Arturo Molina / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. Suman más de 10 municipios michoacanos con la presencia de Pueblos Unidos. El grupo de civiles armados que se ostenta como supuesta fuerza de combate contra el crimen organizado ya intentó entrar a Morelia en al menos dos ocasiones. A dos años de que surgió el movimiento en la región productora de aguacate, la presencia de las camionetas rotuladas con los logos de Pueblos Unidos es cada vez más visibles en distintas regiones. En un primer momento, Ario de Rosales, Salvador Escalante, Taretan, Nuevo Urecho y Pátzcuaro vieron nacer el movimiento que en cuestión de meses alcanzó a distintas demarcaciones vecinas. Posteriormente Taretan, Ziracuaretiro y Huiramba se sumaron a la lista a finales del 2021, a pesar de los constantes discursos de los distintos niveles de gobiernos respecto a cooptar la presencia de los grupos de civiles armados. En este 2022 la presencia de Pueblos Unidos fue detectada en el municipio de Acuitzio del Canje, Morelia y la colindancia con Quiroga. En el caso de la capital del estado, desde inicios de año se documentó la presencia de las camionetas rotuladas y civiles armados en la tenencia de Tiripetío, apenas a 10 kilómetros de distancia de la zona urbana y sede de los tres poderes del estado de Michoacán. Al respecto, el general José Alfredo Ortega Reyes, titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán, aclaró que desde inicios de año se tienen desplegados operativos de contención de este tipo de incursiones, tanto en la tenencia de Tiripetío como en la de Capula. Ambos puntos fueron foco de atención de la opinión pública durante la tarde del viernes, cuando integrantes de Pueblos Unidos intentaron ingresar a Morelia a través de la caseta de Chapultepec. Justo en la tenencia de Capula, las fuerzas estatales lograron inhibir mediante “el diálogo” que los civiles armados avanzarán a Morelia y se retiraron. En voz del mando estatal y pese a la flagrancia, no se procedió al desarme de dicha agrupación debido a que lo anterior compete a las fuerzas armadas de la Federación por tratarse de la aplicación de la Ley Federal de Armas de Fuego, por lo que solamente serán coadyuvantes, según justificó. “Tenemos permanente una supervisión en Tiripetío y en estos lugares. La aplicación de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos corresponde a las fuerzas federales y estaremos en diálogo con ellos… Todos esos grupos están al margen de la ley… estaré en apoyo de las fuerzas federales”, argumentó Ortega Reyes ante los cuestionamientos. Actualmente, destacó, se tienen operativos desplegados en Nuevo San Juan, en Nuevo Urecho y regiones en donde se han detectado la presencia de los civiles armados. “Hay que mantener el Estado de Derecho en esa vía y fue lo que hicimos. Cuando yo venía de Pátzcuaro, Quiroga me encontré en la caseta de Chapultepec con este grupo y aceleramos el tránsito. En cuanto vieron este grupo que estábamos ahí presente se retiraron”, manifestó el funcionario estatal. Pese a discursos, no le ponen freno La postura del gobierno de Michoacán ratificó que no permitirá que grupos armados usurpen funciones de seguridad pública al amparo de las figuras de autodefensas. La Secretaría de Gobierno de Michoacán ya ha señalado que se atenderá la región en tanto que no se han confirmado intenciones reales de desarme de dichos grupos. El Ejecutivo estatal también ha señalado que no hay intenciones de tener diálogo con los grupos adheridos a Pueblos Unidos ni con otros grupos de civiles armados que se ostentan como autodefensas en Michoacán. En el caso de Pueblos Unidos, fue desde el 6 de agosto del 2020 en que se levantó el grupo entre los límites de Salvador Escalante y Ario de Rosales con presunto el objetivo de erradicar el pago de cuotas a los productores y trabajadores de la región. Se señaló la presencia del Cartel Jalisco Nueva Generación como la razón para la unión de los comuneros y civiles armados. En dichas demarcaciones y regiones, la acción de los grupos que se ostentan como autodefensas ha sido la instalación de barricadas defendidas por civiles armados con armas de grueso calibre. El objetivo es asegurar y evitar el acceso del Cártel Jalisco Nueva Generación a las actividades económicas de la zona productora de principalmente de aguacate. Desde hace al menos tres años, los productores y campesinos de la región denunciaron condiciones de extorsión, situación que reportaron a las autoridades sin aparente respuesta. Desde entonces, distintos eventos han colocado a la organización en los reflectores estatales y nacionales, como en el caso de su llegada al municipio de Pátzcuaro con más de 300 hombres armados y camionetas rotuladas que se ubicaron en los accesos de la ciudad ubicada a poco más de 30 minutos de la capital michoacana.
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