Héctor Jiménez / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. Es inmensa la cantidad de datos que los usuarios de dispositivos tecnológicos ceden al descargar y aceptar los términos de condiciones en algunas aplicaciones móviles para teléfonos celulares, consideró el catedrático de la Universidad de Sevilla y especialista en protección de datos personales, Miguel PolainoOrts, al participar en el foro "El convenio 108 y sus implicaciones en la protección de datos personales en México". “Cuando compramos un teléfono móvil, estamos cediendo parte de nuestra personalidad. Firmamos ahí para que nos lo den rápida y tener el WhatsApp y mandar fotos de Morelia, pero lo cierto es que en el momento de realizar esa operación hemos suscrito unos documentos con una letra pequeñita que nunca leemos, donde a partir de ese momento la empresa que me está ofreciendo este teléfono tiene un poder sobre mí sobre el que incluso yo no soy consciente”, dijo el invitado europeo al evento organizado por el Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Imaip). Sobre esa línea, consideró relevantes las acciones de la geo localización que diversas empresas realizan sobre los usuarios de teléfonos móviles, lo cual les permite saber dónde están en todo momento, qué viajes realizan y qué establecimientos visitan. Yo cuando llegó de México procedente de España y prendó el celular, recibo un mensajito que me dice “Bienvenido a México”. Ayer paramos en para comprar un sándwich y cuando me subo al auto me pregunta que qué me pareció el sándwich y que califique el establecimiento. Aquí, si paseo por Morelia y paso por la casa del Buki, me va a preguntar que qué me parece el Buki como cantante y que a lo mejor cante “No hay nada más difícil que vivir sin”, bromeó el especialista en protección de datos personales. PolainoOrts inició su intervención haciendo referencia a un cuento en el que un vendedor irregular pierde todo su patrimonio tras recibir una multa por demorarse en avanzar en una vialidad, y lo consideró como una metáfora de que en ocasiones las leyes actuales no protegen a los individuos, sino que los pueden afectar y convertir en víctimas. Los datos que tiene ese teléfono sobre mí son inmensos, puede monitorearme por todo el mundo y saber por dónde voy, con la posibilidad que eso tenga para la comisión de delitos. Porque si estoy en México, no estoy en España y mi vivienda puede ser asaltable y todo esto yo no di la información, yo no quería que la gente supiera donde estoy”, concluyó el catedrático español. En el evento estuvieron presentes Reyna Lizbeth Ortega Silva, comisionada del Imaip; el coordinador de la Comisión de Datos Personales del Sistema Nacional de Transparencia, Javier Martínez Cruz; la comisionada presidenta del Imaip, Areli Navarrete Naranjo; el diputado local, Fermín Bernabé Bahena; y la regidora el Cabildo de Morelia, Melisa Vázquez Pérez. Ingresos de funcionarios deben transparentarse En entrevista con medios, el coordinador de la Comisión de Datos Personales del Sistema Nacional de Transparencia, Javier Martínez Cruz, consideró que México cuenta con una de las mejores leyes a nivel internacional en materia de transparencia, de tal manera que actualmente es necesario que los entes obligados cumplan esta legislación y que los propios ciudadanos hagan valer este derecho. “Hace falta que entienda la gente que es su derecho”, señaló, “que es un derecho llave y que como esto que puede ayudar a identificar saber dónde están los recursos públicos, es un derecho que se considera un derecho llave porque se pueden ejercer otros derechos (después); quien lo activa es la gente, el investigador, el mismo reportero, que empieza a fundamentar sus investigaciones con un análisis de documentos que tienen que entregar las gestiones públicas”. También puedes leer: Ayuntamiento de Morelia ‘ficha’ a futbolistas: Morón lleva a sus jugadores a la alcaldía Cuestionado sobre casos locales, como el del Ayuntamiento de Morelia, donde no se han transparentado algunos ingresos de funcionarios, bajo el argumento que son “dietas” y no “salarios”, acotó que este argumento no es válido y se pueden aplicar multas de decenas de miles de pesos al presunto responsable. “No es válido, todo lo que implique recursos públicos tiene el principio de máxima publicidad y lo tendrán que transparentar. Si uno se mete al portal de la Suprema Corte de Justicia, se transparenta el sueldo de los ministros y cuando se habla de los ingresos, si son ingresos públicos, se tienen que reportar”. “Hoy tenemos la oportunidad de sancionar al servidor público con una multa que puede ir de 11 mil a 120 mil pesos”, finalizó.
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