Redacción / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. La Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán recibirá 100 millones de pesos del Fondo de Aportaciones de Seguridad Pública (FASP), lo que equivale a 36 por ciento del recurso que asignará la Federación a Michoacán, informó el fiscal general, Adrián López Solís, al ratificar su compromiso para que este recurso tenga un manejo transparente, se cumplan los ejes rectores del Plan de Persecución de Delitos y a través de sus acciones, se beneficie a los municipios. En la Sesión del Consejo Estatal de Seguridad Pública, López Solís explicó que en próximos días se definirán los rubros de ejecución del recurso federal; sin embargo, dejó en claro que no solamente se está pensando en beneficiar a la institución, ya que existe toda la disposición, para que a través de las acciones que lleve a cabo la Fiscalía, también se vea favorecido al resto de los organismos responsables de brindar seguridad en Michoacán, entre ellos los municipios. Puntualizó que con esta importante distribución se cristaliza el compromiso para fortalecer las capacidades institucionales de la Fiscalía y ello ha quedado demostrado mediante la propuesta de distribución de recursos públicos, presentada por el Secretariado Ejecutivo y que fue avalada por los integrantes del Consejo, a quienes expresó su agradecimiento. Al término de esta sesión presidida por el secretario de Gobierno, Carlos Herrera Tello, y a la que asistieron representantes del Poder Legislativo y Judicial, el fiscal general ratificó que, con el fortalecimiento financiero logrado para el presente año, existen condiciones para seguir trabajando y cumplir con la gran tarea de garantizar a la población el acceso a la justicia, a través de un servicio eficiente y profesional. El Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), mediante el cual llegarán los recursos a Michoacán, es un fondo presupuestal previsto en la Ley de Coordinación Fiscal a través del cual se transfieren recursos a las entidades federativas para dar cumplimiento a estrategias nacionales en materia de seguridad pública. Capacidad de investigación, el talón de Aquiles El sistema de justicia está colapsado por la falta de capacidad de investigación a nivel nacional; en el caso de Michoacán, advierten complejidad a la hora de la integración de las carpetas de investigación. El titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Adrián López Solís, advirtió sobre la situación que tiene al menos al 99 por ciento de los delitos en impunidad. Fue entrevista con medios de comunicación en noviembre pasado que el abogado de Michoacán aseguró que las condiciones de impunidad y de colapso del sistema penal en el estado no deben verse únicamente como una debilidad, sino como un horizonte de posibilidades para el mejoramiento de los sistemas de procuración de justicia. Reconoció que el sistema penal inicia desde que se abren las carpetas de investigación por los hechos delictivos o desde que un ciudadano presenta alguna denuncia. La complejidad del tema radica en indicar que a los jueces solo les deben de llegar los asuntos prioritarios. Cuestionado por la prensa local sobre el comportamiento y eficiencia del personal de los ministerios públicos, aseguró que, debido al grado de responsabilidad en el trabajo, también se encuentran sujetos a consecuencias administrativas o penales. En el caso del fiscal, podría enfrentar consecuencias de índole política. “Se nos confiere como parte del sistema penal, en cuanto a operadores nos lleva a reconocer que lo que cae en nuestras manos es parte de, y si desde la lógica de que a los jueces les deben llegar solo los asuntos prioritarios, hay la lógica de los grandes delitos que no se denuncian y de los que se denuncian, y que además deben ser aclarados. Hay un gran horizonte posible y es tan sencillo como el índice de impunidad que nos ubica en el cuarto lugar a nivel mundial, no solo tomar el mal, sino tomar el bien para resolver”, manifestó. Más recursos, la apuesta para reforzar la FGE Organizaciones civiles como Observatorio Ciudadano han referido que la tasa de impunidad es el principal eslabón de debilidad en el sistema de seguridad pública y de justicia, debido a que pocos delincuentes ven consecuencias por los hechos de delito. Para el proyecto de egresos de este año, en Michoacán se ha contemplado un incremento importante para la Fiscalía General del Estado, dependencia que desde hace al menos un año, había planteado la necesidad de un incremento presupuestal para este ejercicio fiscal. La Fiscalía General del Estado (FGE) advierte un déficit de al menos 500 elementos de policía de investigaciones en escena del crimen. En voz de Adrián López Solís, titular de la FGE, se espera que para este año se incorporen al menos 100 elementos que permitan disminuir ese pendiente. Actualmente la tasa de homicidios se encuentra ligada a la delincuencia organizada. En voz de López Solís al menos el 70 por ciento de este delito ha sido vinculado a esta situación que aún con los esfuerzos interinstitucionales sigue afectando en gran medida a la entidad. Organizaciones civiles han advertido que una de las principales preocupaciones radica en que las investigaciones que se realizan por parte de las autoridades dejan en su mayoría, una parte importante de datos sin compilar. Asimismo, la cifra gris, la que se desconoce, es una de las quejas más recurrentes de organizaciones como Observatorio Ciudadano, en donde incluso se señala que las investigaciones carecen de datos indispensables como la edad de los fallecidos o hasta el móvil y arma con la que se produjo el asesinato. Difícil, el acceso a la justicia Si bien en Michoacán la impunidad es menor a la media nacional, el dato no es esperanzador. Según cifras oficiales, cerca de 97 de cada 100 carpetas de investigación que se abren por delitos denunciados en el estado, terminan archivadas en las oficinas de la Fiscalía General del Estado para nunca encontrar el camino hacia la justicia de los afectados. Los datos duros también son preocupantes en cuanto al alcance de la justicia para los ciudadanos. Cifras de la FGE revelaron que, de 2017 a 2018, se archivaron el 75 por ciento de un total de 45 mil carpetas de investigación al no contar con elementos para continuar con las investigaciones. De este universo, solo 11 mil siguieron su curso y un universo aún más pequeño llegó a judicializarse. Al respecto, el gobierno de Michoacán advirtió que la estrategia debe de ser coordinada con el gobierno de la República, toda vez que advirtió que los generadores de violencia y de incidencia delictiva son los grupos del crimen organizado, los cuales son competencia completamente de la federación. “Tenemos responsabilidad claramente delimitadas y nos obligan a hacer bien nuestro trabajo. Quienes no cumplan con esa tarea de acuerdo con lo que dispone la ley somos sujetos de la responsabilidad y puede ser administrativa, penal y en mi caso puede ser también política. Quienes no cumplan con lo que mandata la ley son susceptibles de ser denunciados o señalados para lo cual hay áreas para instaurar los procedimientos correspondientes”, manifestó.
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