Lázaro Cárdenas, Mich.- El cabildo de este puerto asumió ayer que la junta de gobierno del Comité de Agua Potable y Alcantarillado debe ser renovada toda vez que algunos de sus integrantes ya no cuentan con la representación moral con la que asumieron el cargo y sus cargos ocupados por los nuevos dirigentes de los organismos que una vez representaron. La determinación se asumió luego de que los propios regidores denunciaran, como hizo Daniel Barragán, que el Capalac funciona mal, da un pésimo servicio y se han documentado malos manejos financieros, por lo que también deberán hacerse las denuncias penales correspondientes. Entre otros consejeros que deberán dejar los asientos que ostentan dentro de la junta de gobierno, está Pedro Tapia, quien lo asumió mientras fue Presidente de la Canaco, Ricardo Guichar, quien fuera director del Tecnológico, Macario Guerrero en su tiempo presidente del Consejo coordinador Empresarial. Los nuevos titulares de las dependencias que alguna vez representaron éstos, serán llamados al organismo rector del Comité de Agua. Barragán Farías dijo que hay la concepción de que al interior del organismo hay malos manejos financieros y dijo que uno de ellos es la simulación de de condonación de adeudos que no son tal, sino que cobran una cantidad menor que no ingresa a caja y es manejado como si se hubiera tratado de una condonación al cien por ciento. Explicó que el gobierno municipal tiene problemas para justificar los subsidios que otorga al organismo porque su director no los comprueba y aún más, por la condición de organismo autónomo no podemos hacer siquiera una recomendación. Mas aún, el regidor Ismael Plancarte dijo que “al director del organismo del agua debería darle vergüenza la calidad del liquido que entrega a la población, es una verdadera porquería y además de turbia es mal oliente; tenemos, agregó, un problema de salud que se puede empeorar si nos e toman a tiempos las medidas al interior. En ese sentido, determinaron que se realicen las denuncias penales “con los elementos de prueba que hay” y sea la autoridad competente quien haga una pronunciamiento al respecto y el ayuntamiento ponga” un precedente de mano dura contra la corrupción oficializada”