Elecciones en Michoacán, bajo el yugo de la delincuencia organizada

Jorge Manzo / La Voz de Michoacán

Morelia, Michoacán. Uruapan, Zamora y Apatzingán y sus localidades aledañas han sido clasificadas como regiones en donde el crimen organizado tiene mayor control y presencia.

La tentación de la delincuencia por colocar a personajes afines es latente, sin embargo, el árbitro electoral aclara que su labor se limitará a organizar la jornada que llega a su clímax en junio del 2021, en tanto que mapear las zonas de peligro corresponderá a la autoridad de seguridad, y los partidos tendrán la responsabilidad de postular a candidatos “limpios”, sin vínculos a ningún cártel o gavilla.

El Instituto Nacional Electoral (INE) está consciente de que, en Michoacán, junto con otros cuatro estados del país, el crimen organizado tiene presencia y control en algunos ámbitos, sin embargo, el problema de la criminalidad es transversal y afecta a todos los sectores de la sociedad, incluido el electoral.

Por una parte, considera que los partidos políticos deben postular a personajes que no tengan cuentas pendientes con la justicia ni sirvan a otros intereses, y evitar que el financiamiento provenga de la delincuencia, o de la Iglesia, gobiernos o de entes externos.

La Secretaría de Seguridad Pública tiene plenamente identificados cuatro grupos delictivos en Michoacán: El Cártel Jalisco Nueva Generación, Los Viagra, Templarios Nueva Generación y Generación Morelia. Tienen base operativa en Morelia, Uruapan, Lázaro Cárdenas, Zamora y Jiquilpan.

Hasta ahora no hay un cártel hegemónico. De acuerdo con información de la Fiscalía General de la República, citada por Sin Embargo, son siete los cárteles que se disputan la región bajío del país, y los dos más fuertes son La Familia y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Rodrigo Antúnez Álvarez, representante en Michoacán del Observatorio Ciudadano, afirmó que la preocupación es latente en todo el estado, puesto que el involucramiento de grupos delictivos en el proceso electoral podría darse de manera generalizada y no en los municipios que siempre han sido señalados. Incluso, advirtió que Morelia está en ese riesgo.

Recordó que en la tierra caliente hubo candidatos manchados, y que estuvieron vinculados con la delincuencia. Consideró que los aspirantes a cargos no deben comprometerse con nadie, fuera del marco de la ley. “Una de las variables más significativas que pueden alterar el resultado del proceso electoral es la presencia de grupos delictivos y la presión que ellos vayan a ejercer en el proceso electoral o en candidatos o posibles candidatos.

Es por ello que les recordamos a los aspirantes que deben controlarse y no caer en la tentación de hacer acuerdos relacionados con proveduría, obra pública o seguridad con ellos. Como ciudadanos organizados les exigimos que se abstengan de hacer acuerdos de este tipo”, dijo el representante de la organización civil. Alcaldes, directores de seguridad y de obras públicas, incluso jueces, han sido vinculados por las autoridades federales con el crimen organizado, sin embargo, estas acusaciones no se dan durante el proceso electoral, sino cuando ya han sido electos.

En 2009 ocurrió el primero y uno de los episodios más emblemáticos de la historia reciente cuando el gobierno de Felipe Calderón puso en marcha el llamado “Michoacanazo”, en el que se capturaron a una treintena de servidores públicos acusados de servir a la Familia Michoacana, en ese entonces cártel hegemónico.

Meses más tarde, todos recuperaron su libertad, echando abajo esas acusaciones. Asimismo, en 2014 el movimiento de autodefensas desnudó lo que meses antes se denunció insistentemente: alcaldes y funcionarios acudieron ante Servando Gómez Martínez, “La Tuta” para pedirle favores a cambio de votos.

La prueba fiel era una videoteca, que poco a poco fue exhibiendo a presidentes municipales y funcionarios que “desfilaron” ante el capo de los Caballeros Templarios, hoy detenido en el penal de El Altiplano. A raíz de ello, el gobierno de Enrique Peña Nieto creó la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, y que, entre sus tareas, destacó la captura de quienes estuvieron vinculados con esa organización delincuencial.

La presencia de grupos delictivos es latente en todos los municipios del estado y del país. El riesgo de que nuevamente se involucren es generalizado. Hay municipios en donde cuentan con 25 policías y ahí se tiene un grupo armado de 150 elementos con equipo traído de manera ilegal desde los Estados Unidos. Con esto por sí solo deduces quién tiene el control”, dijo Antúnez Álvarez, quien se ha especializado en analizar las numeralias que cada mes entregan las autoridades en materia de seguridad y procuración de justicia.

