Redacción / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. El gobernador del estado, Silvano Aureoles Conejo, ha insistido en varias ocasiones que la Fiscalía General del Estado (FGE) es la encargada en todo lo que tiene que ver con la persecución de los delitos y que al Ejecutivo corresponden otras tareas. Recomendó, además, que no se entorpezcan las averiguaciones con conjeturas y morbo. La Fiscalía ha demostrado ser una instancia reservada en la aportación de información y datos sobre las investigaciones que realiza en torno a casos como ataques a policías, homicidios, secuestros, entre otros. Y es que es sabido que alrededor de temas de alto impacto siempre hay versiones extraoficiales y que no muchas veces concuerdan con la información que anuncia instancia. Un ejemplo es el caso del activista Homero Gómez, ante el cual Aureoles Conejo señaló: Yo digo que no especulemos, porque tenemos una mente muy ágil y a veces nos gana el morbo y entonces empezamos a especular. Dejemos el tema en manos de la instancia correspondiente”. El gobernador dijo que junto con el fiscal han coincidido en que no debe haber impunidad en ningún caso. Y pidió esperar siempre a los resultados, como por ejemplo, los casos recientes de la detención de Luis Felipe B., alias "El Vocho", Homero Gómez y el guía de turistas Raúl Hernándes Romero. Sin embargo, los primeros resultados de las pesquisa han dividido a la opinión publica y ha hecho que organizaciones como GreenPEace y la misma CNDH pidan a las autoridades locales y federales una investigación exhaustiva y objetiva para esclarecer esas muertes. Por tanto… se incrementa presupuesto a la instancia Silvano Aureoles destacó este lunes que tiene confianza en dicha instancia, por lo que este año se le invertirá mucho más: “trae un incremento del 35 por ciento de los recursos, yo no dudé en asignarle a la Fiscalía casi el 50 por ciento del recurso que le llega al estado por la vía del Fondo de Aportaciones a la Seguridad Pública (FASP), para fortalecer su capacidad y hacerles frente a los retos”, y añadió que aparte hubo un incremento adicional. A finales del mes pasado se supo que la FGE de Michoacán recibirá 100 millones de pesos del FASP, lo que equivale a 36 por ciento del recurso que asignará la Federación a Michoacán, informó el fiscal general, Adrián López Solís. Explicó que en próximos días se definirán los rubros de ejecución del recurso federal; sin embargo, dejó en claro que no solamente se está pensando en beneficiar a la institución, ya que existe toda la disposición, para que a través de las acciones que lleve a cabo la Fiscalía, también se vea favorecido al resto de los organismos responsables de brindar seguridad en Michoacán, entre ellos los municipios. El recurso que recibirá la FGE vía FASP equivale a 36 por ciento del recurso que asignará la Federación a Michoacán Capacidad de investigación, el talón de Aquiles El sistema de justicia está colapsado por la falta de capacidad de investigación a nivel nacional; en el caso de Michoacán, advierten complejidad a la hora de la integración de las carpetas de investigación. El titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Adrián López Solís, advirtió sobre la situación que tiene al menos al 99 por ciento de los delitos en impunidad. Fue entrevista con medios de comunicación en noviembre pasado que el abogado de Michoacán aseguró que las condiciones de impunidad y de colapso del sistema penal en el estado no deben verse únicamente como una debilidad, sino como un horizonte de posibilidades para el mejoramiento de los sistemas de procuración de justicia. Organizaciones civiles como Observatorio Ciudadano han referido que la tasa de impunidad es el principal eslabón de debilidad en el sistema de seguridad pública y de justicia, debido a que pocos delincuentes ven consecuencias por los hechos de delito. La FGE advierte un déficit de al menos 500 elementos de policía de investigaciones en escena del crimen. En voz de Adrián López Solís, titular de la FGE, se espera que para este año se incorporen al menos 100 elementos que permitan disminuir ese pendiente. Actualmente la tasa de homicidios se encuentra ligada a la delincuencia organizada. En voz de López Solís al menos el 70 por ciento de este delito ha sido vinculado a esta situación que aún con los esfuerzos interinstitucionales sigue afectando en gran medida a la entidad. Fiscalías ya no podrán ocultar información A mitad del pasado mes de enero la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió las acciones de inconstitucionalidad 79/2018 y 39/2019 contra los artículos de las leyes orgánicas de la Fiscalía General de Michoacán que establecían un tratamiento de reserva de toda la información relacionada con las carpetas de investigación que se lleven ante esas autoridades. A un año de la creación de la Fiscalía General del Estado y la generación de la ley orgánica bajo la cual se tendría que regir el ente ahora autónomo, han salido a relucir las primeras inconsistencias en cuanto a la operatividad y alcance legal de la Fiscalía estatal. Los artículos señalaban que no aportarían información sin distinción alguna ni valoración del posible daño que podría causar su divulgación, lo cual, de acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), transgrede el derecho de acceso a la información y el principio de máxima publicidad que rige esta prerrogativa. A decir de especialistas, también se ve vulnerado el derecho de proporcionalidad y los derechos de las víctimas de delitos del fuero común. En el caso de Michoacán se ha denunciado la intromisión de los diputados al imponer una norma estatal en la creación de las leyes orgánicas de la Fiscalía estatal, misma que contraviene a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A un año de la creación de la Fiscalía y la creación de la ley orgánica bajo la cual se tendría que regir, han salido a relucir las primeras inconsistencias Al respecto, el doctor Gumersindo García Moreno, especialista en derecho y coordinador general de la Clínica del Litigio Estratégico en Derechos Humanos, aseguró que el acto de inconstitucionalidad viene desde el mismo Congreso de Michoacán. Los diputados locales habrían contravenido a la Carta Suprema sin que hubiera alguna fuerza que se impusiera a detener la ley orgánica en su momento. Asimismo, señaló la omisión de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) en cuanto a no señalar la inconstitucionalidad. Precisó que una de las atribuciones de la Comisión Estatal es hacer comentarios y sugerencias en materia jurídica a los legisladores para evitar que caigan en la generación de leyes o normas de orden estatal que puedan ir en contra de la Constitución Mexicana. En un comunicado, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos informó que el máximo tribunal declaró la inconstitucionalidad de esos artículos, pues consideró que las entidades federativas carecen de atribuciones para establecer normas sobre el tratamiento que debe darse a la información relativa a las investigaciones del Ministerio Público sobre la posible comisión de los delitos, ya que esta materia sólo puede ser regulada por el Congreso de la Unión en el Código Nacional de Procedimientos Penales.
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