Carlos Casillas / Corresponsal. Lázaro Cárdenas, Michoacán. Luego de cuatro días de protestas, acreedores que se manifestaron en el acceso al recinto portuario obtuvieron el ofrecimiento de que la Presidencia de la República habría de intervenir de manera directa, en la reanudación de la mesa de dialogo con la empresa ICA para negocia el cobro de unos 50 millones de pesos que adeuda a unos 20 empresarios locales desde hace dos años. Lo anterior se concretó durante la movilización y luego el intento de los manifestantes de ingresar al recinto portuario, fuertemente resguardado por fuerzas federales, quienes con vallas les impidieron ir más allá de la “torre cinco”. La noche previa un encuentro con funcionarios federales, entre ellos el delegado en Michoacán de la secretaría de Gobernación, Enrique Martín Castillo y el secretario de seguridad pública, Bernardo Corona Martínez, no permitió se alcanzarán acuerdos con quienes demandan el pago de unos 50 millones de pesos, ya que la empresa ofrecía negociaciones particulares con cada acreedor. “Eso ya lo habíamos logrado nosotros, dijo Francisco Trejo, vocero de los microempresarios acreedores y que prestaron servicios de pailería, transporte, herramientas, refacciones, buceo y hasta alimentos, que dejaron de ser pagados desde diciembre de 2015, tras la rescisión del contrato de construcción de la segunda terminal de contenedores para la empresa APM, que fue inaugurada el 4 de marzo pasado, por el mismo presidente Enrique Peña Nieto. La mañana de este jueves, los inconformes pretendieron ingresar al recinto portuario, donde se llevaría la ceremonia conmemorativa del Día de la Marina, para hacerse escuchar por el presidente de México, lo que les fue impedido por fuerzas federales con las que, sin embargo, no se generó altercado alguno. David Salgado Monroy, de la oficina de atención ciudadana de la presidencia de la república, a quien plantearon la problemática y denunciaron las inconsistencia e incumplimiento de funcionarios federales que han atenido este caso, demandó a los inconformes “la oportunidad de enterar al mandatario sobre la situación y pidió la confianza a la dependencia que representa para tender puentes con ejecutivos de ICA para encontrar solución a partir del martes echo. Cabe mencionar que en el caso de los campesinos de los ejidos Santiago Zacatula, Guacamayas y Melchor Ocampo, que reclaman el pago de unos 20 mil millones de pesos por poco más de 500 hectáreas que aseguran les pertenecen en las islas del Cayacal y La Palma, donde se proyecta el desarrollo industrial de la Zona Económica Especial, no dieron a conocer si tuvieron acercamientos o encontraron solución.
La Voz de Michoacán
