Arturo Molina / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. Ante los conflictos y problemas de inseguridad que prevalecen al interior del estado y a la cercanía del proceso electoral 2020-2021, las Mesas para la Construcción de la Paz trabajarán a partir de esta semana en los temas referentes a garantizar la gobernabilidad de la entidad en un contexto preelectoral. El secretario de Seguridad Pública, Israel Patrón Reyes, señaló que las sesiones diarias de estas mesas, en donde participan autoridades estatales, federales, municipales, sociedad civil y organismos autónomos, tendrán como tarea identificar y trabajar en todo aquello que pudiera representar un problema para el proceso. Cuestionado por medios de comunicación sobre la situación que prevalece en las distintas regiones, el funcionario estatal aseguró que el trabajo de los siguientes días se focalizará en garantizar un proceso terso. “La Mesa para la Construcción de la Paz sesiona diariamente y en estos días se está sometiendo el inicio del proceso electoral donde estado, Federación y municipios estaremos tomando acciones en principio preventivas y, en su caso, estrategias que permitan que el entorno electoral se realice con éxito”, explicó. En próximas semanas el Instituto Electoral de Michoacán iniciaría con el despliegue de casi mil capacitadores que tendrán que instalar los procesos de elección en los 112 municipios donde hay elecciones y 10 regiones del estado de Michoacán. El objetivo es que se realice la capacitación de más personal en cada uno de los distritos que permita el desarrollo del proceso. Al respecto, el IEM no ha pronunciado algún tipo de preocupación en torno a la situación que se vive en la entidad. No obstante, la situación cada día se complica más. Hasta el momento la región de la Meseta Purépecha ya se ha convertido, de nueva cuenta, en un punto en donde podría determinarse de nueva cuenta no participar en el proceso electoral e, incluso, no permitir la instalación de las casillas. La intervención policial del 5 de abril del 2017 dejó heridas que los comuneros de Arantepacua aún no perdonan. Con base en lo anterior, parte de la comunidad ha señalado que no permitirá el acceso a las campañas y mucho menos las actividades de los comicios de junio próximo. No obstante, no toda la comunidad está de acuerdo con esta determinación y han emplazado a que solicitarán la intervención de las autoridades estatales y federales para que se intervenga con efectivos policiales para que se garantice tanto el desarrollo de las campañas como el derecho universal del voto. El caso de Arantepacua es sintomático. Desde inicios de año, al menos una veintena de comunidades indígenas de Michoacán ubicadas en 11 municipios señalaron se mantendrían en su postura de no participar en el proceso electoral del próximo año. Uno de los puntos que se puso sobre la mesa es la participación de las comunidades originarias en la política. El Consejo Supremo Indígena de Michoacán evitó mencionar los nombres de las comunidades debido a que están por oficializar su postura para este fin de demanda, en tanto que, reconocieron, eran al menos las que en el proceso electoral del año 2018 se mantuvieron ajenas a las elecciones. Durante el proceso electoral de 2018, la situación se complicó por la renuencia de los comuneros de la región en permitir la celebración de las elecciones. Al cierre de campañas y menos de 3 días para la jornada electoral más importante de la historia de México, un total de 45 casillas electorales fueron dadas de baja en la Meseta Purépecha. Municipios con civiles armados La violencia alcanzó de manera importante a los candidatos durante el último proceso electoral celebrado en 2018. En ese contexto en una sola semana la violencia costó la vida a 3 candidatos de distintos institutos políticos. Así mismo, al menos 3 regiones del estado, en diferentes zonas de Tierra Caliente y la Costa michoacana han sido reconocidas como puntos de conflicto por la presencia de grupos armados en donde incluso, se han detectado problemas de desplazamientos de población por los casos de violencia. En el caso de Aquila, la población de Pichilinguillo hace al menos 2 meses que denunció haber salido de la región por la extorsión, homicidios y presión de los grupos delictivos. Al respecto, el secretario de Seguridad Pública de Michoacán, Israel Patrón Reyes, explicó que al menos en este caso ya se está trabajando en garantizar el retorno de la población a la comunidad que durante años se dedicó al turismo. Otro de los puntos en donde se observa esta tendencia es en Parácuaro, en donde explicó que más que un desplazamiento de población civil se han observado la llegada de otros grupos delincuenciales que desplazan a los grupos de civiles armados ya establecidos en la región, por lo que se observan estos fenómenos. El caso más evidente, reconoció, es en el municipio de Aguililla. Si bien en la cabecera no se han registrado problemas en los últimos años, en las comunidades como en el caso de El Aguaje se ha observado la llegada y conflictos de grupos delictivos. Las incursiones de grupos delictivos y los enfrentamientos con grupos locales han tenido incidencia en la percepción de seguridad.
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