Guanajuato, primer lugar en homicidios en el país: más de 11 mil personas han sido asesinadas en cinco años

Jorge Ávila / La Voz de Michoacán

Morelia, Michoacán. El estado de Guanajuato, que hasta hace algunos años era considerado tranquilo, casi ajeno a los índices de violencia de otras entidades, es hoy el estado del país donde más homicidios se cometen, es el estado más violento de la República: de enero de 2015 a abril de 2020 han sido asesinadas 11 mil 840 personas.

Haciendo un comparativo cuatrimestral con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre enero y abril de 2015 fueron asesinadas de forma dolosa 280 personas, en el primer cuatrimestre de 2016 se contabilizaron 297 víctimas de homicidio, en 2017 fueron ultimadas 455 personas, en 2018 la violencia se disparó a más del doble al cerrar el primer cuatrimestre del año en mil 044 víctimas de homicidio, para 2019 siguió aumentando la cifra de personas asesinadas al cerrar el cuatrimestre enero-abril en mil 237 víctimas. En 2020 la violencia ha seguido creciendo en ese estado, ya que entre enero y febrero fueron ultimadas mil 534 personas.

La tendencia se refleja en las cifras anuales, ya que 2015 cerró con apenas 957 asesinatos, 2016, con mil 096; 2017, con mil 423; 2018, con 3 mil 290, y 2019 culminó con 3 mil 540 personas asesinadas.

Todo lo anterior quiere decir que, en cinco años, con corte a abril de este año, en el estado vecino han fallecido víctimas de homicidio 11 mil 840 personas.

Cártel de Santa Rosa de Lima, detonador de la violencia

El grupo delictivo liderado por José Antonino Yépez, El Marro, y que en el último año ha sufrido embates gubernamentales y del CJNG, tiene sus orígenes como escisión, en 2017, del propio Cártel Jalisco de Nueva Generación (CJNG), liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho. Sus operaciones se centran sobre todo en el llamado Triángulo Rojo del robo de combustible, por donde se encuentran múltiples oleoductos de Pemex.

El Cártel de Santa Rosa de Lima tomó el nombre de la localidad guanajuatense en el municipio de Villagrán, y comenzó como un grupo de huachicoleros y se fue fortaleciendo hasta poder incluso enfrentar al Cártel de Jalisco hace más de dos años, en 2017, año en que la violencia comenzó a escalar con más dramatismo en ese estrado.

A través de un video grabado con celular, decenas de hombres con pasamontañas y AK-47 advirtieron al CJNG para que abandonaban Guanajuato. Ese día de octubre de 2017 fue la primera aparición oficial de los de Santa Rosa, aunque se estima que El Marro lleva en el negocio desde hace más de 10 años.

Desde entonces la sangrienta disputa entre ambos cárteles disparó la violencia en un estado tradicionalmente tranquilo.

¿Quién es El Marro?

José Antonio Yépez Ortiz, alias El Marro, lidera el Cártel de Santa Rosa de Lima, con base en el municipio de Villagrán. Desde 2008 el grupo empezó a hacerse del territorio de Salamanca, donde se ubica la Refinería Ingeniero Antonio M. Amor.

En 2008 el capo fue detenido por el delito de robo y delincuencia organizada, pero luego de pagar una fianza fue liberado. Bajo el mando de David Rogel Figueroa, El Güero, Yépez Ortiz se integró a las actividades de huachicoleo. Con el tiempo logró escalar de rango hasta que en 2017 se convirtió en el líder del Cártel de Santa Rosa de Lima.

Según las autoridades, tiene un importante centro de operación en la región serrana de Juventino Rosas y su dominio se extiende hasta la zona de los Apasesos, colindantes con Querétaro. También opera en otros municipios colindantes con Michoacán: Cortazar, Jerécuaro, Comonfort, Coroneo y Tarimoro.

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Por filtraciones que se han hecho a los medios se sabe que un impedimento para detenerlo es que presuntamente cuenta con protección de las autoridades del estado de Guanajuato. En distintas ocasiones, al fiscal general de Guanajuato, Carlos Zamarripa, se le ha señalado por dejar libre al líder huachicolero, a pesar de que se ha tenido conocimiento sobre su ubicación y las zonas donde opera.

