El Universal / La Voz de Michoacán Ciudad de México. Un juez federal del Estado de México vinculó a proceso por el delito de delincuencia organizada a seis presuntos miembros de una banda de tráfico de personas, que transportaba a Estados Unidos migrantes indocumentados provenientes de Centroamérica, Sudamérica y Asia, vía marítima y aérea en la ruta Cuba-México-Estados Unidos. Derivado de trabajados de gabinete y campo, agentes de la Policía Federal Ministerial de la Fiscalía General de la República (FGR), adscritos a Interpol México, detuvieron a José “N”, Raúl “N”, Francisco “”N, Octavio “N”, Juan “N” y Heydi “N” en operativos simultáneos coordinados en Quintana Roo, Yucatán y la Ciudad de México. Investigaciones ministeriales refieren que dicha banda criminal, encabezada por José “N” y Raúl “N”, ingresaba a territorio mexicano a ciudadanos chilenos, colombianos, salvadoreños, peruanos, argentinos, hindúes, chinos, ecuatorianos, vietnamitas, barbadenses y cubanos, a los cuales albergaban y trasladaban dentro del país hasta concretar su llegada a Estados Unidos a cambio de cantidades económicas diversas. Operaban principalmente en la zona norte de la península de Yucatán, transportando a los indocumentados vía marítima o aérea en la ruta Cuba-México-Estados Unidos, según las indagatorias de la FGR. Dentro del grupo, José “N” realizaba funciones de dirección y supervisión, además elaboraba la logística para ingresar los migrantes a México. En tanto que Raúl “N” coordinaba también el ingreso y egreso de migrantes a territorio mexicano y a Estados Unidos; Francisco “N” conseguía información apócrifa; Octavio “N” negociaba el precio por persona que ingresaba a México; Juan “N” facilitaba boletos de avión para los migrantes que contrataban servicios con la organización delictiva; Heydi “N” facilitaba boletos de avión, pases de abordar y guía. El juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en el Estado de México dictó prisión preventiva oficiosa contra los seis imputados y otorgó a la Fiscalía General de la República (FGR) un plazo de tres meses de investigación complementaria.
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