Daire Zúñiga / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán.- El Ayuntamiento de Morelia asegura que empresarios de bares y antros habrían sido extorsionados en los recientes operativos de seguridad que lleva a cabo la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Guardia Civil, además de que no se notifica a la autoridad local sobre los presuntos ilícitos para tomar medidas pertinentes en cuanta a la clausura de los establecimientos. “Les están pidiendo dinero para poder operar y es algo a lo que tienen mucho miedo. No quieren levantar la voz, pero yo lo hago en su nombre (…) porque es un tema delicado”, expuso este miércoles en entrevista con medios de comunicación el presidente municipal de la capital, Alfonso Martínez Alcázar. El alcalde mencionó que las revisiones deben realizarse en este sector empresarial para evitar la comisión de delitos, sin embargo, informó que tanto Reglamentos Municipales como Policía de Morelia no han sido integrados en los operativos de las fuerzas de seguridad estatales. Martínez Alcázar sostuvo que al personal de Reglamentos Municipales le compete observar el funcionamiento de los negocios en sus horarios, revisar los niveles de ruido y evitar la venta de alcohol a menores de edad, no obstante, deslindó al gobierno municipal del tema debido a que no han sido convocados para los operativos. Asimismo, compartió que no se tiene conocimiento de las zonas en las que se han detectado actividades ilícitas y sustancias narcóticas. El presidente de Morelia denunció públicamente que los empresarios han reportado una serie de violaciones a los derechos de los establecimientos, pues presuntamente los elementos de ambas corporaciones retiran los dispositivos móviles para eliminar las evidencias de las intervenciones. “Grabaron y les hicieron borrar los vídeos. Esos temas deben quedar evidentes, deben ser expuestos a la opinión pública con mucha honestidad y transparencia”. Agregó que, a pesar de las supuestas irregularidades, los propietarios de dichos establecimientos no han presentado ninguna denuncia formal por temor a una respuesta en contra por parte de las diferentes corporaciones de la autoridad estatal (…). Espera que sean convocados Al respecto, el secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva, indicó que esperan exista pronto una coordinación con el Gobierno de Michoacán y la FGE para dar acompañamiento y transparencia en este tipo de operativos. Según el secretario del municipio, los clientes de estos establecimientos que han estado presentes durante estas acciones también habrían sido víctimas de abuso a los derechos humanos. Mencionó que hasta ahora la autoridad municipal ha recibido tres quejas por este motivo y destacó que los empresarios han preferido denunciar de manera anónima debido a que evitan ser expuestos y tener represalias en su contra. Añadió que la ciudadanía que ha estado al interior de los establecimientos también ha manifestado lo que sucede en los operativos (…), por lo que consideró que se debe hacer una revisión de la manera en la que se están aplicando. Yankel Benítez informó que personal de inspección del Ayuntamiento no se involucra en este tipo de operativos, pues su función al percatarse de que se están llevando a cabo es únicamente acercarse al exterior de los establecimientos como parte de su trabajo, pero al no estar convocados, la autoridad local prefiere no intervenir. “Al final el tipo de delito que se está buscando le corresponde tanto a la Fiscalía como a la Guardia Civil. Nosotros no conocemos más a fondo, pero sí hay quejas de los empresarios”. Explicó que, aunque el ayuntamiento tiene la facultad de clausurar establecimientos mercantiles, en este caso la Fiscalía utiliza la figura de resguardo cuando identifica actividades ilícitas, independientemente de si se trata de un negocio o domicilio particular. El secretario de Ayuntamiento, además, manifestó que las corporaciones implicadas en estos operativos deben notificar al gobierno municipal cuando se detecta y comprueba que se están realizando acciones en contra de la ley, sin embargo, hasta ahora no han sido informados para llevar a cabo la clausura de bares y antros. “Deberían notificar, pero no lo están haciendo… Cuando existe algún delito que persigue la Fiscalía ellos nos notifican, nos dicen que está resguardado y que procedamos a la clausura y después ellos nos avisan cuando terminan la investigación para que nosotros quitemos la clausura administrativa”. Benítez Silva comentó que con este tipo de denuncias el gobierno de Morelia únicamente puede dar acompañamiento a los empresarios. Afirmó que independientemente de los operativos que realicen los diferentes cuerpos de seguridad, la Policía de Morelia mantendrá de manera permanente la vigilancia en los establecimientos.