Él afirma que no tiene información precisa ni confirmada de cuántos grupos operan en la entidad. El Instituto Nacional Electoral ve dos grandes ámbitos donde persiste la tensión o relación conflictiva entre elecciones y el crimen organizado. El primero se basa en la intromisión directa o la captura de la política, en su dimensión, por parte del crimen, y concretamente esto se traduce en la idea de candidaturas que son cooptadas o donde se colocan a personajes vinculados.

En efecto, reconoce que es un problema que afecta pero que no es responsabilidad directa del árbitro electoral, puesto que no son instancias ministeriales para verificar esos temas.

Hasta donde se sabe, se ha hablado mucho, es un fenómeno presente, pero no generalizado en todo el país. Hay casos focalizados en Guerrero, Michoacán, Tamaulipas, Sinaloa y Jalisco, que son estados en donde el crimen tiene presencia y control”, dijo Lorenzo Córdova Vianello, presidente del Instituto Nacional Electoral, quien reiteró que éste no es un problema del árbitro, sin embargo, se le ha querido introducir, incluso, pidiendo que asuma las funciones de verificador de buena conducta de los aspirantes a un cargo de elección popular.

Sugirió que no se le solicite al Instituto Nacional Electoral que supla las responsabilidades que están establecidas para las autoridades, sin que esto signifique que el partido verifique a qué candidatos pretende postular para las distintas posiciones que se juegan. Los ministerios públicos son los que deben revisar quiénes son los aspirantes y si existe una orden de aprehensión de inmediato se procede a la cancelación del registro.

En donde sí hay una participación más directa es en lo financiero, auditando o fiscalizando los gastos que se realizan en campañas, y que se apeguen a la legalidad. Sin embargo, hasta ahora no se tiene identificado un solo caso en el país en donde el crimen organizado de manera directa haya financiado campañas políticas.

Revisar que todo esté apegado a la legalidad también significa que la Iglesia, gobierno o entes extranjeros no metan recursos a las campañas. Aunque admite el presidente que en donde existe un riesgo de captura mayor es en el ámbito local y municipal, por su vinculación directa o mayor acercamiento, pero advirtió que se tienen las facultades para que en los municipios también se les revisen sus cuentas a los proyectos políticos. David Alejandro Delgado Arroyo, vocal en Michoacán del INE, reconoce que Michoacán al igual que otras entidades vive momentos difíciles en temas de seguridad, aunque a veces sube o baja, pero está presente esa preocupación entre la ciudadanía.

Pero reiteró que el Instituto Nacional Electoral es el organizador del proceso, aunque no es ajeno a ese contexto. No obstante, no es su competencia proveer seguridad a la ciudadanía, sino que hay una autoridad competente para eso.

“El INE tradicionalmente ha establecido canales de diálogo con estas instituciones, cuando se nos convoque compartiremos las actividades que nosotros desarrollamos y buscaríamos tener un respaldo de las autoridades”, dijo Delgado Arroyo, quien compartió que han comenzado con el despliegue de todo un ejército de ciudadanos para comenzar con los trabajos operativos, y aunque así fuera, no hay capacidad institucional para que se le ponga un policía a cada uno de los capacitadores.

Nosotros no estamos persiguiendo el delito ni juzgando a personas, nuestra labor es organizar el proceso electoral”, remarcó Delgado Arroyo, tras destacar que quienes trabajan en estas labores son del lugar y conocidos por su entorno, lo que ha resultado exitoso para el árbitro electoral.

“Son identificables en sus comunidades y eso genera confianza. La incidencia en realidad es baja y no pone en riesgo el proceso electoral”. El proceso electoral del 2021 tendrá varios matices.

Desde el 6 de septiembre comenzó su organización, y si bien aún faltan meses para que concluya, poco a poco se están realizando las tareas tendientes para que se realice sin contratiempos, a pesar de que hay fenómenos que merodearán, entre ellos, la inseguridad, así como la contingencia por el nuevo coronavirus. Especialistas coinciden que será un proceso electoral muy distinto a lo que ya ha vivido, partiendo de que la delincuencia ha crecido en presencia, y se conoce que está tentada a “ganar” posiciones.