Arturo Molina / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. Luego de 10 días de procesos de investigación, elaboración de carpetas de investigación y presentación ante justicia, los 164 integrantes de Pueblos Unidos detenidos en la región de Uruapan fueron ubicados en distintos centros penitenciarios. Tras la vinculación a proceso y la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar por delitos de portación de arma de fuego y otras agravantes, el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Apatzingán recibió a 151 de los detenidos, quienes fueron enviados en un fuerte operativo que se extendió desde la ciudad de Morelia hasta la región de Tierra Caliente. El operativo contempló la colaboración de elementos de la Guardia Civil de Michoacán, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y otras corporaciones. Apoyo aéreo con helicópteros, drones y aeronaves no tripuladas, puestos preventivos en las casetas de peaje de la autopista Siglo XXI y vigilancia en las zonas aledañas formaron parte de la estrategia que al igual que la cantidad de detenidos, resultó histórica. El reporte de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y del gobierno del estado de Michoacán revelaron que otros 13 detenidos, entre ellos 3 menores de edad, se quedaron recluidos en el Cereso de la capital michoacana. Fue el pasado domingo por la tarde cuando la juez de Control del Poder Judicial de la Federación determinó la vinculación a proceso del total de los detenidos. En total, fueron más de 12 horas de audiencia, por lo que el traslado se pospuso hasta inicios de esta semana. En casos específicos, el juez determinó imponer el delito de portación de arma de fuego con agravantes de grupos armados, mientras que en otros casos únicamente se imputó el delito de portación de arma de fuego y portación de arma de fuego sin licencia. Tras la audiencia, continuaron los operativos tanto en la sede del Poder Judicial de Michoacán como en el David Franco Rodríguez, en donde se mantienen presentes los familiares de los detenidos, quienes exigen la liberación inmediata de sus parientes detenidos. En voz del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, los tiempos en que los delincuentes salían por errores en el debido proceso terminaron, por lo cual celebró qué si bien se requirió de casi diez días el total de los detenidos por portación de armas de fuego y otros delitos permanecerán en prisión por los próximos meses en espera de ser juzgados. A pregunta expresa de los medios locales de comunicación, el mandatario estatal advirtió que los operativos para desarticular células criminales, civiles armados y actividades fuera del margen de la ley continuarán y bajo la coordinación de todos los niveles de gobierno y poderes del estado. “No hubo puerta giratoria de que entran, los detienen y luego salen a las 48 horas. No, aquí no hubo. Se hizo con inteligencia, con táctica y con muy buena coordinación y se lograron cubrir todos los requisitos que eran muchos para enfrentar todo lo que debe hacerse todo lo que se requiere. Fueron trasladados, se hizo el operativo al Cereso de Apatzingán y van a seguir los operativos de todo el estado”, manifestó. Cabe destacar que, a pesar de la vinculación a proceso de los cientos de detenidos, el traslado y la determinación del estado de llevar hasta las últimas consecuencias legales al movimiento armado, hasta el momento no se han registrado focos de resistencia, protesta o de reacción en las regiones en donde durante más de dos controló la organización de Pueblos Unidos.
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