Redacción web / La Voz de Michoacán. En aras de construir una política pública adecuada y consistente con los derechos humanos de los que habitan dentro del sistema carcelario, la Secretaría de Seguridad Pública, a través de la Subsecretaría de Prevención y Reinserción Social, llevó a cabo la entrega de reconocimientos a la población penitenciaria del Centro de Reinserción Social “Hermanos López Rayón” del municipio de Zitácuaro. Durante el acto cívico-cultural, el coronel de Infantería, Samuel Nares Hernández, quien fungió como representante del General Brigadier D.E.M., Alberto Reyes Vaca, manifestó que la rehabilitación social sólo puede perseguirse en base a una política sostenida de formación, capacitación y trabajo. Para ello, las bases que se ofrezcan al interno deben ser dignas y decentes que constituya una fase en la etapa hacia la reinserción social de los privados de libertad, en el marco de un tratamiento progresivo, señaló. Ante esto, junto a los presidentes municipales de Ocampo, Zitácuaro, Jungapeo, Irimbo y Tuxpan, así como de la visitadora regional de Derechos Humanos en Zitácuaro, Lizbeth Itzel Andrade Ramírez, y del director del Cereso “Hermanos López Rayón”, Hugo Gottfrit Pantoja Jove, se procedió a la entrega de reconocimientos a las personas privadas de la libertad, quienes concluyeron sus estudios de nivel primaria y secundaria por parte de la autoridad del sistema Instituto Nacional de Estudios para Adultos (INEA). Asimismo, con la participación del responsable de INEA en Zitácuaro, Cuauhtémoc Santos Sierra, entre otras personalidades representativas, como la jueza de Ejecución de Sanciones Penales, región Zitácuaro, Yuritzi Sánchez Ramírez, se dio entrega de reconocimientos a los que participaron en el cuadrangular de futbol, volibol, basquetbol y carrera atlética femenil. Además, a quienes fueron parte del taller “Las emociones y su influencia para elaborar mi proyecto de vida”, impartido por el área de Psicología del mismo penal y también, a los participantes de dibujo y ajedrez. Esto, dado que las personas privadas de libertad deben gozar de las garantías que cualquier otra persona en materia de protección social, así como en condiciones laborales, ajustadas en tiempo y circunstancia a la función de rehabilitación que ello compete.
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