Maricruz Rios / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. Previo a la renuncia de Carlos Manuel Urzúa Macías como secretario de Hacienda, el exfuncionario autorizó un recorte de 465 millones de pesos a las participaciones federales en Michoacán, un nuevo “ajuste de cinturón” que, sumado a todas las políticas de austeridad y el contexto complejo que se vive en materia económica, son el preámbulo de un cierre que se anticipa más que complejo para el estado. En entrevista con La Voz de Michoacán, el titular de la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) de la administración estatal, Carlos Maldonado Mendoza, dio a conocer este millonario recorte que comienza a partir del ejercicio de las participaciones federales en el mes de julio. De acuerdo con la información, la administración del gobernador de Silvano Aureoles ya plantea una serie de ajustes y reajustes para minimizar el impacto que pudiera tener esta determinación, en donde en último lugar queda la posibilidad de solicitar un nuevo crédito. También puedes leer: Renuncia Carlos Urzúa a Hacienda; denuncia imposición de funcionarios y decisiones sin sustento Carlos Maldonado detalló que el reacomodo se hace con base en la Ley de Participación Fiscal donde, entre las facultades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) está el hacer este tipo de ajustes conforme avanza el año. A todas las entidades federativas, en el caso del estado nos hicieron el ajuste en junio, que se ejecuta en julio y nos ajustaron 465 millones de pesos a la baja, esto tiene que ver con la recaudación fiscal, han recaudado mucho menos, era un tema que se veía venir con las decisiones (presidenciales), por ejemplo, como reducciones de impuestos en la franja fronteriza”. Admitió que ya se preparan y se toman medidas en todas las dependencias estatales, en donde en un primer paso es analizar qué tipo de ajustes hacer a la estructura y al personal de contrato, además de otras medidas que ya se están valorando para salvaguardar las finanzas estatales. “El último (ajuste) que vemos como posibilidad, y es a discusión del señor gobernador, es pedir un crédito”. La propia Secretaría de Finanzas destaca que debido a las deudas con que ya se cuenta y la capacidad de pago, la capacidad máxima de endeudamiento que podría adquirir rumbo al cierre del año es de mil 500 millones de pesos, sin embargo, de momento la opción no ha sido valorada y en su lugar se manejan otro tipo de acuerdos, en donde incluso se contemplaría la desaparición de entes no sustantivos para la función pública, la reducción de la plantilla laboral y, en primera instancia, tal como lo dio a conocer el gobernador Silvano Aureoles este mismo miércoles, el remate de bienes muebles e inmuebles del estado con el fin de recaudar el capital suficiente para cerrar el 2019. También puedes leer: Michoacán, entre los estados con menor crecimiento económico en el país En este proceso de cierre destaca el “atasco” que se vive en el proceso de la federalización de la nómina, que podría no concretarse este mismo año, lo que significaría una erogación adicional cercana a los 3 mil millones de pesos para cubrir los pagos con los docentes del estado, y una cantidad incluso mayor para solventar todos los acuerdos de liquidación de adeudos que se pactaron con la Coordinadora Nacional de Trabajadores por la Educación (CNTE). En este sentido, reconoce que no lograr, hasta el momento, reducir las aportaciones estatales al sector educativo complican de lleno la capacidad de pago, tanto a los docentes como a otros sectores y anticipan una crisis financiera grave, aunque “durante estos tres años el señor gobernador no lo ha permitido, lo ha resuelto de una u otra manera”, por lo que hay confianza en resolver el tema pese a las dificultades. También puedes leer: Caída de crecimiento económico y de empleo formal, el panorama para Michoacán Entre las dependencias sustantivas, “prácticamente intocables” y que no podrían resentir ningún tipo de ajuste estarían los sectores de Salud, Seguridad Pública “… y pues educación, que es un dinero fuerte el que se egresa por ese concepto”. Vale la pena recordar que el Colegio de Economistas del Estado de Michoacán (CEEM) calcula que la entidad tiene un déficit presupuestal de 5 mil 200 millones de pesos. De acuerdo con las cifras oficiales de la Secretaría de Finanzas, actualmente el Gobierno estatal debe 8 mil millones de pesos a corto plazo, que se refiere a adeudos con a proveedores y pagos atrasados a personal, prestadores de servicios y terceros. A largo plazo, la llamada deuda bancaria, producto de múltiples préstamos y refinanciamientos en las últimas dos décadas, la entidad todavía adeuda 17 mil 500 millones de pesos a varias instituciones.
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