Miembros del Centro Michoacano de Evaluación (CEMIDE) A.C., revelaron que de acuerdo a información recabada, el Gobierno de Michoacán sólo ha dispuesto de mil 345 millones de pesos del crédito del Banco Nacional de Obras y Servicios (BANOBRAS), cuyo monto autorizado es de 4 mil 112 millones de pesos desde hace dos años, cuando se ha informado a la opinión pública y a los legisladores que sólo se ha dispuesto de 740 millones de pesos. A lo anterior, informaron que queda pendiente de disponer de una totalidad de recursos por el orden de los 2 mil 766.4 millones de pesos de este crédito de BANOBRAS, con un TIIE más una tasa de 1.40 puntos, cuyo destino sería pagar pasivos y nueva deuda. Advirtieron que de aprobarse la propuesta de reformar el decreto 22 del refinanciamiento y/o reestructuración de la deuda pública como se turnó por el actual Gobierno de Michoacán se corre el riesgo de que se utilice en contratar nueva deuda para pagar deuda y violar la Constitución Política de Michoacán. Hicieron un llamado al Congreso de Michoacán para que haga las modificaciones correspondientes porque si se aprueba todo en conjunto se estaría avalando por segunda vez un mismo decreto, el cual no presenta modificaciones de ningún tipo y además habría el riesgo de una absoluta opacidad en la aplicación de recursos frescos de nueva deuda del Banco Nacional de Obras (Banobras), ya que no se pagaría a los proveedores. Durante conferencia de prensa, los integrantes de CEMIDE, Alfonso Álvarez Miaja, Jesús Alba Aguilar y Arturo Herrera Cornejo comentaron que habría diputados locales que no estarían de acuerdo en aprobar este decreto como se turnó por el propio secretario de Finanzas, José Carlos Rodríguez Pueblita, y que de haber mayoría en su aval, estarían algunos legisladores presentando una controversia constitucional contra el decreto. Alfonso Álvarez Miaja expuso que una de las propuestas de CEMIDE es que se divida hasta en tres dictámenes de decreto el tema de la reestructuración y refinanciamiento para darle transparencia y rendición de cuentas, además de claridad en el destino final de los recursos y también para saber si el gobierno puede cambiar aquellas cláusulas leoninas de pago de altos intereses que se pagan con los actuales bancos. No descartan que ellos y otros ciudadanos puedan impugnar el decreto en caso de que los legisladores michoacanos de todas las fracciones parlamentarias lo avales sin cambiar un ápice en su redacción y texto. Porque estaría afectando al estado. Jesús Alba Aguilar, especialista en temas financieros y presupuestarios, comentó que dentro de los análisis y revisiones sobre la evolución del endeudamiento del estado y de la contratación de deuda pública, se llegó a la conclusión de que el proceso de endeudamiento se acelera a partir del 2003, en el año en que entra en vigor la nueva Ley de Deuda Pública, misma que ha sufrido 7 reformas que permitieron un manejo discrecional de los recursos del gobierno del estado. Explicó que las reformas a la Ley de Deuda Pública llegaron a ser tan grandes , que en su momento facultaron al titular de la Secretaría de Finanzas y Administración del Poder Ejecutivo de Michoacán a suscribir contratos de crédito en el caso de que los ingresos no fueran suficientes y sin solicitar la autorización del Congreso del Estado. “Como producto de las sucesivas reformas a la Ley de Deuda y la poca precisión en los decretos que autorizaron la contratación de empréstitos, se deduce que el destino de los recursos que constituyen la deuda del estado de Michoacán a largo plazo se divide en: 11 mil millones de pesos gastados en contratación de deuda para el pago de pasivo, pago de obra convenida ejecutada para años anteriores y sin cobertura presupuestal, pagos de créditos a corto plazo, pago a proveedores y de nómina”, señaló. Mientras que un segundo monto por el orden de los 3 mil 70 millones de pesos fueron gastados en infraestructura parcialmente identificada, y mil 184 millones de pesos fueron gastados en contratación de deuda para conceptos varios como son compra de reserva territorial, programas de fomento, de comercialización, fortalecimiento municipal, desarrollo industrial en apoyos a micro y pequeña empresa. Jesús Alba comentó que en suma de estos tres conceptos el monto de la deuda a largo plazo contratada asciende a 15 mil 627 millones de pesos, sin contar que se haya contratado ya deuda pública por el Gobierno de Michoacán.
La Voz de Michoacán