Por el impacto económico a las finanzas del Estado mexicano por el robo de combustible y la corrupción que ello requiere para llevarse a cabo, El Marro es uno de los principales objetivos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien se ha comprometido a terminar con el robo de gasolina. En la primera visita que realizó como mandatario a Guanajuato, a AMLO le fueron entregados algunos documentos que afirmaban que autoridades locales están coludidas con su cártel.

En esos documentos, según El Heraldo de México,  se menciona a Carlos Zamarripa, así como Ricardo Vilchis Contreras, director de la Policía Ministerial de Guanajuato, es acusado de recibir sobornos del grupo del Marro.

Esta información redactada por un agente de la policía ministerial que también forma parte del Grupo Especial de Reacción e Intervención fue proporcionada al fiscal de Secuestros, Jesús Quezada, y al jefe de la Unidad de Combate al Secuestro, Juan Aguirre Casas. No obstante, ambos funcionarios ignoraron dichas acusaciones.

Otro aspecto que se denunció en aquel entonces fue que en una ocasión que las autoridades sabían la ubicación exacta de Yépez Ortiz y se instrumentó  un operativo para su captura, Ricardo Vilchis, quien estaba al frente de la operación, entorpeció la estrategia. lo que permitió que escapara El Marro.

La guerra por Guanajuato

Con una sólida economía producto del agro y la industria, con una vasta herencia colonial,  Guanajuato vive la peor oleada de violencia de su historia, que hoy lo mantiene en la cima de los estados con más homicidios en el país.

León, Celaya, Salamanca, Irapuato y Pénjamo son los municipios que más asesinatos acumulan. En comparación con Abasolo, Villagrán, Manuel Doblado y Jaral del Progreso que desde el 6 hasta el 31 de marzo de este año sólo acumularon un homicidio.

Su vecindad con Jalisco y Michoacán ha facilitado la entrada de cárteles de la droga. La Fiscalía Federal ha señalado al Cártel Jalisco Nueva Generación como la mayor amenaza de Guanajuato.

Dicha organización criminal liderada por Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, mantiene una batalla con el Cártel de Santa Rosa de Lima, quien no pacta con nadie.

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La confrontación del Marro con las autoridades aumentó el 4 de marzo de 2019 con el operativo “Golpe de Timón”, que consistió en el despliegue militar sobre la comunidad de Santa Rosa de Lima. Durante la operación los soldados detuvieron a la operadora financiera de la organización criminal, Angélica “N”, cuñada del Marro, y su esposo Javier “N”, que era un agente de la Policía Federal. Ambos luego fueron liberados.

Sobre José Antonio Yépez, el secretario de Seguridad Pública anunció que las cuentas vinculadas habían sido congeladas. La entonces casa del capo, según mencionó la prensa, era tan grande como un Estadio, con 7 mil 300 metros cuadrados y con una barda de seis metros. Las autoridades sellaron sus portones pero antes difundieron las imágenes del lujo: piscina gigante, palmeras, salón de fiestas, una mansión de dos niveles, túneles y dos tigres.

Las autoridades no dieron más información sobre el nuevo enemigo público hasta el 16 de julio de 2019, cuando la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló 35 millones de pesos ligados al líder del Cártel Santa Rosa de Lima.

Entonces el gobierno estatal de Guanajuato confirmó el debilitamiento del líder huachicolero y su cártel, pese a que su grupo sigue operando y las tomas y cadáveres siguen apareciendo por toda la región.

De huachicoleros a extorsionadores

Desde su creación, el Cártel de Santa Rosa de Lima se ha centrado en el robo de hidrocarburos, con lo que pronto logró tener presencia en 26 de los 46 municipios que conforman Guanajuato.

De acuerdo con cifras oficiales del gobierno local, antes del Operativo Golpe de Timón, iniciado en marzo del año pasado por los gobiernos federal y estatal, el cártel robaba entre 40 y 50 pipas diarias que salían sin facturar de la refinería de Salamanca, lo que le dejaba al día ganancias estimadas entre los 20 y 30 millones de pesos.

