Jorge Manzo / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. En 2015 se cometieron casi 30 mil 900 delitos en Michoacán. En ese tiempo cesaron las funciones de la Comisión Especial para la Seguridad y el Desarrollo Integral que fue creada para pacificar al estado tras la abrupta incursión de los grupos de autodefensa en 33 municipios. En 2020, cinco años después, la incidencia delictiva reporta que los delitos siguen en aumento al registrar 45 mil 888 averiguaciones previas, un 48.5 por ciento más. La tarea sigue inconclusa. La violencia exacerbada, el empoderamiento del grupo criminal hegemónico y el sometimiento de autoridades de los tres niveles de gobierno, obligó a que en febrero del 2013 se organizaran civiles para armarse en contra de los Caballeros Templarios. La idea se fraguó semanas antes en la tenencia de La Ruana, en Buenavista, y se concretó en Tepalcatepec. Hipólito Mora y José Juan Farías comenzaron esa revolución. Desde 2001 las organizaciones criminales en la entidad comenzaron a dominar la región de forma violenta, pues su forma de operar se caracterizó por una expoliación de la sociedad, es decir, mediante el despojo con violencia a la población, a la que explotaron económicamente. Esta situación se agravó en 2006 y posteriormente con especial crudeza a partir de 2011, hasta que terminaron por levantarse en armas. Foto: Archivo, AP. Un informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos retoma que el conflicto surgió porque las autoridades no cumplieron con eficacia sus funciones de garantizar la seguridad pública, sea por la incapacidad para enfrentar al crimen, o por la tolerancia o complicidad. Hubo regiones donde prevalecía la fuerza sobre la ley. A pesar de la presencia de las autoridades federales, la ineficiencia del sistema de seguridad pública estatal y municipal y del sistema de procuración de justicia estatal generaron espacios de impunidad, poblaciones dominadas por el terror y por la ausencia real de posibilidades de denunciar a quienes dañaban a la sociedad y de poderlos llevar ante la justicia”. Este fenómeno se vio conjugado con un profundo abandono social. En Michoacán siguen existiendo problemas estructurales que, en aquel tiempo, contribuyeron al conflicto, como la pobreza, la exclusión y la falta de oportunidades, los que sumados con múltiples factores generaron comunidades vulnerables a la delincuencia. Hasta el 2012, el 45% de la población vivía en condición de pobreza. La violencia obligó a callar y a no denunciar. El miedo y amenaza de posibles represalias de la delincuencia organizada eran las principales causas para que la impunidad ganara la cruenta batalla. La colusión de ministerios públicos y policías provocó que personas que acudían a interponer una denuncia, más tarde se convirtieran en las próximas víctimas. Directores de seguridad estaban prácticamente a su servicio. En el reporte de la CNDH, se exhibió que en regiones los gobiernos estatal y municipal dejaron a las poblaciones a merced de los grupos delictivos. Alcaldes fueron impuestos por la delincuencia organizada. Los relatos de las víctimas dieron cuenta de secuestros, desapariciones, ejecuciones, y extorsiones, que se convirtieron en parte de su cotidianidad, lo cual les impidió vivir una vida digna, libre y en paz. Su vida diaria se vio afectada por los abusos, al punto en que no podían disfrutar el producto de su trabajo; sufrieron afectaciones económicas porque la delincuencia organizada intervenía en cuestiones tan básicas como el precio de productos de alimentación. Además, según los testimonios, en algunas regiones actuaban como “jueces” de contiendas civiles o familiares. Después de que surgieron los grupos de autodefensa en La Ruana y Tepalcatepec, el movimiento se diseminó en la región hasta llegar a 33 localidades. Caminaron rápidamente hacia la cabecera, Buenavista, Aquila, Los Reyes, Coalcomán, Aguililla, Chinicuila y Churumuco y fue a finales del 2013 que comenzaron a dispersarse a otras regiones. Es en ese momento cuando el movimiento que originalmente se percibía como una autodefensa, asumió una actitud de ofensiva en contra de la delincuencia, bajo la justificación de proteger a las poblaciones de esos municipios y “limpiar de “los caballeros templarios”. Los líderes emblemáticos fueron Hipólito Mora, José Juan Farías y al paso del tiempo se fueron sumando José Manuel Mireles, Estanislao Beltrán, entre otros. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos recabó el testimonio de 2 mil 858 personas (1,903 correspondieron a habitantes de la entidad; 316 a miembros de grupos de autodefensa y 639 de servidores públicos estatales o municipales), a partir de los cuales se identificó la existencia de 3,027 víctimas (575 víctimas directas, 341 víctimas indirectas y 2,111 víctimas referidas en los testimonios recabados). LO QUE HARTÓ A LA POBLACIÓN Secuestros, homicidios, extorsiones, y hasta el abuso sexual de las mujeres, provocaron el hartazgo de la población. Los informes especiales que se crearon refieren que aquella persona que incumplía con el pago de las extorsiones, se les privaba ilegalmente de la libertad a manera de coerción, y en algunos casos no volvían a ver a sus familiares o conocidos. Hay personas que siguen desaparecidas. Los homicidios perpetrados se cometían con altos grados de violencia y en muchos casos, los cuerpos eran expuestos en lugares públicos, depositados a las afueras de las comunidades o enterrados en fosas clandestinas. Los testimonios refieren que bastaba con “una simple mirada” que “no les pareciera” o que consideraran “como desafiante” para ser desaparecido y asesinado, revela la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Respecto a la situación de las mujeres y niñas, recabaron testimonios de casos de violencia sexual. Según su dicho, si veían a una adolescente o mujer de su agrado, la secuestraban y la violaban; en ocasiones se llevaban a las mujeres y las regresaban cuando estaban embarazadas. En algunos municipios la CNDH pudo constatar la presencia de niños en los grupos de autodefensa, quienes realizaban labores de vigilancia, mensajería, patrullaje y repartición de alimentos. A los cortadores de limón indicaron que les cobraban cuota de acuerdo a su nivel dentro de la cadena de producción del limón; así, a los cortadores se cobraba entre tres y cinco pesos por cada caja de limón que cortaban; a los empacadores les cobraban la mitad de las cajas que producían; a los transportistas les cobraban una cuota para transportar el producto”, expone. “Las personas eran obligadas a prestar sus servicios de manera gratuita; algunos taxistas relataron que eran obligados a avisarles de la presencia de autoridades en sus rutas; a los empleados de las funerarias les exigían se les proporcionaran ataúdes para sepultar a sus miembros fallecidos sin la necesidad de presentar los documentos necesarios y sin pagar por los servicios, o en las minas, una vez que los legítimos propietarios eran despojados de la propiedad, obligaban a los trabajadores a seguir trabajando para ellos y si no lo hacían los corrían”. “La mayoría de las personas que rindieron su testimonio indicaron no haber presentado denuncia debido a que no confían en los Ministerios Públicos, porque no investigan los hechos, o bien, por la complicidad que existía con la delincuencia”, expuso el organismo nacional en su informe. Si bien existió un Consejo de Autodefensas de Michoacán, los grupos actuaban autónomamente, y las decisiones no siempre se sujetaban a este Consejo, sino que respondían a las decisiones de los líderes. La estimación de la CNDH era que operaban entre mil 200 y las 5 mil personas armadas. “La mayoría de los integrantes de las autodefensas entrevistados indicaron que no recibían pago por su servicio, más que la gratitud de la gente y que en ocasiones les llevaban alimentos; sin embargo, dicha situación cambió con el tiempo. Una vez que comenzaron a expandirse, se recabaron testimonios de que sí recibían un pago, sin poder determinar con exactitud de dónde provenían los recursos para sostener sus “salarios”; algunos manifestaron recibir $200.00 pesos diarios; otros $700.00 pesos cada tercer día o incluso en Apatzingán indicaron recibir hasta a $1,700.00 pesos semanales”. Esto alertó a las autoridades de la posible infiltración de la delincuencia organizada en el movimiento de autodefensas. De acuerdo con el fundador Hipólito Mora Chávez, hubo liderazgos que “cambiaron de camiseta” y que fueron perdonados y quizá fue el comienzo de la infiltración. Testimonios de autoridades evidenciaron el Cártel Jalisco Nueva Generación había sido uno de los principales patrocinadores, para expulsar al grupo dominante. Sobre la integración de los grupos de autodefensa, al inicio del movimiento se observó que en su mayoría eran víctimas de los abusos perpetrados por “los caballeros templarios” en su comunidad. Se identificaban como miembros de las comunidades a las