Jorge Manzo/La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. Durante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, Michoacán experimentó una de sus peores etapas de seguridad y gobernabilidad. Nadie imaginaba que el 2014 estaría marcado por el “fuego y la sangre”. Un 24 de febrero habitantes de la Tierra Caliente tomaron las armas y se rebelaron en contra del poder que adquirieron los criminales en casi todos los sectores de la sociedad. La ausencia del Gobierno provocó el surgimiento de los grupos de autodefensa. Al paso de los meses, el estado acaparó los reflectores del mundo, ante la incapacidad de reacción de los gobiernos locales; esto hizo a despertar al Ejecutivo federal y estructuró una estrategia especial para recuperar el estado de derecho. Los Caballeros Templarios, grupo criminal que instaló un auténtico narcogobierno en Michoacán, como era de esperarse “cobraron poco a poco las facturas” a sangre y fuego a los “insurrectos”, desatando a su paso una guerra. Alcaldes y funcionarios de los tres niveles estaban a sus órdenes. Los cabecillas de la organización licitaban y las asignaban las obras, cobraban derecho de piso, extorsión y cuotas, y las policías locales en una mayoría servían como “halcones”, incluso, cumpliendo órdenes encomendadas. Había ediles que estaban copados y asustados, en el mejor de los casos. Otros servidores públicos murieron ejecutados, sin que en su momento se revelaran las causas reales. Por ello, tras la presión social, el Gobierno de la República creó la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral con atribuciones casi plenipotenciarias, con la idea de comenzar a limpiar no solo las calles, sino a las instituciones, de quienes ilegalmente se apoderaron los delincuentes. Fausto Vallejo Figueroa era gobernador, y en la elección colaboró con votos para el proyecto el entonces candidato Peña Nieto. Fue uno de los estados que aportó una cantidad importante de sufragios para el mexiquense. Peña provocó en su momento, aunque en menor medida, el mismo efecto que Andrés Manuel López Obrador en la actualidad. El voto lineal desencadenó que en Michoacán candidatos obtuvieran la victoria en las urnas por el simple hecho de ir bajo las siglas del tricolor. Desde entonces se cuestionó que personajes ligados a la delincuencia estuvieran postulados. Después, una decena de funcionarios públicos, entre ellos alcaldes, fueron aprehendidos por sus presuntos vínculos con el narco, aunque luego obtuvieron la libertad; sin embargo, el problema ahí no concluyó. Nazario Moreno González, el jefe e ideólogo de los Caballeros Templarios, seguía vivo y daba indicaciones. El Gobierno de Felipe Calderón lo dio por abatido, pero, en esta crisis que pegó al estado, él más tarde fue considerado uno de los responsables de la inseguridad. Alfredo Castillo Cervantes, el exprocurador en el Estado de México, fue encomendado para rescatar a Michoacán. Había dejado la Profeco y junto con su equipo más cercano inició con el trabajo operativo que incluyó labores de inteligencia para desarticular a las estructuras del poder que habían sido penetradas por los criminales. Hubo una limpia de personal operativo y de confianza en las dependencias de seguridad y procuración de justicia, pero fueron más allá: también se incrustaron en educación y salud. Los videoescándalos con Servando Gómez, “La Tuta”, “desnudaron” la colusión que alcanzó en Michoacán. El presidente exigió que no hubiera tregua, y al paso de los meses fueron cayendo las tres cabezas más visibles de la que fue considerada la organización más sanguinaria y estructurada. El poder del cártel siguió, aunque debilitados. Poco a poco se fueron fortaleciendo a los grupos de autodefensa, quienes ayudaron al Gobierno de Peña Nieto a desarticular al cártel, pero, la historia hoy consigna que una parte importante de esos grupos también fueron alcanzados por la delincuencia, y engrosaron sus filas. Esa descomposición social no sólo tocó a las corporaciones oficiales, las cuales, según se reveló, ostentaban abiertamente en sus despachos las insignias templarias, también ocurrió en el ámbito civil: constructores, abarroteros, prestamistas, campesinos y empresarios formaban parte de la organización delictiva; algunos de manera directa y otros indirectamente. Ante tal escenario, el grueso de la sociedad estaba en total vulnerabilidad y desconfiado de las autoridades, las cuales entendían como parte del crimen. A paso lento, durante casi un año, Castillo desplegó la cruzada de rescate. En ese entonces se anunció que, durante el sexenio de Peña Nieto, Michoacán recibiría 45 mil millones de pesos para combatir la inseguridad y para generar obra pública. “Se le ha instruido no escatimar esfuerzo alguno a fin de recuperar la confianza de los michoacanos, a fin de entregarles resultados concretos”, dijo el entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, a Castillo, para iniciar la cruzada más trascendente en materia de seguridad, de donde pendía la tranquilidad del estado. Su llegada provocó reacciones de la oposición. No querían a un enviado presidencial con poderes casi absolutos, a pesar de las condiciones críticas que vivía la entidad. Su salida, un año después de su nombramiento, fue considerada como una necesidad para propiciar una jornada electoral sin aspavientos. Silvano Aureoles Conejo se convirtió en el gobernador del estado. En su encomienda, Castillo no sólo se encargó de atender tareas de seguridad, sino de coordinar los esfuerzos del gobierno de la República en infraestructura, educación, desarrollo social y campo. Dialogó con los grupos de autodefensa, a quienes más tarde, convenció de que el movimiento fuera disipado. Comprometió que las policías nunca más estarían en manos de los criminales. Salvador Jara Guerrero llegó a la gubernatura. Fue el único perfil que consideraron que lograría una legitimidad. Su nombramiento por el Congreso del Estado, tras sugerencia de la referida Comisión, se dio tras la renuncia por motivos de salud de Fausto Vallejo Figueroa. Michoacán hoy es disputado por cinco células delictivas. La gobernabilidad la ha garantizado el gobernador Aureoles y las policías ya no sirven a “dos amos”. Ese ha sido el compromiso de las autoridades estatales, quienes han reconocido que la confianza de los ciudadanos ha ido en crecimiento. No obstante, la incidencia delictiva se sigue disparando. Delitos del fuero común están pegando al estado. Del sexenio de Peña Nieto, de los últimos cuatro años, el 2018 en Michoacán se perfila para que sea el más violento. En total se han cometido más de 38 mil 492 delitos, lo que representan más de 13 mil 48 de los que se registraron en el año que Alfredo Castillo dejó la Comisión para la Seguridad, misma que fue extinta. Hoy concluye el sexenio de Peña Nieto, y si bien en esta gestión se vivió una de los peores momentos en materia de seguridad, en Michoacán se recuperó la rectoría del estado y les arrebataron las fuentes de financiamiento. La inversión federal no tiene precedentes, y se concretaron importantes proyectos que ayudan a combatir las carencias sociales. La esperanza en Michoacán ahora es que el próximo gobierno siga manteniendo el apoyo. Las autoridades están en la incertidumbre sobre las condiciones en que operará la Guardia Nacional, pues será el cuerpo que garantizará la seguridad en las calles del país.
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