José Luis Ceja Guerra / La Voz de Michoacán Jiquilpan, Michoacán. “Estamos ante un proceso de violencia crónica, que son periodos largos y sostenidos de violencia que generan transformaciones sociales profundos”, reflexionó Rubén Darío Ramírez, investigador de la Unidad Académica de Estudios Regionales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en esta ciudad, quien agregó que este proceso de expansión de la violencia genera también la pérdida de hegemonía del Estado en la región de Michoacán. Durante la década de los 70 y 80 el Estado llegó a controlar a los grupos que en su momento se dedicaban a la producción de droga vegetal en la entidad, de esta manera, destaca el especialista, el control ejercido no representaba ningún problema de riesgo para el Estado mismo. “La apertura económica y la aplicación del modelo neoliberal generan el desmantelamiento del Estado y una serie de programas que, de algún modo, estaban generando ciertos beneficios y que contenían la pobreza y al mismo tiempo la violencia”, valoró. Es a través del desmantelamiento de lo que el investigador llama ‘el Estado del Bienestar’ que un gran sector poblacional se vio sumido en una suerte de vacío, en términos de sobrevivencia, lo que le volvió proclive a participar de actividades ilícitas. “Por el otro lado, se da una apertura política en el país en el proceso de transición paralelo a la cuestión de los procesos neoliberales que implica la pérdida de hegemonía del PRI en casi todas las regiones y la llegada de partidos opositores a los gobiernos municipales, principalmente, y esto abre vacíos que el partido hegemónico y el Estado ya no pueden controlar o ya no llenan, y entonces aparecen grupos ilegales que empiezan a participar fundamentalmente en la vida económica”, narró. La pérdida de control propició que estos grupos se fueran asentando y comenzaran a configurar un desafío a la hegemonía del Estado y al propio monopolio de la violencia que era ejercida por el Estado y que para este momento había ya perdido su fuerza en algunos territorios, que es otro de los procesos que agravan la complejidad del problema de la violencia y que propicia la expansión de estos grupos hasta controlar 80 de los 113 municipios de la entidad en los que el Estado era un ente prácticamente inexistente, destaca Ramírez Sánchez. “Para intentar resolver esto hay una intervención en el 2014, creo que fallida igual que la de Calderón en el 2006, con la suplantación del gobierno estatal que estaba en manos de Fausto Vallejo y el establecimiento de una estructura paralela que tenía como objetivo, en un estado convulsionado por el surgimiento de las autodefensas, los grupos delictivos y otros, intentar resolver el problema de la violencia”. Esto, aseguró el académico, trajo como consecuencia que el desmantelamiento de los grupos civiles armados denominados autodefensas, que en algunos casos estaban infiltradas por los grupos delictivos. “Estas autodefensas en muchos casos se convierten en policías rurales y en otros casos se van a las filas del narcotráfico, es decir, la solución a la violencia no llegó y se multiplicó el problema”, recordó. Impactos sociales y costos económicos Destacó que el establecimiento de los grupos organizados al margen de la ley en ciertas regiones genera modificaciones en el ámbito social y cambia sustancialmente la vida de las poblaciones, “y tiene efectos en todos sentidos: sociales, económicos y políticos”. Destacó Rubén Darío Ramírez que estos cambios sociales se dan porque se generan rupturas al interior de la comunidad, ya que se pierden las relaciones de solidaridad en cada comunidad. “Los procesos de socialización que generan los grupos ilegales tienen un efecto directo en la población en la forma de entender el mundo, en la forma de moverse del mundo, en la forma de apropiarse del mundo, es una especie de confiscación de la seguridad, de moverte en tu pueblo, de moverte a ciertas horas, de convivir con ciertas personas; hay una especie de normalización de la violencia que nos lleva a tomar medidas precautorias”, postuló el investigador. En lo que hace al impacto económico en las regiones y el estado de estos grupos, el especialista destaca el control de ciertas actividades productivas, principalmente al margen de la ley, pero también de actividades inscritas en la economía formal: “Hay un control específico de sectores de la economía que de algún modo tienen que doblegarse frente a la fuerza de los grupos y esto genera que estos grupos ilegales se interesen mucho por los enclaves económicos que significan los anclajes económicos, esto quiere que decir que pueblos o localidades económicamente fuertes van a ser muy atractivas para estos grupos”.
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