que defendían, vistiendo camiseta blanca, que era el uniforme que los distinguía; las armas de los retenes eran pocas y de poco poder, por lo general armas viejas y las tenían que compartir. Conforme el movimiento de autodefensa comenzó a ganar territorio y fuerza, fue notorio el cambio en sus integrantes; al acudir en visitas de campo a las distintas comunidades y municipios de Michoacán con presencia de estos grupos, la CNDH observó que las personas que resguardaban las barricadas no pertenecían a las comunidades en las que se encontraban, cada elemento de la autodefensa contaba con un arma propia, de alto poder y en buen estado. Incluso, los convoyes que ingresaban para ocupar un nuevo municipio sufrieron cambios: de presentarse con armas sencillas y portando camisetas blancas, ahora entraban por lo menos 300 personas con camionetas o carros de lujo, fuertemente armadas, incluso con armas Barret y lanza granadas, y recibían una remuneración económica a cambio de ser parte del movimiento. Durante el año 2014, se percibió que los habitantes de los municipios con presencia de autodefensa que en un inicio celebraron su llegada, comenzaron a manifestar que era de conocimiento público que las personas que antes pertenecían a “los caballeros templarios, ahora formaban parte de los grupos de autodefensa”, expone la CNDH. El movimiento enfrentó una difícil situación por su supervivencia que incluyó la detención de algunos de sus miembros durante los primeros meses de su origen -como fue el caso de la detención de los integrantes de La Ruana y del municipio de Aquila-, el bloqueo o asedio de sus comunidades por parte de miembros de “los caballeros templarios” y enfrentamientos armados entre grupos de autodefensa y la “delincuencia organizada”. A ocho años de que surgieron los grupos de autodefensa, en Michoacán se atraviesa por una seria crisis de seguridad. La pugna por el territorio es la principal causa de la violencia que se vive en la tierra caliente y en los municipios que colindan con Jalisco, entre ellos, Zamora, en donde no cesan los homicidios. Las autoridades creen que la mayoría están vinculados con disputas entre bandas delincuenciales. Si bien, la extinción de los grupos de autodefensa ocurrió en mayo del 2014, hay regiones en donde aún imperan grupos armados que asumen las tareas de seguridad, incluso, en estos tiempos es latente el resurgimiento de grupos en varios puntos, entre ellos la tierra caliente nuevamente. Los homicidios siguen siendo la principal problemática que enfrenta la entidad. Casi 2 mil personas fueron asesinadas el año pasado en Michoacán. En 2015, cuando concluyó la labor especial asignada a una comisión, se reportaron poco más de 760. La mayoría de los crímenes se cometen con armas de fuego, mismas que son importadas desde Estados Unidos. La pugna por el territorio es entre varias organizaciones delictivas, unas que surgieron a partir de que se extinguió el cártel hegemónico. LÍNEA DEL TIEMPO 12 DE DICIEMBRE DE 2012 Comienzan a fraguar la idea de levantarse en armas ante el empoderamiento de los grupos criminales en tierra caliente 24 DE FEBRERO DE 2013 En La Ruana y en Tepalcatepec, grupos de civiles se arman para expulsar al grupo criminal hegemónico de la región 05 DE MARZO DE 2013 Grupos de autodefensa comienzan a extenderse y toman las instalaciones de Seguridad Pública de Buenavista. 21 DE MAYO DE 2013 Comienzan a preocuparse autoridades y lanzan una estrategia de seguridad con el Ejército para retomar el control 29 DE DICIEMBRE DE 2013 El doctor Mireles encabeza la toma del municipio de Churumuco, en donde se toman histórica foto líderes del movimiento 15 DE ENERO DE 2014 El gobierno de Enrique Peña Nieto crea la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo de Michoacán; la encabeza Alfredo Castillo 23 DE ENERO DE 2014 En el Foro Económico Mundial, reclaman al gobierno de Peña Nieto por inseguridad que priva en Michoacán 28 DE ABRIL DE 2014 Pactan el fin de los grupos de autodefensa en Michoacán, tras negociaciones con el gobierno de Peña Nieto 10 DE MAYO DE 2014 Viste el gobierno de Peña Nieto a los grupos de autodefensa como elementos de la Secretaría de Seguridad Pública 26 DE JUNIO DE 2014 El doctor Mireles anuncia tomar Morelia y Lázaro Cárdenas, pero es detenido por el gobierno de la República 22 DE ENERO DE 2015 Dan por culminada la labor de la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán
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