debe abordar con total seriedad, y es un quehacer que deben hacer todas las autoridades. El sacerdote José Luis Segura ve el problema muy grave en las comunidades que pertenecieron al control de los Caballeros Templarios y que hoy “no tienen dueño”. El tema ha sido poco tocado, reprocha, pero evidencia que las expulsiones se han dado de manera violenta desde hace dos años y medio. “En algunos momentos ha arreciado, y ahorita sigue”. Es como un fantasma, todos hablan de él, pero nadie lo tiene documentado”, dicen familias que han sido víctimas del desplazamiento y que han tenido que huir para no poner en riesgo su vida. Aunque admiten que el peligro está en cualquier lado, y si quieren hacerles algo, los criminales no descansan hasta conseguirlo. La otra “expulsión” Sin embargo, no sólo han sido expulsados por la violencia que ocurre en la Tierra Caliente, sino por “usos y costumbres”. A principios de año, en la comunidad de La Cofradía, en Aquila, padres de familia fueron encadenados y encarcelados por órdenes de la autoridad comunal del pueblo nahua tras oponerse al cierre de la primaria bilingüe. Ellos, ya no pueden radicar ahí. Los hechos se registraron al interior de la Escuela Primaria Benito Juárez, cuando por órdenes de la autoridad, elementos de la Policía Comunitaria realizaron esta acción en contra de los inconformes, y ninguna autoridad ha podido hacer más. Hay “cerrazón” entre los habitantes. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos también documentó ese hecho y le dio seguimiento, pero ha sido complejo involucrarse.
La Voz de Michoacán