A pesar de que al inicio del operativo los pobladores de Santa Rosa intentaron bloquear el acceso a las autoridades con la quema  de 23 vehículos y el bloqueo de carreteras en 4 municipios, las fuerzas federales lograron entrar y, tras una serie de cateos, lograron detener a algunos miembros de la organización, pero no a su líder.

Dos meses antes, el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó el desabasto de gasolina, lo que ocasionó el cierre de ductos y filas enormes de hasta 20 horas de espera en las gasolineras para conseguir cantidades ínfimas de combustible.

En el mes de julio las autoridades supuestamente detuvieron a 62 integrantes del cártel, entre ellos un policía, y abatieron durante un enfrentamiento a Giovany Martínez, uno de los operadores del Marro. En aquel entonces las autoridades ya le habían decomisado al cártel 14 inmuebles, 129 vehículos y arsenales.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) también había logrado congelar 13 millones 220 mil 192.38 pesos de las ganancias del grupo.

Con el desabasto de gasolina y el acoso al Cártel de Santa Rosa de Lima, el gobierno federal evidenció una de sus mayores prioridades en materia de seguridad nacional: el combate contra el huachicol.

Aunque la iniciativa logró debilitar considerablemente al cártel de José Antonio Yépez Ortiz, las pocas fuerzas que le quedaron las invirtió en otro negocio redituable: la extorsión.

En agosto del año pasado, algunas fábricas y tortillerías empezaron a sufrir advertencias de cobros por derecho de piso. Según información de El Sol del Bajío, el Cártel de Santa Rosa de Lima les exigía pagos únicos de entre 30 mil y 500 mil pesos, además de cuotas mensuales de 3 mil a 5 mil pesos. Las extorsiones iniciaban a través un mensaje escrito en un papel, donde les pedían que se comunicaran a cierto número de celular.

Cuando lo hacían, los miembros del cártel les advertían que la segunda vez se iban a presentar para cobrarles.

Tampoco escaparon restaurantes, carnicerías, hoteles y otros negocios. A decir de hoteleros de Celaya, mensualmente son obligados a pagar 2 mil 500 pesos. “Los sicarios te infunden tanto temor que terminas haciendo los depósitos que te piden”, señaló en su momento Alberto Madrid a Noticieros Televisa.

Desde que el cártel del Marro emprendió el negocio de la extorsión para compensar pérdidas en el huachicol se han perpetrado varios ataques armados contra distintos negocios que han costado vidas humanas, sin dejar de lado las víctimas producto de ajustes de cuentas y enfrentamientos con los pistoleros del Mencho.

No vale nada la vida…

Tal incremento en la violencia hace pensar que la vida no vale nada en este estado, donde 11 de 46 municipios están en rojo en los indicadores de asesinatos de Semáforo Delictivo al mes de abril de este año.

Cabe recordar que Semáforo Delictivo no consigna el número de víctimas, sino el número de carpetas de investigación, y que una carpeta de investigación puede abrirse por una víctima o por una masacre, pero aun así los números son escandalosos y permiten darnos una idea de cuáles son los municipios de la entidad donde el Marro y el Mencho tienen a huestes matando y peleando.

Con un total de 275 carpetas de investigación por homicidio en todo el estado, el municipio que lidera el ranking de sangre es León, con 55 carpetas de investigación, seguido por Celaya, donde se iniciaron 44 expedientes en abril; Salamanca está en tercer lugar con 34; en cuarto lugar, Irapuato, con 28 carpetas; en quinto lugar aparece Acámbaro, con 11 carpetas; en sexto  lugar está Pénjamo, con 10 casos; en séptimo, Apaseo el Grande y San Francisco del Rincón, con 8 carpetas cada uno; en octavo, Valle de Santiago, con 7; en novena posición, Dolores Hidalgo, con 5, y en décima casilla, San Luis de la Paz, con 4 carpetas de investigación.

No es que los demás municipios del estado estén mejor, significa que sus indicadores en rojo son por otros delitos, como narcomenudeo o robo de vehículo, aunque, caso similar a Michoacán, el delito de extorsión está en un verde impecable, lo que se puede celebrar siendo optimista, o lamentar si se es consciente de que nadie denuncia este delito por temor a ser asesinado o ver que se atenta contra el patrimonio o la vida de los seres queridos.